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Contra el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti anunciado por el Gobierno Nacional, y en la antesala del festival que realizarán este sábado, el Padre Lorenzo Toto de Vedia, párroco de Caacupé de la Villa 21-24, ofició una misa junto a los trabajadores en el ingreso al centro, ubicado en el Espacio de Memoria Ex Esma.
Melisa Hobert, trabajadora del Conti y delegada de la Secretaría de Derechos Humanos (ATE), contó en diálogo con ANSOL: «Habrá distintos artistas que pasaron por el Conti y se adhirieron al reclamo. Recordemos que el 31 de diciembre a las 2 de la tarde nos habló Marcela Godoy, que es la secretaria de Alberto Baños -secretario de DDHH de la Nación-, y nos dijo que a pesar del contexto tengamos felices fiestas y que el Conti iba a ser cerrado durante enero, y que quienes para ellos fueran imprescindibles serían convocados a esta suerte de guardias pasivas».
«Nos mandan a nuestras casas y dicen que nos llamarían para reorganizar el trabajo. Creemos que la situación real es el cierre del Conti. Por eso, salimos a hacer este festival, organizado por los trabajadores despedidos», completó Hobert.
El bar restaurante del Conti, de la cooperativa Los Carpinchos, también cerrado
La cooperativa Los Carpinchos, conformada por trabajadores de La Cacerola, está a cargo del bar restaurante del Conti. Federico Tonarelli, referente de Los Carpinchos, habló con ANSOL sobre la situación: «Nos cerraron el bar unos días antes del cierre del Centro Cultural, con una excusa que no tenía sentido. Nos exigían unos papeles que tenemos, pero que no teníamos en ese lugar. Ahora, queda claro que el bar restaurante fue solo el inicio y que van por todo».
«Estamos intentando una negociación que nos permita sacar las cosas que pertenecen a la cooperativa. Esta gente no solo cerró el bar de manera intempestiva, sino que tiene secuestrada las herramientas de trabajo de la cooperativa. Incluso, cosas que no son de la cooperativa, lo cual lo hace mucho más grave», relató Tonarelli.
En este sentido, ejemplificó: «La máquina de café es provista por el proveedor del café. Es un comodato. Las autoridades no dan bola. No les interesa ver ningún papel ni entender ninguna razón. Y la Secretaría de DDHH no tiene poder de policía para hacer algo así. Por donde se mire, la situación es grave y, de no modificarse, iniciaremos una demanda».
