UTEP advierte sobre el impacto en 1,1 millones de trabajadores de la Economía Popular por el retiro del Salario Social Complementario
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La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) difundió un informe sobre las consecuencias de la eliminación del Salario Social Complementario (SSC), componente central del clausarado programa Potenciar Trabajo, y advirtió que la economía popular constituye una realidad estructural del mercado laboral argentino, lejos de representar un fenómeno transitorio. El documento sostiene que el retiro de esta política de ingresos afecta directamente a más de 1,1 millones de personas en todo el país y debilita el entramado productivo, comunitario y cooperativo construido durante los últimos años.
El estudio analiza la reestructuración implementada por el Gobierno nacional desde 2024, cuando el universo del ex Potenciar Trabajo fue dividido entre los programas Volver al Trabajo y Programa de Acompañamiento Social. Si bien ambas iniciativas mantienen el alcance poblacional del esquema anterior, la organización sostiene que el congelamiento del ingreso y la nueva segmentación modificaron sustancialmente las condiciones económicas y organizativas de los trabajadores de la economía popular.
El Salario Social Complementario perdió el 74% de su poder adquisitivo
El informe recuerda que el Salario Social Complementario equivalía al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM) y que su monto quedó congelado en noviembre de 2023 en 78.000 pesos. Como consecuencia del proceso inflacionario registrado desde entonces, la prestación acumuló una pérdida estimada del 74% de su poder adquisitivo.
Según la investigación, actualmente existen 1.131.159 titulares de los programas derivados del ex Potenciar Trabajo. De ellos, 929.677 corresponden al programa Volver al Trabajo, destinado principalmente a trabajadores y trabajadoras de la economía popular de entre 18 y 65 años, mientras que otras 201.482 personas integran el Programa de Acompañamiento Social, orientado a sectores considerados de mayor vulnerabilidad.
El costo anual de sostener el ingreso asciende a poco más de un billón de pesos. Sin embargo, el documento subraya que esa cifra representa apenas el 0,1% del Producto Interno Bruto nominal argentino, proporción que considera reducida frente al alcance social del programa y a su impacto sobre más de un millón de trabajadores de la Economía Popular.
Un mercado laboral que no absorbe a la Economía Popular
Uno de los principales planteos del informe es que la persistencia de más de 1,1 millones de titulares evidencia el carácter estructural de la economía popular en Argentina. Para la UTEP, la magnitud del universo alcanzado demuestra la existencia de elevados niveles de informalidad y las dificultades permanentes que enfrenta una parte importante de la población para acceder a empleos asalariados registrados.
El estudio sostiene que el predominio del programa Volver al Trabajo, que concentra más del 80% de los beneficiarios, refleja precisamente que existe una amplia población económicamente activa que busca insertarse en el mercado laboral formal sin lograrlo. Desde esa perspectiva, el problema no estaría vinculado a la disponibilidad para trabajar, sino a la insuficiente capacidad del sistema productivo para generar empleo registrado.
A su vez, el deterioro del ingreso habría incrementado la presión sobre las estrategias de supervivencia de los hogares mediante changas, pluriempleo y endeudamiento, profundizando situaciones de pobreza e indigencia laboral. El informe agrega que este proceso también debilita las unidades productivas autogestionadas, las redes comunitarias y las experiencias cooperativas construidas en los barrios populares.
Impacto territorial y efecto sobre las economías locales
La investigación muestra que casi la mitad de los titulares se concentra en la provincia de Buenos Aires, con más de 538 mil personas alcanzadas por los programas derivados del ex Potenciar Trabajo. También identifica una fuerte incidencia en provincias del Norte Grande, como Tucumán, Salta, Chaco y Misiones, donde la informalidad laboral mantiene un peso significativo dentro de las economías regionales.
El documento advierte que la reducción o eliminación del ingreso no solo afecta a quienes lo perciben directamente, sino también al conjunto de las economías barriales. Según el análisis, el flujo de recursos sostiene el consumo cotidiano en pequeños comercios, ferias, almacenes, farmacias, kioscos y servicios de cercanía, generando un efecto multiplicador sobre la actividad económica local. La pérdida de ese ingreso, señala la organización, podría traducirse rápidamente en una caída de ventas y en mayores dificultades para sostener puestos de trabajo en esos circuitos productivos.
Cinco desafíos para fortalecer la Economía Popular
Como respuesta al escenario actual, la UTEP plantea cinco desafíos estratégicos que considera prioritarios para consolidar la Economía Popular como parte del sistema productivo nacional.
Avanzar en el reconocimiento laboral de quienes desarrollan actividades dentro de la economía popular, otorgándoles un pleno reconocimiento institucional como sujetos de derechos.
Recuperar el poder adquisitivo perdido por el Salario Social Complementario y reabrir el debate sobre instrumentos de alcance general, como un ingreso básico o un salario social universal.
Impulsar procesos de formalización laboral y tributaria que no impliquen la pérdida de ingresos indispensables para la subsistencia, preservando herramientas como el Monotributo Social.
Preservar la unidad del sector frente a la segmentación introducida por la división entre los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, evitando la fragmentación organizativa y sindical.
Reclamar políticas públicas destinadas al desarrollo productivo mediante infraestructura, equipamiento, financiamiento y fortalecimiento de cooperativas, unidades productivas y circuitos de comercialización de la economía popular.
La Economía Popular como componente estructural
Como conclusión, el informe sostiene que la economía popular forma parte permanente del mercado de trabajo argentino y que el retiro del Salario Social Complementario no representa únicamente una reducción del gasto público, sino una modificación con efectos sobre millones de personas y sobre el conjunto de los circuitos productivos de proximidad.
Para la UTEP, el costo fiscal de mantener esta política resulta marginal en términos macroeconómicos al representar alrededor del 0,1% del PIB, mientras que su desaparición profundiza la pobreza, debilita la organización comunitaria y afecta el funcionamiento de cooperativas, unidades productivas y economías regionales. Desde esa perspectiva, el documento concluye que la salida requiere políticas activas de empleo, ingresos y fortalecimiento del entramado socioproductivo de la economía popular.
