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No es casualidad que Desjardins, siendo una de las cooperativas de crédito más importantes del mundo, haya puesto su atención en una cuestión como la del hábitat en Canadá. Durante los últimos años, el acceso a la vivienda se transformó en una cuestión central dentro del debate público canadiense. El aumento sostenido de los precios inmobiliarios, las dificultades para acceder al crédito y la escasez de viviendas asequibles en numerosas ciudades han generado una presión creciente sobre millones de hogares.
En este contexto, Desjardins decidió ampliar de manera significativa su intervención. La organización anunció que su programa de apoyo a la vivienda asequible, inicialmente concebido para impulsar 3.000 unidades habitacionales, ahora tendrá como meta superar las 10.000 viviendas para 2028.
La decisión refleja una visión que excede la actividad financiera tradicional. Para la cooperativa, el acceso a la vivienda no constituye únicamente una cuestión de mercado, sino también un factor determinante para la cohesión social, el desarrollo comunitario y la calidad de vida.
A finales de 2025, Desjardins informó que 1.861 viviendas ya se encontraban ocupadas gracias a proyectos apoyados por la iniciativa, mientras que otras 2.722 unidades estaban en construcción.
Paralelamente, la organización creó un fondo específico de 36 millones de dólares destinado a acelerar proyectos de vivienda asequible con criterios de sostenibilidad ambiental.
La crisis habitacional que preocupa a Canadá
La decisión de Desjardins se produce en un contexto particularmente complejo. Diversos estudios económicos indican que la accesibilidad a la vivienda se deterioró significativamente en varias de las principales ciudades canadienses durante la última
década.
Mercados como Toronto, Vancouver y Montreal registraron aumentos de precios muy superiores al crecimiento de los ingresos familiares. Como consecuencia, una proporción creciente de la población enfrenta dificultades para acceder a una vivienda propia o incluso para encontrar alquileres compatibles con sus ingresos.
Economistas vinculados al propio grupo Desjardins advirtieron recientemente sobre el surgimiento de una generación de “arrendatarios permanentes”, integrada por personas que, pese a contar con empleo e ingresos estables, encuentran cada vez más difícil acceder a la propiedad inmobiliaria.
El fenómeno se ha convertido en uno de los principales desafíos sociales y económicos del país.
Desjardins: una respuesta cooperativa a un problema estructural
Lo que distingue a la estrategia de Desjardins es el enfoque adoptado para intervenir en esta problemática. La organización no busca reemplazar al Estado ni competir con desarrolladores inmobiliarios tradicionales. Su objetivo consiste en utilizar herramientas financieras cooperativas para facilitar la creación de viviendas que de otro modo tendrían mayores dificultades para concretarse.
Esta lógica se inscribe dentro de una tradición histórica del cooperativismo financiero canadiense. Desde su creación a comienzos del siglo XX, Desjardins desarrolló mecanismos destinados a ampliar el acceso al crédito y fortalecer el desarrollo económico de
comunidades que no siempre eran atendidas por las grandes instituciones financieras.
La apuesta actual por la vivienda puede interpretarse como una actualización de ese mismo principio frente a uno de los desafíos contemporáneos más relevantes. Dado que la capacidad actual de impulsar iniciativas de esta magnitud está directamente relacionada con la dimensión alcanzada por Desjardins.
El grupo reúne más de 10 millones de asociados y clientes, opera a través de 189 cooperativas financieras locales y administra activos superiores a los 370.000 millones de dólares.
Estas cifras lo convierten en el mayor grupo financiero cooperativo de Canadá y en una de las instituciones cooperativas más importantes del mundo.
A diferencia de los bancos tradicionales, Desjardins mantiene una estructura basada en la propiedad colectiva de sus miembros, quienes participan indirectamente en la orientación estratégica de la entidad.
Esa característica permite que cuestiones como la vivienda, el desarrollo regional o la inclusión financiera formen parte de las prioridades institucionales junto con los objetivos económicos.
