El Ministerio de Capital Humano incorporó nuevas causales de incompatibilidad para programas sociales
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(ANSOL).- El Ministerio de Capital Humano resolvió incorporar nuevas causales de incompatibilidad para acceder o permanecer en los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, que pasaron a reemplazar al ex Potenciar Trabajo.
A partir de esta decisión, quedarán excluidas de estos programas aquellas personas que se encuentren detenidas a disposición del Poder Judicial y quienes estén cumpliendo una condena penal firme. Ambos programas dependen del Ministerio de Capital Humano y por ahora está cerrada su inscripción y el monto a cobrar es de $78.000.
Vale recordar que según el Ministerio de Capital Humano, el programa Volver al Trabajo tiene por finalidad desarrollar y consolidar un nivel de competencias sociolaborales para sus beneficiarios que les permita alcanzar un nivel de empleabilidad inicial real, y mejorar sus oportunidades de inserción laboral a través de su participación en actividades de formación laboral, prácticas formativas en ambientes de trabajo y asistencia al desarrollo de emprendimientos productivos individuales o asociativos.
Por su parte, el Programa de Acompañamiento Social busca promover la inclusión social y la mejora de las condiciones de vida de los hogares con mayor grado de exclusión y vulnerabilidad social, apuntando a fortalecer su núcleo familiar y la comunidad en donde viven.
Otras medidas de Capital Humano
Anteriormente, los programas ya habían definido otras causales de incompatibilidad, entre las que se incluyen:
- Participar en cortes de calles o rutas que impidan la libre circulación de personas o transportes.
- Incurrir en actos de violencia que alteren el orden público.
- Estar prófugo de la justicia penal o correccional.
Según el Ministerio, estas medidas tienen como objetivo garantizar que los programas sociales, financiados con fondos públicos, estén dirigidos exclusivamente a quienes cumplan con los requisitos legales y conductuales establecidos, promoviendo así una asignación justa, transparente y eficiente de los recursos del Estado.
