Con la presentación de importantes proyectos, se realizó el Encuentro Parlamentario de las cooperativas
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(ANSOL).- Este jueves 11 de septiembre se realizó en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el Encuentro Parlamentario por el Año Internacional de las Cooperativas, organizado por la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones No Gubernamentales junto a COOPERAR y con el respaldo de los miembros argentinos de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI).
El encuentro reunió a legisladores nacionales, asesores parlamentarios y referentes cooperativos de todo el país, quienes debatieron proyectos en trámite parlamentario y nuevas iniciativas impulsadas por el movimiento, vinculadas al financiamiento, el tratamiento tributario, la legislación específica y los marcos regulatorios sectoriales. La jornada se enmarca en la resolución de la ONU (A/RES/78/175) que proclamó 2025 como Año Internacional de las Cooperativas e instó a los Estados a revisar su legislación para favorecer el desarrollo del sector.
Durante la apertura, el presidente de la comisión, el diputado Eduardo Toniolli, señaló: “a partir de una convocatoria de COOPERAR de hace unos meses, que invitó a actores del sector asociativo a promover estas acciones para poder discutirlas en esta comisión”. Y agregó: “Agradecemos la presencia de todos los actores del cooperativismo, y esta comisión va a reunirse con el objetivo de que aquellos expedientes que se hayan tratados acá, poder tratar de avanzar, tal como lo venimos haciendo, para lograr alguna aprobación”. En ese sentido, subrayó: “Las cooperativas no son un actor marginal, generan trabajo, construyen derecho y acercan servicios a la comunidad”.
En la misma línea, el presidente de la ACI y de COOPERAR, Ariel Guarco, afirmó: “nosotros proponemos un modelo centrado en las personas, que las empodera, que está dispuesto a trabajar en conjunto, por eso pedimos que nos acompañen con las leyes que necesitamos, que generen marcos normativos que lleven a más desarrollo cooperativo, porque nos van a encontrar trabajando codo a codo en sociedades más inclusivas, más pacíficas, donde nadie se quede atrás”.
El debate incluyó también propuestas de reforma legislativa. Dante Cracogna, vicepresidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo (FACC), sostuvo: “pretendemos que dentro del artículo 2, se mencione específicamente a las cooperativas, para que no haya dudas de que también son empresas y se evitaría situaciones que tenemos hace tiempo, donde no se puede acceder al registro Mi Pyme. Las cooperativas se alinean en el sector de las pequeñas y medianas empresas y por eso demandan un tratamiento igualitario”.
Por su parte, Carlos Mansilla, secretario de Relaciones Internacionales de COOPERAR y referente de la Unión de Cooperativas de Vivienda (UNICOOP), manifestó: “tenemos recursos específicos que pagamos las cooperativas y no se están invirtiendo en nosotros, y la plata está, por lo que podemos ponernos de acuerdo en que liberemos esos recursos para el sector, porque en definitiva las cooperativas sabemos de la autopromoción, por eso hay un proyecto que dice que parte de esos recursos las entidades puedan usarlo libremente, y eso sería todo más rápido y mejor”.
En cuanto a la situación tributaria, César Basañes, economista de COOPERAR, hizo foco en las cooperativas de consumo: “creemos que una forma de promoverlas es que tienen que ser tratadas como consumidores finales, porque la cooperativa compra con IVA, pero luego cuando distribuye entre sus asociados no debería ser gravado esa segunda parte, porque lo que pasa habitualmente es que nos juntamos todos para comprar más barato, y cuando se hace la venta interna se vuelve a pagar el IVA, y eso hay que cambiarlo, hay que discutirlo”.
A su vez, Verónica San Martín, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC), advirtió: “venimos a plantear que haya un proyecto para terminar con el trato arbitrario que sufren las cooperativas cuando tramitan el impuesto a las ganancias, partiendo de la base que las cooperativas no tienen ganancias, y si bien deberían estar exentas hay una resolución que indica que hay que cumplir con determinados procedimientos y arbitrariedades con las que nos encontramos todos los días, por lo que queremos que la exención a las cooperativas sea por el simple hecho de tener su personería y cuit vigente, al día”.
En la misma mesa, Luis Alberto Bavestrello, gerente de la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito (FACC), reclamó: “venimos a hacer el pedido de una declaración de interés hacia el Poder Ejecutivo para que contemple que las cooperativas de crédito tengan una cuenta corriente en un banco que esté exenta para el que pague sea solo el asociado y no tener que sumar impuestos en las tasas de interés”.
Otro de los puntos abordados fue el marco legal de las pequeñas cooperativas. Leandro Monk, de FACTTIC, cuestionó la normativa del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) que prohibió cooperativas con menos de 5 personas: “esto va en contra de cualquier tipo de asociación, y ese problema tenemos hoy porque las cooperativas no tenemos la seguridad jurídica que necesitamos para poder seguir creciendo, y traemos este tema, con cuatro cambios, donde se defina que el mínimo puede ser de tres, que el consejo de administración sea unipersonal, que donde sean 6 no tengan síndico pero todos tengan acceso a los libros, y que las asambleas sean convocadas por al menos el 10 por ciento de sus asociados”.
Asimismo, María Victoria Noriega Sánchez, de la Federación de Subdistribuidores de Gas (FESUBGAS), expresó: “queremos que nos reconozca la ley, porque las distribuidoras somos una realidad, hay un proyecto que ya fue presentado en 2019 y perdió estado parlamentario, creemos que después de 33 años tenemos que estar nombradas en las leyes del marco regulatorio energético del país”.
Finalmente, el docente e investigador de la Universidad Nacional Tres de Febrero (UNTREF), Gustavo Sosa, cerró con un planteo sobre cooperativas sociales: “creemos que las cooperativas de inclusión sociolaboral son importantes para el trabajo y la salud de las personas con discapacidad, son experiencias con múltiples actores y que deben tener un tratamiento legislativo concreta, sobre todo en lo impositivo, para pensar un escenario donde sean caracterizadas con una certificación para poder desarrollar distintas actividades, quizás catalogadas como cooperativas sociales”.
