Tras la reunión con el IPAC: FICE alerta por la crisis de las cooperativas eléctricas y las deudas con CAMMESA

A fines de abril, representantes del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), encabezados por el presidente de la institución Gildo Onorato, participaron de una reunión del Consejo de Administración de la Federación Interregional de Cooperativas Eléctricas de Buenos Aires (FICE). En un encuentro que abrió el dialogo sobre el estado de situación y la regulación de estas entidades de la provincia de Buenos Aires y de las cooperativas de servicios en general.
Ahora Roberto Otero, presidente de FICE, le contó a ANSOL las principales conclusiones de ese encuentro con el IPAC: «fue muy constructivo, demostrando el Organismo un fuerte compromiso con el sector cooperativo y una vocación de diálogo y apertura para atender, en el marco de sus competencias, los distintos problemas que nos afectan».
Los detalles de la reunión del IPAC con FICE
Durante el intercambio, las autoridades dialogaron sobre la regulación vigente y los desafíos que enfrentan tanto las cooperativas de energía como las de servicios públicos en general. Otero dijo que desde el FICE señalaron que, «aunque la actualización tarifaria provincial ha permitido evitar una crisis inmediata de las cooperativas eléctricas, esta no alcanza para realizar las inversiones necesarias en infraestructura».

En ese sentido, manifestaron su preocupación por la capacidad de pago de los planes de pagos de las deudas con CAMMESA, cuyas cuotas comienzan a vencer en junio y podrían generar incumplimientos graves si el Valor Agregado de Distribución (VAD) no se reajusta lo suficiente.
Deuda con CAMMESA: el tema que desvela a cooperativas eléctricas
Otero hizo un breve repaso de la situación: «el congelamiento tarifario tuvo lugar a fines del 2019«, y desde entonces las entidades «se vieron forzadas a decidir, porque los ingresos dejaron de ser suficientes para cubrir esos costos que aumentaban: o incumplían con sus obligaciones laborales o tributarias o dejaban de pagar las facturas de compra de energía, sea a CAMMESA (en el caso de las cooperativas agentes del MEM, que le compran directamente) o a la distribuidora ‘aguas arriba’ que les proveía de electricidad (en el caso de las cooperativas no agentes del MEM».
Según el FICE, «casi la totalidad de las cooperativas optaron por acumular deudas por compra de energía, lo que afectó seriamente su pasivo«. Este problema fue parcialmente reconocido por las autoridades nacionales y provinciales, las que implementaron mecanismos de regularización y reajustes tarifarios de transición que, poco a poco, fueron recomponiendo los ingresos de nuestras entidades, sobre todo a partir de 2022.
«Si bien los reajustes mejoraron sustancialmente las perspectivas de nuestras empresas, todavía dejan dos problemas sin una solución definitiva: el flujo de repago del stock de deuda regularizado, cuyo reconocimiento por la tarifa depende de la realidad económica de cada cooperativa; y las inversiones en redes dejadas en suspenso durante el congelamiento, que ha afectado la calidad de servicio, sobre todo en zonas rurales aisladas«, graficó Otero.
A esto hay que sumar los impactos directos de actos de vandalismo sobre la infraestructura eléctrica, como robos de cables y transformadores; y los más frecuentes eventos climáticos extremos, sobre todo fuertes tormentas que afectan la red.
Otero dijo que «hoy el sector espera que la revisión tarifaria se concluya a partir de 2027, redistribuyendo el Fondo Compensador Tarifario y reconociendo el pasivo regulatorio generado, además de otros desafíos, como modernizar y expandir las redes o instrumentar mecanismos más amplios que reduzcan el impacto del costo de la energía en los usuarios de menores recursos».
El presidente de FICE planteó la preocupación por la suspensión de cooperativas y la falta de fondos
En la reunión de fines de abril, las autoridades del IPAC comentaron que el organismo está llevando adelante una política de fiscalización con ánimo de saneamiento y que no sea punitiva, para evitar la inhibición de matrículas (se informó que ya se han perdido casi 1.000 matrículas en la provincia). Además, se instó a las cooperativas a revisar y actualizar sus estatutos, ya que muchos contienen reglas obsoletas o incompatibles con la ley actual.
Además, destacaron que se han recuperado fondos coparticipables y se ha mantenido la autarquía del Instituto para sostener programas de subsidios y asistencia técnica, desarrollándose programas específicos como «Cooperativas al Día», el cual permite financiar honorarios de contadores y realizar clínicas de cumplimiento para ayudar a las entidades más pequeñas.»
Sobre los padrones de las cooperativas, Otero alertó «que afecta especialmente a las cooperativas de servicios de larga trayectoria: si bien miles de asociados que han fallecido o ya no son usuarios (por ejemplo, por haberse mudado de ciudad), estos siguen figurando en los registros, lo que deja a las cooperativas vulnerables a impugnaciones legales y políticas cuando estos registros son utilizados como base para sus padrones electorales en las correspondientes elecciones de autoridades».
Durante la reunión se conversaron diversas alternativas de solución, centrándose en los aportes que el IPAC podría hacer para encontrar una solución dentro del ámbito de su competencia. También se discutió, dijo Otero, «la falta de distribución a las provincias de los fondos nacionales provenientes del impuesto al capital delas cooperativas (ley 23.427)».
Y se comentó que la Nación «no habría aplicado a la promoción alrededor de $ 84.000 millones de pesos de los fondos aportados por el sector a través del impuesto«, remarcó el titular de FICE. Además, se manifestó la preocupación crítica que existe por el vencimiento, en agosto de 2027, de la Ley 23.427 (Fondo de Educación y Promoción Cooperativa) lo que requerirá un fuerte trabajo legislativo y apoyo de los gobernadores para su prórroga.

Las cooperativas que integran FICE prestan servicios a más de 100 mil usuarios de la Provincia. Además de la electricidad, estas cooperativas prestan servicios de agua potable y cloacas, televisión por cable, servicios de internet o de sepelio, entre otros.
«El sector cooperativo genera arraigo, desarrollo local y dinamiza las comunidades donde se asienta», destacaron desde el IPAC.
Presente y futuro de FICE
La Federación continua brindando asesoramiento en temas regulatorios, manteniendo informadas a las asociadas de la evolución de las normas y de los procedimientos regulares que se deben llevar adelante para cumplir con los requerimientos de la autoridad de aplicación y los organismos de control. Por ejemplo, en la actualidad las cooperativas se encuentran abocadas a cumplir con las solicitudes de información que resultan de la implementación del proceso de revisión tarifaria integral.
Desde FICE informaron que también reciben consultas relacionadas con los procedimientos de regularización de deudas, recupero de tarifa social, subsidios a asociaciones civiles o clubes de barrios, y otros avatares que hacen al día a día de la gestión de nuestras entidades.
Así, la Federación busca ser un ámbito propicio para intercambiar experiencias y desarrollar buenas prácticas, no sólo en el sector eléctrico, sino también en otros segmentos de servicios, como pueden ser las telecomunicaciones. Finalmente, la Federación también es un espacio para contribuir en el desarrollo de las comunidades donde cada cooperativa está inserta, brindando herramientas técnicas de apoyo y generando capacidades humanas para lograr ese fin.



