Córdoba reguló la actividad de cuidacoches con sanciones pero también con inclusión sociolaboral
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La Legislatura de Córdoba aprobó una nueva regulación para la actividad de cuidacoches y limpiavidrios en todo el territorio provincial, en el marco de la modificación del Código de Convivencia Ciudadana (Ley 10.326). La norma, que incluye sanciones para quienes ejerzan la actividad sin habilitación, también incorpora un abordaje integral orientado a la inclusión sociolaboral.
Entre los puntos centrales, se establece que el cuidado de vehículos quedará sujeto a la habilitación de cada municipio o comuna, fortaleciendo el rol de los gobiernos locales en la regulación del espacio público. Además, la iniciativa contempla herramientas de acompañamiento para la reinserción laboral de quienes hoy desarrollan estas tareas en la informalidad.
En ese punto tuvo un rol central el legislador Matías Chamorro de Hacemos Unidos por Córdoba señaló a ANSOL: “Desde el socialismo aportamos una mirada humanista frente a enfoques meramente punitivos, diferenciando claramente a quienes cometen delitos —ya contemplados en la normativa vigente— de quienes buscan sobrevivir. El proyecto respeta la autonomía municipal y promueve capacitación, reinserción e inclusión sociolaboral”.
Sobre cómo se reorganizarán los cuidacoches y la posibilidad de que se constituyan en nuevas cooperativas, Chamorro explicó que «los municipios son quienes van a determinar eso, la ley le brinda herramientas a los municipios para tener el control en la via pública».
Sanciones: multas, trabajo comunitario y arresto
Uno de los ejes más debatidos de la norma es el esquema de sanciones. La ley establece que quienes realicen la actividad sin habilitación y exijan o impongan una retribución económica podrán ser sancionados con hasta seis días de trabajo comunitario, multas de hasta 50 Unidades de Multa o arresto de hasta seis días.
En tanto, quienes cuenten con habilitación pero incumplan las condiciones fijadas por la normativa vigente podrán recibir sanciones menores, que incluyen hasta tres días de trabajo comunitario, multas de hasta 12 Unidades de Multa o arresto de hasta tres días.
Asimismo, se dispone que la limpieza de parabrisas u otras superficies de vehículos en la vía pública será sancionada con hasta seis días de trabajo comunitario, multas o arresto, incluso con agravantes en determinados casos. La investigación de estas infracciones quedará a cargo del Ministerio Público Fiscal, mientras que la Policía tendrá un rol limitado a la constatación de los hechos y la confección de actas.
Municipios y comunas: rol clave en la regulación
Otro aspecto central de la ley es el fortalecimiento de la autonomía local. Serán los municipios y comunas los encargados de definir si autorizan o no la actividad de cuidacoches en sus jurisdicciones, así como las condiciones, requisitos y modalidades para su ejercicio.
Además, la normativa invita a los gobiernos locales a informar al Ministerio de Seguridad provincial la identidad de las personas habilitadas, con el objetivo de facilitar su identificación y control tanto por parte de las autoridades como de la ciudadanía.
Este esquema busca ordenar el uso del espacio público con reglas claras, al tiempo que reconoce las particularidades de cada localidad en la gestión de esta problemática social.
Inclusión sociolaboral: capacitación y trabajo articulado
Más allá del componente sancionatorio, la ley crea el Programa Transitorio de Inclusión Sociolaboral de Personas Cuidacoches y Limpiavidrios Urbanos, que prevé relevamientos de la población alcanzada y el desarrollo de instancias de capacitación en oficios, formación laboral y acompañamiento para la reinserción.
Estas acciones se implementarán en articulación entre la Provincia, los municipios y la Universidad Provincial de Córdoba, e incluirán también abordajes en materia de salud mental y consumos problemáticos.
Previo a la sanción, referentes de la Cooperativa de Trabajo CVA, la Cooperativa Tosco Vive y el Movimiento de Trabajadores Naranjitas participaron del debate legislativo, donde destacaron la importancia de que cualquier regulación contemple a los trabajadores y promueva alternativas de organización que eviten la exclusión.
La norma comenzará a regir a los 30 días de su publicación en el Boletín Oficial, en un contexto donde la Provincia busca combinar regulación del espacio público con políticas de inclusión para un sector históricamente postergado.
