ECONOMÍA

Ushuaia: cooperativas piden tarifas diferenciadas para sostener actividad y empleo

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Organizaciones asociativas buscan alivio tarifario para sostener competitividad y empleo en Ushuaia, amparados en la Ley 27.218 de Régimen de Tarifa Social para Servicios Públicos.

(ANSOL).- En Ushuaia, un conjunto de cooperativas de trabajo y organizaciones de la economía social presentó un petitorio formal ante el Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, para solicitar la aplicación de tarifas diferenciadas de energía.

El objetivo del petitorio es amortiguar el impacto del incremento de los servicios públicos sobre los costos operativos, la competitividad del sector y el sostenimiento del empleo en actividades productivas, de servicios y comercialización asociativa.

El documento fue dirigido al Ministerio de Obras y Servicios Públicos y reunió a entidades que forman parte del entramado cooperativo provincial; entre ellas, Chicos Transportistas, Remis Ushuaia, Cooperativa Renacer, agrupaciones de feriantes y la Cooperativa de Reciclado Caus, junto a otras organizaciones -principalmente, de Ushuaia- que mantienen espacios de coordinación, con el fin de evaluar cómo la estructura tarifaria vigente incide en la continuidad de sus actividades y en la capacidad de inversión.

Las organizaciones señalaron que el aumento de los costos energéticos ejerce una presión financiera que no siempre puede ser absorbida sin afectar los puestos de trabajo ni la estabilidad económica de las unidades productivas; especialmente, en un contexto recesivo y con estructuras asociativas que reinvierten sus excedentes en equipamiento, infraestructura y salarios.

Impacto de tarifas elevadas en Ushuaia

La presentación surge de un proceso colectivo de análisis que vienen desarrollando cooperativas de transporte, servicios y producción, que advierten que los incrementos de luz y agua repercuten de forma diferenciada sobre sus esquemas operativos frente a otros modelos empresariales.

De acuerdo con los relevamientos sectoriales, los consumos eléctricos y de agua alcanzan montos que comprometen la sustentabilidad de entidades pequeñas y medianas: facturas de energía que llegan a 300 mil pesos mensuales y cargos de agua que oscilan entre 50 y 60 mil pesos en organizaciones de menor escala.

En el caso de sectores industriales de mayor demanda energética, como la Cooperativa Renacer, los registros mencionan valores que trepan a 7,5 millones de pesos en electricidad, con gastos proporcionales de agua según la superficie operativa.

Aplicar marcos normativos vigentes

El petitorio se apoya en instrumentos legales ya existentes, entre ellos la Ley 27.218 de Régimen de Tarifa Social para Servicios Públicos, que reconoce el carácter social y comunitario de las cooperativas y permite establecer criterios diferenciales para entidades sin fines de lucro.

Las organizaciones plantearon que su aplicación contribuiría a evitar cierres de unidades productivas, sostener circuitos económicos locales y garantizar la continuidad de servicios comunitarios.

Las cooperativas también solicitaron la apertura de una mesa de diálogo permanente con autoridades provinciales, para evaluar escenarios de consumo energético, mecanismos de alivio tarifario y políticas de acompañamiento productivo orientadas al sector asociativo.

Particularidades del territorio y costos operativos

Durante la reunión, las organizaciones remarcaron que el incremento tarifario no impacta del mismo modo en empresas privadas que en entidades solidarias, dado que estas últimas no persiguen fines de lucro y reinvierten recursos en sus propias operaciones.

Además, subrayaron que las condiciones energéticas de Ushuaia y Río Grande presentan particularidades económicas que suelen ubicarse entre las más elevadas del país en consumos equivalentes, lo que agrava la situación de sectores productivos que requieren altos volúmenes de energía para sostener sus procesos.

En ese marco, también se expuso la situación del sector feriante de la Feria Belgrano, que enfrenta cargas impositivas y tarifarias cuyo impacto no siempre resulta plenamente informado a los pequeños productores, lo que refuerza la necesidad de esquemas diferenciados acordes a las características del trabajo asociativo.

Diálogo entre cooperativas y Gobierno

La presentación fue recibida por autoridades provinciales que manifestaron la voluntad de analizar el marco normativo vigente y convocar a las entidades para avanzar en una agenda de trabajo conjunto, orientada a evaluar herramientas de alivio tarifario y protección del empleo cooperativo.

Las organizaciones destacaron que un esquema especial de tarifas permitiría fortalecer la sustentabilidad de los emprendimientos, preservar puestos de trabajo y consolidar la presencia de actores económicos con arraigo territorial en la provincia.

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