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(ANSOL).- La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), junto a un amplio conjunto de organizaciones sociales, realizó cortes simultáneos en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y puntos neurálgicos del país, con el objetivo de hacer escuchar los reclamos del sector.
Entre esos puntos, se destacaron el Puente Pueyrredón, la autopista Buenos Aires La Plata, el Congreso, Puente La Noria, Ruta 3 y Av. General Paz, Liniers y Puente Saavedra. También se hizo sentir con cortes en Mar del Plata y en distintas provincias como en Corrientes, Chaco, Formosa, San Salvador de Jujuy, en Rosario, Plaza Independencia y en ANSES Córdoba, mientras que en Mendoza confluyeron con la marcha del agua que conmueve a la provincia.
La jornada nacional se realizó en un marco plan de lucha común que según anunciaron las propias organizaciones escalará con el fin de poner un freno a lo que describen como «un plan sistemático de miseria planificada» que impulsa el gobierno nacional.
La voz de la UTEP
Alejandro «Peluca» Gramajo, secretario general de la UTEP, señaló que «se está avanzando en una reforma laboral a espaldas del pueblo trabajador, que significa un retroceso para los trabajadores que hoy tienen derechos y una invisibilización total de los más de 9 millones de trabajadores y trabajadoras de la economía popular que no tienen ningún derecho«.
«Necesitamos que se reconozca nuestro trabajo y estamos convencidos de que un estatuto que regule nuestra actividad es un paso necesario para registrar una Argentina que la política hace rato que no ve, y que la forma que tiene de expresarse cuando la acorralan mucho suele ser explosiva», alertó Gramajo.
La UTEP adviertió que desde la asunción del presidente Javier Milei, el Gobierno congeló el Salario Social Complementario (SSC) para los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, en 78.000 pesos, en el marco de la devaluación más grande de la historia argentina.
Además, lo desacopló de la actualización automática que regía respecto del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), que ya de por sí es de extrema indigencia (328.400 pesos, según la última actualización unilateral por parte del Gobierno). Ahora, busca desenganchar la Asignación Universal por Hijo (AUH) de la fórmula de movilidad previsional de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
La letra chica de la reforma laboral
Según denunciaron las organizaciones, el Gobierno pretende avanzar con una reforma laboral bajo el argumento de combatir la informalidad, pero lo único que busca es que los trabajadores sigan retrocediendo en derechos y profundizar aún más la exclusión.
Asimismo, señalaron que la suspensión de la obra pública en más de 5 mil barrios populares afecta directamente la urbanización y el acceso a derechos básicos. Asimismo, plantearon que la apertura a las importaciones está destruyendo unidades productivas textiles, obligando a miles de trabajadores a volver a producir en sus casas en condiciones de hacinamiento. En tanto que la importación de cartón golpea a las familias cartoneras, y que algo similar ocurre con la agricultura familiar debido al ingreso de alimentos importados.
A esto -denunciaron desde UTEP-, se suma la violencia institucional que, según destacaron, estigmatiza, persigue, decomisa y detiene constantemente a los trabajadores y trabajadoras del espacio público. En el mismo sentido, advirtieron que la desfinanciación de los espacios sociocomunitarios no solo desarticula a las familias en las barriadas, sino que abre el camino al avance del narcotráfico, que se convierte en prestamista de última instancia para la comunidad.
Los reclamos de la UTEP
Las organizaciones remarcaron la necesidad de contar con un Estatuto del Trabajador y Trabajadora de la Economía Popular que regule, formalice y amplíe los derechos de quienes integran este sector.
Por todo ello, exigieron un aumento y la continuidad del SSC —que el gobierno amenaza con cortar en abril—; la actualización automática de la AUH, que se pretende desacoplar; un bono de fin de año para la Economía Popular y los trabajadores informales; y obras públicas para los barrios populares.
