ACOVI y el INTA elaboran una agenda para fortalecer las tierras productivas y el desarrollo cooperativo en Mendoza

La Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (ACOVI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) desarrollaron un estudio sobre las transformaciones del territorio agrícola en seis departamentos de Mendoza, con el objetivo de identificar los desafíos que enfrenta la producción y avanzar en una agenda de planificación territorial vinculada con el desarrollo económico. El trabajo propone articular con los municipios políticas para recuperar y consolidar las tierras productivas, fortalecer la infraestructura rural e integrar las cadenas de valor.
El relevamiento abarca los departamentos de Lavalle, San Martín, Maipú, Rivadavia, Junín y Santa Rosa, y advierte sobre procesos de fragmentación de fincas, abandono productivo y avance urbano sobre superficies tradicionalmente destinadas a la agricultura. Frente a ese escenario, ACOVI plantea que el ordenamiento territorial debe contemplar no solamente la protección del suelo agrícola, sino también las condiciones económicas y productivas necesarias para sostener la actividad.
La propuesta busca que la planificación del territorio se traduzca en políticas concretas, con participación de los gobiernos municipales y articulación entre productores, cooperativas, industrias y prestadores de servicios.
Durante la presentación de los estudios, el presidente de ACOVI, Fabián Ruggeri, sostuvo que “el ordenamiento territorial es fundamental a la hora de diseñar cuál es la actividad o cuál es la matriz productiva del futuro”. También señaló que, aunque la mayoría de los planes municipales contemplan la identidad cultural en sus diagnósticos, solamente algunos departamentos la incorporan en sus acciones, lo que abre una oportunidad para profundizar el trabajo conjunto con los municipios.
Por su parte, el gerente de ACOVI, Nicolás Vicchi, remarcó la relación entre la planificación territorial y el desarrollo económico: “No podemos pensar el ordenamiento territorial separado del desarrollo económico. El suelo agrícola de Mendoza no es simplemente una superficie que debemos proteger: es la base de un sistema productivo, económico y social que genera trabajo, sostiene familias, integra comunidades y permite el arraigo en nuestros oasis”.
Vicchi agregó que los dos estudios ofrecen una oportunidad para avanzar “desde el diagnóstico hacia una política pública de desarrollo territorial, con proyectos, inversiones, financiamiento y responsabilidades institucionales”.

Del diagnóstico territorial a una agenda de trabajo con los municipios
A partir del estudio realizado junto al INTA, ACOVI propone impulsar una agenda de desarrollo productivo que permita abordar las transformaciones del territorio y generar condiciones para sostener las actividades agrícolas.
Entre los principales ejes se encuentran la identificación de zonas productivas estratégicas, la recuperación y reconversión de fincas, el desarrollo de infraestructura y servicios rurales y la integración de las cadenas de valor mediante una mayor articulación entre productores, cooperativas, industrias, empresas y prestadores de servicios.
El planteo también contempla la conformación de espacios de articulación público-privada, a través de mesas de trabajo y diagnósticos regionales que permitan establecer prioridades, definir proyectos y desarrollar indicadores para evaluar los avances.
Uno de los aspectos centrales es que la planificación debe superar los límites administrativos de cada municipio. Las transformaciones productivas y territoriales atraviesan distintas jurisdicciones, por lo que requieren respuestas coordinadas y estrategias regionales.
En ese sentido, la próxima actualización de los planes municipales de ordenamiento territorial, en el marco de la Ley Provincial 8051, representa una oportunidad para incorporar estos criterios y vincular las decisiones sobre el uso del suelo con políticas de desarrollo de mediano y largo plazo.
El peso económico del cooperativismo vitivinícola en San Martín
El segundo estudio presentado por ACOVI dimensiona el aporte del cooperativismo vitivinícola a la economía del departamento de San Martín, uno de los principales polos productivos de Mendoza.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), San Martín cuenta con 25.417 hectáreas de vid, equivalentes al 18,1% de la superficie vitícola provincial y al 13% de la nacional. Durante la cosecha 2026 produjo 3,06 millones de quintales de uva, el 23,3% del total de Mendoza y el 16,5% del país.

El sistema cooperativo local está integrado por cinco bodegas elaboradoras: Tres Porteñas, Colonia California, Nueva California, Brindis y El Poniente. En conjunto, reúnen a 546 productores y 4.566 hectáreas cultivadas, equivalentes al 18% de la superficie con vid del departamento.
Durante 2026, las cooperativas procesaron aproximadamente 970.000 quintales de uva, el 31,7% de la cosecha departamental, y elaboraron cerca de 80 millones de litros de vino y mosto, equivalentes al 29,5% de la producción local.
El estudio también estima que las cinco cooperativas generan un valor bruto de producción industrial de $30.400 millones y que el valor agregado de toda la cadena, incluyendo la producción primaria y la elaboración industrial, alcanza los $14.227 millones.
De ese total, el 75,6% corresponde a la producción primaria y el 24,4% a la actividad industrial, lo que refleja la importancia de los productores y las fincas dentro de la cadena cooperativa.
Además, el informe calcula que el cooperativismo vitivinícola representa aproximadamente el 1,12% del Producto Bruto Geográfico de San Martín, el 9,2% de su valor agregado agropecuario y el 3,4% del industrial. También identifica un efecto multiplicador sobre la economía local: por cada peso generado por el sector cooperativo se producen hasta $1,25 adicionales de gasto dentro del departamento.
Los dos estudios permiten vincular así la dimensión económica del cooperativismo con los desafíos territoriales de Mendoza. La propuesta de ACOVI apunta a que la planificación del suelo productivo se integre con políticas de infraestructura, inversiones y fortalecimiento de las cadenas de valor, para sostener la producción, el trabajo y el arraigo en las comunidades.



