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(ANSOL).- En el marco de la Convención Constitucional que se desarrolla en la provincia de Santa Fe, la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías llevó adelante el pasado martes 5 de agosto su segunda audiencia pública. Allí, el mutualismo presentó una serie de propuestas y argumentó sobre la importancia histórica de la Economía Social y Solidaria en esa provincia y a nivel nacional.
La actividad se desarrolló en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), con una nutrida concurrencia de participantes provenientes de distintos sectores académicos, sociales y territoriales. Las intervenciones se orientaron a aportar miradas y propuestas para enriquecer los contenidos del capítulo de derechos que será debatido por la Convención.
Juan Pivetta, presidente de la Federación Argentina de Salud (FAMSA) y directivo de la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM), brindó un detallado recorrido histórico en el que señaló los importantes aportes en materia de salud del mutualismo santafesino.
Pivetta aportó además datos de un relevamiento realizado por el sector mutual en el año 2017-2018, en el que se destaca la existencia en toda Santa Fe de 87 mutuales en 36 localidades, que brindan servicios de salud con un alcance de casi 600.000 personas.
En ese marco institucional y sectorial, desde el mutualismo se presentaron un conjunto de propuestas al artículo 19, básicamente, relativo a la salud. Primero, con el fundamento de que la salud es un derecho humano que fue formalmente establecido en la Argentina en el año 1946; justamente, con la creación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Posteriormente, en el año 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos también reconoció la salud como parte del derecho y finalmente, en el año 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratificó la salud como un derecho humano fundamental.
Las propuestas del mutualismo de salud
Sobre esa base, Juan Pivetta expresó: «Hacemos una propuesta que no modifica sustancialmente en muchos aspectos el artículo 19, pero sí que lo aggiorna a la actualidad».
«Por supuesto que fortalecemos el rol del Estado como rector y garante del acceso a los sistemas de salud por parte de los habitantes y las distintas colectividades. Se debe reconocer que existe más de un actor», apuntó Pivetta.
En el mismo sentido, amplió: «Si bien la salud es un derecho público independientemente de quien lo pueda garantizar, ya sea el sector público o estatal, el sector de seguridad social o el privado, es el Estado quien lo debe primero reconocer a los distintos factores que participan de este sistema y luego, por supuesto, garantizar el acceso equitativo universal por parte de todos los habitantes de Santa Fe».
Además, desde el mutualismo se propuso la creación de una organización técnica, para la promoción, protección y reparación de la salud, incluyendo evaluaciones de tecnologías sanitarias al servicio de las políticas públicas y la fijación de prioridades en un contexto de recursos escasos.
También, se propone el reconocimiento del medicamento como bien social, garantizando su accesibilidad y asequibilidad, respaldado por las leyes 16.462 y 16.463 del año 1964 y la resolución de COFELSA de año 2014.
Finalmente, se planteó resaltar el «principio de autonomía«, mediante el cual ningún paciente puede ser obligado a un tratamiento sanitario determinado.
