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La renuncia de Marco Lavagna, la discusión sobre el IPC y la inflación, y la invisibilidad estadística de la economía social y solidaria en Argentina.
La renuncia de Marco Lavagna a la titularidad del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la postergación de la actualización del índice de inflación dejaron al descubierto que hubo motivos políticos que exceden largamente lo técnico. El rumor que circuló con fuerza fue conocido: que la nueva medición no beneficiaba al Gobierno ni a su discurso la desaceleración inflacionaria.
Lejos de los rumores, lo concreto es que, a días de la publicación del IPC de enero, Lavagna había avanzado en una nueva metodología y renunció de forma intempestiva. El hecho expuso una tensión evidente entre el ahora ex titular del INDEC y el área económica del Gobierno, y volvió a poner en debate una cuestión central: la distancia entre la acción política y la acción técnica. No es un dato menor si se tiene en cuenta que el INDEC es un organismo autárquico, que debería producir estadísticas sin condicionamientos de los gobiernos de turno.
En la vida cotidiana, esa tensión se traduce en una sensación extendida: muchas personas perciben aumentos de precios que no siempre coinciden con lo que refleja el IPC. Si bien el índice mide un promedio nacional y contempla diferencias regionales, existen problemas metodológicos que hacen necesaria su actualización. En Argentina, la canasta de consumo es fija desde hace años, mientras que los hábitos de las familias cambiaron de manera profunda. Esa desactualización termina opacando la capacidad del índice para reflejar los comportamientos reales de consumo.
La última Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares data de 2004. En más de veinte años, la estructura del gasto se transformó por completo. Antes, los bienes tenían mayor peso que los servicios; hoy ocurre lo contrario. Ese era uno de los ejes del nuevo IPC que se estaba diseñando: otorgar mayor ponderación a los servicios —12 puntos porcentuales— en detrimento de los bienes. Una modificación que no es neutra, sobre todo en un contexto donde la vivienda, la energía, el agua, las comunicaciones y la educación fueron los rubros que más aumentaron durante la gestión de Javier Milei, mientras que alimentos y bebidas no alcohólicas crecieron por debajo del promedio general, al igual que la indumentaria.
Todo indica que una metodología actualizada habría mostrado una inflación más elevada que la reflejada por el esquema vigente. No porque los precios “de repente” aumentaran más, sino porque los consumos reales de las personas hoy están mucho más concentrados en servicios que en bienes.
Lo que el INDEC no mide: economía social y precios solidarios
Y es en este punto donde aparece una discusión que suele quedar fuera de la agenda estadística: qué economías se miden y cuáles no. Mientras el debate público gira en torno a la metodología del IPC, hay un amplio entramado productivo que directamente no entra en la foto. La Economía Social y Solidaria es uno de esos universos invisibilizados.
En ese sector, cooperativas y emprendimientos asociativos logran sostener precios justos aun en un escenario de fuertes aumentos en servicios públicos, alquileres e insumos productivos. No lo hacen porque estén ajenos a la crisis, sino porque amortiguan los impactos a partir del trabajo colectivo: comparten espacios, servicios, herramientas y mano de obra. Esa lógica asociativa permite que muchas experiencias no cierren, incluso cuando el contexto empuja al límite de la subsistencia.
El problema es que no hay datos sistemáticos que den cuenta de esta realidad. No porque no existan, sino porque el Estado no los produce ni los releva de manera integral. Hay ejemplos claros: los productores primarios organizados en cooperativas yerbateras han sufrido una pérdida significativa de ingresos que pone en riesgo las próximas cosechas, sin que eso se traduzca en aumentos proporcionales en los precios al consumidor. Algo similar ocurre en el sector frutihortícola.
Cooperativas, producción y una crisis que no aparece en las estadísticas
Quienes acompañamos de cerca estas experiencias saben que los aumentos se absorben colectivamente, incluso en un contexto de fuerte caída del poder adquisitivo. Son sectores que, hasta no hace mucho, no estaban en situación de vulnerabilidad y que hoy sobreviven en condiciones cada vez más ajustadas.
Por eso, la discusión sobre el INDEC y la inflación no es solo técnica ni coyuntural. Tiene que ver con qué se decide medir, cómo se mide y qué queda fuera del radar. Necesitamos más datos sobre la Economía Social y Solidaria, poder identificarla, cuantificarla y entender su funcionamiento. Los datos existen y se pueden generar. Contar con ellos permitiría diseñar políticas públicas más precisas y justas.
Mientras tanto, persisten las dudas sobre la inflación y el organismo estadístico atraviesa cambios que generan incertidumbre. En paralelo, la economía social y solidaria sigue sosteniéndose donde el mercado no da respuestas. Y lo hace, paradójicamente, sin ser parte de la estadística que define buena parte del debate económico nacional.
