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Andrés Ruggeri, antropólogo, titular de la Cátedra Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires y sindico de la Federación de Cooperativas Autogestionadas de la República Argentina para Otra Economía Ltda. -Autogestión Federal- dialogó con ANSOL sobre el proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la propiedad privada” que se encuentra en el Senado de la Nación y como impactaría en el sector de las empresas recuperadas si se aprueba y pone en practica.
Mientras el Senado define su agenda legislativa, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en marzo pone en jaque a uno de los fenómenos sociales y productivos más singulares de la Argentina post-2001 como el de las empresas recuperadas por sus trabajadores (ERT).
El texto, firmado por el presidente Javier Milei y todo su gabinete, no deroga la Ley de Expropiación 21.499 sino que la desarma. El objetivo, según Andrés Ruggeri, es volver inviable que el Estado expropie fábricas quebradas para entregarlas a cooperativas de trabajo que gestionen a las empresas recuperadas.
«Es un trabajo de relojería«, definió Andrés, «Le sacan los artículos clave y las convierten en leyes que no sirven para su propósito». El cálculo del sector es que más de 100 cooperativas en Provincia de Buenos Aires y cerca de 20 en CABA quedarían en una situación muy delicada si la norma se aprueba.
“Lo que hace es destruir el instrumento de la expropiación. El Estado puede expropiar a partir de un artículo de la Constitución, que es el 17, por utilidad pública si hay una ley que declara utilidad pública de un bien con pago de indemnización. Hay una ley que lo regula” destacó Ruggeri.
La variable de costos: el fin de la expropiación como herramienta de salvataje
En términos operativos, la norma anula el margen de maniobra de las carteras de producción para intervenir en crisis industriales, encareciendo el pasivo contingente de cada proceso de recuperación hasta volverlo prohibitivo. Las principales modificaciones que alteran la ecuación económica para con las empresas recuperadas son:
Tasaciones indexadas y variables de mercado: El cálculo de las indemnizaciones que debe afrontar el Estado se fijará estrictamente a valores de mercado actualizados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Inclusión del lucro cesante: El proyecto incorpora el concepto de lucro cesante a favor de los propietarios originales por todo el período en que la planta o los terrenos dejaron de utilizarse durante el proceso legal, elevando los montos a niveles prohibitivos para el erario público.
Judicialización de los activos: Si el expropiado no concuerda con la tasación, puede recurrir a la Justicia, extendiendo los plazos de definición y encareciendo los costos de litigio.
Plazos regulatorios asfixiantes: En los casos de ocupación temporaria, se fija un límite taxativo de 60 días (extensible a 90 en situaciones muy puntuales), un tiempo que resulta marginal para reactivar una planta industrial y estabilizar su flujo de caja.
El pasivo de las expropiaciones irregulares
Uno de los puntos más críticos para la administración de las cooperativas vigentes radica en el cambio de definición de la «expropiación irregular«. Históricamente, este concepto aplicaba cuando el Estado tomaba un bien sin mediar ley. El nuevo texto estipula que existirá expropiación irregular si el Estado se demora en pagar las indemnizaciones legisladas.
En la práctica de la gestión de empresas recuperadas, el Poder Legislativo suele declarar la utilidad pública de una fábrica quebrada para transferirla a la cooperativa de trabajadores, pero el Poder Ejecutivo posterga el pago efectivo de la indemnización por años. «Eso pasa en la mayoría de los casos de las empresas recuperadas», advierte Ruggeri.
«Hay muchísimas que están con expropiaciones temporarias que se van renovando y que jamás se pagan. En CABA, por ejemplo, la ley de expropiación definitiva de 2004 abarcó a 13 empresas, pero el Estado nunca hizo la tasación. Esas 20 empresas de la Ciudad ahora podrían ser cuestionadas legalmente bajo esta nueva figura».
Gestión del autoempleo: de la fábrica tomada al refugio en las plataformas
El escenario de crisis económica actual abre un interrogante para la vigencia del modelo de las empresas recuperadas como método de lucha viable: ¿por qué el cierre de establecimientos no está decantando en una ola de recuperaciones masivas como en la crisis de 2001? La respuesta se encuentra en el cambio de las estrategias de supervivencia de la fuerza laboral y la aparición de la economía de plataformas como amortiguador inmediato.
«Se ha difuminado la idea de que cuando cierra una fábrica, la cooperativa es la salida natural. Hoy opera fuertemente el fenómeno del pluriempleo y la búsqueda de salidas individuales rápidas«, analiza el titular de Facultad Abierta.
Cuando una empresa quiebra y cesa el pago de salarios, la ventana de tiempo para armar una estrategia de resistencia y diseñar un plan de negocios cooperativo compite contra la urgencia alimentaria diaria. «Frente a la falta de mecanismos de protección social, la respuesta inmediata ya no es ocupar la planta para defender la fuente de trabajo, sino recurrir al autoempleo precarizado: subirse a una bicicleta y repartir para una aplicación de entregas«, señala Andrés Ruggeri.
A esta fragmentación de la gestión colectiva se suma la penetración de discursos que priorizan la salvación individual y la debilidad actual del movimiento popular para acompañar técnicamente los procesos de reactivación fabril. Frente a un marco legislativo que busca blindar los activos empresarios obsoletos y penalizar la intervención estatal, el ecosistema de la autogestión enfrenta el desafío urgente de salir de la inercia cotidiana para defender los instrumentos legales que garantizan su existencia.
La encrucijada institucional: articular la respuesta de las empresas recuperadas
Frente a la inminencia del debate legislativo, el sector autogestionado enfrenta el desafío de coordinar una respuesta de las empresas recuperadas en un escenario donde la gestión de la crisis diaria absorbe los mayores esfuerzos operativos de las bases. Ruggeri advierte que la reacción inicial del movimiento fue dispersa debido a que la reforma se percibió originalmente como un asunto técnico y periférico.
Sin embargo, desde federaciones como FEDECARA comenzaron a activar canales de incidencia política y auditoría legal, manteniendo reuniones directas con diputados y senadores para poner en agenda el peligro de parálisis que sufren sus unidades productivas.
«Viene medio lento, por la urgencia de lo cotidiano que es tan fuerte y grande en las empresas recuperadas, que estas cosas van pasando», contextualiza Ruggeri, remarcando que romper esa inercia sectorial es un factor crítico de supervivencia: «En especial, esta ley puede significar un golpe mortal para una cantidad muy importante de empresas recuperadas y en poco tiempo».
