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En un escenario de profunda preocupación por el empleo y el entramado productivo, la Legislatura de Córdoba convirtió en ley el proyecto que establece mecanismos de protección y apoyo a las empresas recuperadas por sus trabajadores bajo la figura de cooperativas de trabajo. La flamante Ley Provincial N.° 11.126, promulgada por el gobernador Martín Llaryora, crea un marco institucional para que las unidades productivas en proceso de quiebra o cierre puedan continuar operando bajo gestión obrera.
La normativa llega para dar respuestas urgentes en una de las provincias más castigadas por la recesión. Los datos del territorio cordobés reflejan el impacto directo de las políticas macroeconómicas nacionales: en los últimos dos años se destruyeron 11.200 empleos privados formales y, solo en el último año, bajaron la persiana 2.187 empresas, un promedio alarmante de seis cierres por día. A este panorama se le suman 73 Procedimientos Preventivos de Crisis y miles de operarios suspendidos.
Frente a este diagnóstico, el legislador socialista Matías Chamorro, impulsor de la iniciativa en coautoría con los miembros de la Comisión de Economía Social, Cooperativas y Mutuales, señaló a ANSOL: “Esto sin duda se debe al modelo impulsado nacionalmente. Hay una ausencia de proyecto productivo; no alcanza con el equilibrio fiscal. Necesitamos que haya trabajo y se defiendan nuestras PyMEs. Es un problema de modelo que probablemente este proyecto no pueda solucionar de fondo, pero en el mientras tanto es nuestra responsabilidad aportar soluciones inmediatas para proteger las unidades productivas de Córdoba”.
Herramientas concretas contra el ahogo financiero
Uno de los mayores desafíos que enfrentan los colectivos de trabajo al reactivar empresas recuperadas, para llevar adelante empresas recuperadas como cooperativas de trabajo, es la exclusión financiera y la falta de capital de trabajo. Para romper esa barrera, la nueva ley implementa tres herramientas centrales:
Garantías Públicas: La provincia fomentará el uso de fondos de garantía estatales, permitiendo que las cooperativas califiquen ante entidades financieras o el mercado de capitales sin necesidad de contar con un patrimonio inicial.
Subsidios de Reactivación: Se otorgarán de manera directa para cubrir costos urgentes de la transición jurídica, tales como el pago de servicios públicos adeudados, tasas municipales o de justicia.
Sostenimiento Comercial: Se establece un esquema de tratamiento fiscal preferencial de carácter temporal y se les otorgará prioridad para ser proveedoras del Estado provincial, garantizándoles un flujo de caja constante.
Además, el texto declara de «interés social» la recuperación de empresas, un paso clave para el ámbito judicial. «Es una herramienta para que la Justicia de Córdoba pueda reconducir los concursos preventivos, las quiebras o las crisis hacia la autogestión, poniendo en valor el principio de continuidad de los puestos de trabajo por encima de otros intereses«, explicó Chamorro.
El camino de la viabilidad y la igualdad
Para acceder a estos beneficios, se creará el Registro Provincial de Empresas Recuperadas, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Cooperativas y Mutuales en articulación con el Ministerio de Justicia y Trabajo.
Las empresas recuperadas como unidades productivas deberán atravesar un proceso de validación técnica y jurídica. Entre los requisitos exigidos se encuentran poseer la matrícula vigente otorgada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), la realización de inspecciones e informes técnicos previos que demuestren que la empresa es económica y operativamente viable bajo gestión de los trabajadores, y la manifestación expresa del consentimiento de las bases en una audiencia de conciliación. Asimismo, la ley incorpora una perspectiva de género obligatoria: las cooperativas deberán acreditar el cumplimiento de pautas que promuevan la participación igualitaria de mujeres y varones tanto en los procesos productivos como en los cargos de conducción.
Una ley que es fruto de las empresas recuperadas
La sanción de la ley fue el resultado de un largo recorrido que comenzó a finales de 2022. “Hicimos todo un trabajo de diálogo, conocimiento e intercambio con el movimiento de Empresas Recuperadas. Recorrimos las experiencias de compañeros y compañeras del Diario de Villa María, de Comercio y Justicia, la Clínica Junín y cooperativas gráficas junto al Sindicato Gráfico. Fue un proceso muy interesante con todos los protagonistas”, detalló Chamorro a este medio.
El debate en el recinto contó con el acompañamiento en las gradas de referentes históricos del asociativismo local, como Sergio Lecunce, Gabriel Romero, Cristian Orlandi y Sebastián Loyola de la Cooperativa La Calera, y Nahum Mirad, integrante de la Cooperativa Cemdo y de la Fundación Pedagógica Cooperativa y Mutualista Suramericana.
Actualmente, según datos del INAES, en Córdoba ya existen 26 empresas recuperadas registradas que sostienen de forma directa más de 800 puestos de trabajo en rubros como servicios públicos, logística, metalurgia, salud y medios de comunicación. Sin embargo, el universo potencial es delicado: de las 52 mil empresas de la provincia, la gran mayoría son PyMEs de menos de 50 empleados hoy jaqueadas por la crisis.
“El cierre de una empresa no es solo un problema económico: es un drama social que golpea a familias enteras y vacía las economías de nuestros pueblos. Detrás de cada fábrica que cierra hay al menos diez familias; padres y madres que se quedan sin saber cómo van a llegar a fin de mes”, concluyó Chamorro, ratificando que con esta ley Córdoba busca plantar una bandera distinta a la política nacional: “Es la decisión del Estado provincial de estar presente cuando una empresa cae, y de darle una herramienta clara a los que eligen pelear por su fuente laboral en lugar de resignarse”.
