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(ANSOL).- El Gobierno nacional dispuso los despidos de más de 300 trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), luego de que el Senado rechazara el Decreto 462 que «reorganizaba» los organismos.
A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, se estableció que los trabajadores de planta permanente con estabilidad adquirida de los tres institutos quedarán en situación de disponibilidad por un plazo de hasta 12 meses, en el marco de las recientes transformaciones dispuestas por decreto, lo cual en los hechos se traduce como despidos masivos.
La decisión ignora al Poder Judicial, que con una medida cautelar presentada por los sindicatos evitaba los despidos. La Resolución 1240 emitida por el Gobierno da el «pase a disponibilidad», a 286 personas del INTA, 8 del INASE; y en la transformación del INV, despide a otros 49.
El 7 de julio, mediante el decreto 462, el Gobierno había disuelto, entre otros organismos, del Instituto Nacional de La Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), el INASE y la Comisión Nacional de Semillas. Además, ordenó la «transformación» del INTA y el INV.
La lucha contra los despidos
«Estamos diciendo que la resolución es ilegal. No se pueden aplicar los despidos porque la Jueza Federal del Juzgado Contencioso Administrativo de San Martín hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA) y por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), donde claramente le impide al Gobierno llevar adelante una cantidad de procesos como la disponibilidad», manifestó en dialogo con ANSOL, Jesús Luis Perea, delegado general de ATE-INTA.
«Por lo tanto, la resolución del Senado de la Nación, por una votación mayoritaria de 60 contra 10, contra dos abstenciones, eroga el decreto 462 que, de alguna manera, con el cual el Gobierno llevaba adelante un proceso de negocio generalizado», agregó Perea.
El rechazo al decreto
El Congreso de la Nación rechazó el decreto que desguazaba al INTA. Sin embargo, el Gobierno aceleró el proceso de «transformación» vía despidos. Con ese marco normativo aún vigente, el 12 de agosto, a través del Decreto 571, disolvió la Dirección Nacional del INTA.
A través del Decreto 585, pasó a disponibilidad a los trabajadores de la Estación Experimental AMBA. Y firmó otro decreto, el 585, que eliminó cerca de 60 áreas. Entre ellas, el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (IPAF) de las regiones Pampeana, NOA y Patagonia.
Por su parte, Germán Gonaldi, trabajador del IPAF, región pampeana del INTA, y delegado de ATE afirmó que: «Creemos que esto no tiene ningún viso de legalidad. Creemos que, y hay mucha gente que nos apoya desde el lado legal, con los cambios que se rechazaron en la justicia y en el poder legislativo, o sea, los dos poderes, y ahí creemos que tenemos argumentos para rechazar todos los cambios que se produjeron en ese lapso de tiempo. Aparte, ATE y APINTA presentaron, ampliando el amparo que ya nos dieron a favor. Se hizo otra presentación para que se amplíe el amparo involucrando a este decreto que nos pone a muchos compañeros en disponibilidad».
Las medidas de Nicolás Bronzovich (actual presidente del INTA) motivaron el accionar judicial de los sindicatos, que presentaron la medida cautelar y la jueza del Juzgado Federal N°2 de San Martín, Martina Forns, hizo lugar a la petición.
Forns ordenó al Estado Nacional que «se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo, que derive de la aplicación del decreto N°462/2025, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas al INTA». Estableció el plazo de la medida por seis meses.
«El organismo, a través de Nicolás Bronsovich, que es el único referente del organismo que ha quedado, es un referente que es un interventor, y que no sabemos hasta qué tiempo va a seguir siendo el interventor, pero fue abordado por los trabajadores y de ningún modo él dice que va a quedar sin efectos los 286 compañeros que están en un listado, donde hay delegados ATE, de APINTA, está la propia Dirección Nacional y los propios directores nacionales asistentes», remarcó Perea.
Al eliminar la autarquía que tuvo históricamente el INTA, quedó depositada en el presidente designado por el Gobierno las decisiones respecto a bienes, patrimonio y acuerdos con organismos públicos y privados. Y delegó en él la prerrogativa de proponer la estructura organizativa y determinar qué centros de investigación, estaciones experimentales, institutos de investigación y laboratorios eran necesarios para el cumplimiento de las funciones del Instituto.
«Entendemos que debe volver el Consejo Directivo a tomar la forma, que le han conferido la ley 21.680, con sus facultades, con todos sus miembros, deberían volver a ejercer el rol que está conferido por lo tanto deberían incorporarse los otros consejeros que pertenecen a las universidades. De este modo, el propio Consejo Directivo debería volver a poner en funciones a las Direcciones Nacionales Asistentes y a la Dirección Nacional, y a todos los puestos de trabajo que están dentro de las estructuras que fueron demolidas por estos bombazos», amplió el delegado de ATE.
Los pasos a seguir
«Hoy, estamos ahí como en un limbo. Nadie se da, por despedidos y aparte la comunicación oficial no fue muy clara, porque lo que llegó a los compañeros fue un mail, pero por una disposición que le ordenaba al presidente del INTA, a poner la gente a disponibilidad con una lista. Eso fue lo que llegó a cada mail», aclaró Gonaldi.
«Es necesario que se recupere la institucionalidad, y, por lo tanto, lo que estamos haciendo en conjunto, es mantener una unidad de acción que hacemos muy fuerte, e incluso con las autoridades, que de alguna manera vienen comprometiéndose para recuperar esta institucionalidad, que es claramente volver a esta foja cero, y recuperar los derechos y hacer funcionar el INTA», señaló el dirigente sindical
«En definitiva, este es un gobierno que ha avanzado sobre el INTA sin ningún tipo de rigor con vaguedades que expresan que el INTA tiene 6.000 trabajadores, 3.000 autos, muchos teléfonos, que tiene cajas negras. El dinero que entra hoy del INTA es posiblemente para hacer girar la rueda todos los días y para pagar los salarios», dijo Perea.
«Cierran todos los circuitos administrativos, productivos, de innovación. No hay jefes, no hay firmas, no hay nada, y claramente es pegar un vaciamiento tan grande del INTA para poder vender sus 137.000 hectáreas, vender los edificios, que tiene 400 edificios en todo el país», denunció Perea.
