ECONOMÍA

INTA: ante denuncias de vaciamiento y despidos, el campo brindó respaldo

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La Mesa de Enlace del Agro emitió un comunicado en el cual remarcó la importancia del organismo, que está en la mira de Sturzenegger.

(ANSOL).- Se viven horas de tensión e incertidumbre en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Desde hace más de un año, el organismo sufre un brutal ajuste y grandes recortes en áreas sensibles. En tanto, crecen los rumores de una fuerte reorganización por parte del Gobierno Nacional.

El avance del Gobierno de Javier Milei se haría a través del Ministerio de Desregulación, que conduce Federico Sturzenegger, quien arremetió contra el organismo: «¿Qué hace el INTA? Tiene 6.000 personas, 3.000 vehículos y necesita un rediseño integral para ordenarlo».

El director del INTA, Ariel Pereda, lanzó en los últimos días un fuerte descargo contra el propio Sturzenegger, a quien acusó de mentiroso: «Este Gobierno viene a intervenir el INTA con la intención de usarlo a trochi mochi y a piacere».

«Somos el instituto nacional que mayor territorialidad tiene, estamos en todo el país, en cada pueblito hay una agencia de INTA trabajando codo a codo con los productores», afirmó y agregó: «Para ser franco, sincero y directo, lo que ha sido comentado por el ministro de Desregulación son mentiras«.

El apoyo del campo al INTA

INTA
De izq. a der.: Nicolás Pino (SRA), Andrea Sarnari (FAA), Lucas Magnano (CONINAGRO) y Carlos Castagnani (CRA).

En ese marco, la Mesa de Enlace agropecuaria reclamó al Gobierno Nacional que el INTA preserve su autarquía, gobernanza y estructura, ante cualquier reforma que se quiera introducir.

El posicionamiento sentado por el sector agropecuario se dio en el marco de una reunión entre la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) y las autoridades nacionales de Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y del propio INTA.

El encuentro realizado a pedido de la Mesa de Enlace contó con la participación de los presidentes de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), Lucas Magnano; de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani; de la Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, y de la vicepresidente 2° de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Eloísa Frederking, por parte de las entidades agropecuarias, y del secretario del área, Sergio Iraeta, del presidente del Instituto, Nicolás Bronzovich, y su vicepresidente, María Pilu Giraudo, por el lado del Ejecutivo.

En este sentido, desde la Mesa de Enlace plantearon tres reclamos fundamentales al gobierno nacional, al pedir que el INTA mantenga su autarquía financiera y operativa; su gobernanza con implicancia de las entidades del sector agrario y su estructura de Centros Regionales, «ya que se trata de una herramienta imprescindible para el desarrollo agropecuario«.

Aun en desacuerdo con los principales cambios que estudia el Ejecutivo, la CEEA coincidió en que «son necesarias algunas modificaciones para construir un INTA más eficiente y moderno».

En este marco, los integrantes de la CEEA insistieron, en un comunicado conjunto, «estar preocupados y comprometidos con el INTA, ya que los productores quieren y necesitan un organismo eficiente, con amplia territorialidad y que promueva el desarrollo agropecuario en todo el país, para beneficio de todos los argentinos», al tiempo que advirtieron que «cualquier medida que atente contra ello, perjudica a todo el sector«.

Qué implica el recorte del INTA

Sturzenegger había adelantado que cerca de 40 entidades estatales tendrán cambios, destacando el caso del INTA, sobre el que aseguró que su presupuesto «equivale a la mitad de las retenciones del maíz» y requiere «un rediseño importante».

Según trascendidos gremiales, la medida impulsada por el ministro implicaría la salida inmediata de entre 800 y 850 trabajadores que no forman parte de la planta permanente, con la intención de alcanzar los 1.500 desvinculados, en una segunda etapa, mediante retiros voluntarios.

«Este decreto apunta a vaciar al INTA y dejarlo en manos del negocio inmobiliario rural y urbano», alertó José Perea, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Castelar.

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