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Santa Fe: cooperativas y mutuales defienden el «acto asociativo» frente a un proyecto de ley de consumo

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El Consejo provincial de Asociativismo analizó el impacto del anteproyecto del Código de Implementación de los Derechos de los Consumidores. Advierten que el artículo 43 es inconstitucional al pretender quitar exenciones impositivas nacionales que hacen al acto asociativo y exigen respetar la especificidad de la Economía Social y Solidaria.

La sede de la Federación de Mutuales de la Provincia de Santa Fe (FEMSAFE), en la ciudad de Rosario, fue el escenario de un debate crucial sobre el acto asociativo para el futuro del asociativismo regional. En una nueva reunión del Consejo de Asociativismo y Economía Social de la Provincia de Santa Fe, dirigentes del sector y funcionarios públicos encendieron las alarmas ante el avance del anteproyecto de Ley de Código de Implementación de los Derechos de los Consumidores santafesino.

El encuentro estuvo encabezado por el secretario provincial de Cooperativas y Mutuales, Lic. Gonzalo Toselli, y el presidente de FEMSAFE, Jorge Coniglio. Reunió a representantes de entidades mutuales y cooperativas de toda la bota santafesina con un objetivo unánime: analizar y frenar el impacto que esta normativa, tal como está redactada, podría tener sobre las organizaciones de la economía social y solidaria.

La defensa del acto asociativo frente al consumo tradicional

La discusión se da en un momento bisagra, marcado por el proceso de reforma constitucional que atraviesa la provincia. En ese marco, las entidades coincidieron en la necesidad urgente de preservar la identidad y la especificidad del acto asociativo.

Durante la jornada, referentes del sector como Rosana Soto, dirigente de la Federación Santafesina de Entidades Mutualistas “Brigadier General Estanislao López” (FESAEM) y Juan Pivetta (FAMSA) expusieron la profunda preocupación que genera la posibilidad de aplicar de manera automática la normativa general de protección al consumidor a mutuales y cooperativas. Los dirigentes advirtieron que este enfoque desconoce una realidad fundamental: el asociado no es un cliente externo, sino que es simultáneamente dueño, usuario y protagonista de la organización de la que forma parte.

En ese sentido, el Consejo reafirmó que el acto asociativo constituye una relación propia, interna y diferenciada, que nada tiene que ver con las relaciones comerciales tradicionales entre proveedores y consumidores. Su naturaleza jurídica y social está sustentada en los principios de la ayuda mutua, la participación democrática y la solidaridad.

Observaciones jurídicas y un artículo inconstitucional

El debate no fue meramente conceptual; incluyó rigurosas observaciones técnicas y jurídicas respecto del articulado del proyecto. El punto más crítico fue expuesto por el Dr. Pablo Barceló, quien demostró que el artículo 43 del proyecto se torna inconstitucional.

Dicha disposición pretende que, ante supuestas infracciones de consumo, se castigue a las entidades quitándoles exenciones impositivas. Jurídicamente, esto representa un avasallamiento, ya que intenta pasar por encima de exenciones que están dictadas y protegidas por leyes nacionales que regulan específicamente al mutualismo y al cooperativismo en todo el país.

Debido a esto, los participantes coincidieron en la importancia de que los actos asociativos internos continúen siendo regulados y supervisados exclusivamente por el organismo técnico específico de la provincia, la Secretaría de Cooperativas y Mutuales, respetando la autonomía y las particularidades que rigen al sector.

Estrategia institucional y próximos pasos

Como resultado del encuentro en Rosario, el movimiento asociativo santafesino acordó avanzar firmemente en la solicitud de una audiencia con el Gobernador de Santa Fe. El objetivo será llevar el reclamo al máximo nivel ejecutivo y continuar trabajando en los ámbitos institucionales y legislativos correspondientes.

Para las entidades, es fundamental visibilizar el aporte estratégico, económico y social que las mutuales y cooperativas realizan diariamente al desarrollo productivo, la inclusión y la cohesión social de la provincia, sobre todo en localidades del interior donde son el principal motor comunitario. Desde el Consejo reafirmaron que la defensa de este modelo asociativo y democrático es un pilar innegociable para la construcción de comunidades más justas y sostenibles.

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