(Ansol).- Cumplidos los 3 meses de conflicto, los operarios de La Litoraleña se reunieron en ayer con el fiscal que lleva adelante la causa, Norberto Brotto, y con el dueño de la empresa, Rodolfo Conti, sin que se pudiera llegar a ninguna resolución entre las partes.
«Ellos no tenían ninguna oferta. Nosotros planteamos que tenemos más de cuatro meses de sueldos adeudados con 32 compañeros despedidos y les pedimos la reincorporación de los mismos, también el pago de obra social, aportes, préstamos de mutual bancarios, las refinanciaciones de las tarjetas de crédito y la compensación por todo el daño psicológico a nosotros y nuestras familias», declaró a Ansol el delegado Luis Baini.
La empresa se halla en concurso de acreedores luego de declarar una deuda de $17 millones con la AFIP, un pasivo de otros $84 millones, cuatro meses de sueldos impagos por el valor de $6 millones, $5 millones por falta de pago a la obra social y otros tantos por los aportes jubilatorios.
Pese a la consigna policial y la orden de desalojo, Baini aclaró la intención de seguir la actividad al interior de la fábrica: «Nosotros mantenemos el interés de trabajar para llevar dinero a nuestros hogares, y tenemos que producir y vender pese a la consigna policial, y lo vamos a seguir haciendo porque no nos queda ninguna alternativa, y nadie nos da ninguna solución».