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Mutuales y cooperativas, organizaciones y movimientos sociales y religiosos, sindicatos y colectivos de mujeres y diversidades son parte de una enorme actividad permanente que se cimenta en la base y la dirigencia de nuestra comunidad. Desde allí, desarrollan una cantidad importante de proyectos y propuestas que asisten con soluciones a necesidades más urgentes de poblaciones más vulnerables, y proveen servicios básicos a cientos de miles de ciudadanos; por lo general, habitantes de poblaciones de menos de 100 mil habitantes, a las que las grandes empresas proveedoras de servicios de energía eléctrica, luz, gas, internet, agua potable, etc. no les interesa proveer, ya que son de ecuación económica neutra o negativa. Traducido: no ganan plata.
Además, el cooperativismo de trabajo desarrolla actividad económica, productiva o de servicios, organizando empresas y negocios, y creando cientos de miles de puestos de trabajo genuinos, en condiciones de respeto a los derechos laborales, y democratizando el acceso a los recursos y a las decisiones en los ámbitos laborales, estableciendo condiciones de desempeño más saludables a sus trabajadoras y trabajadores, y en armonía con el cuidado del medio ambiente.
Todas y todos sabemos, al menos una importante mayoría, que los sistemas de capitalismo salvaje, promovidos por gobiernos neoliberales y anarco-libertario-colonialistas como el que gobierna nuestro país, promueven entornos sociales que exaltan el individualismo y apuestan a que nuestros países se desarrollen a partir de las grandes iniciativas de empresas comerciales y de las mega ganancias de grupos económicos concentrados, nacionales y extranjeros. Además, fomentan la discriminación política, la estigmatización y el descrédito de opositores, y el deterioro del valor que las y los ciudadanos pueden tener sobre los otros poderes de la democracia: el legislativo y el judicial.
En ese camino, quitar o eliminar derechos sociales y laborales, suprimir organismos de contralor y arbitraje de conflictos, y eliminar presupuestos sociales y de defensa de derechos vulnerados -por ejemplo, a mujeres y niñas/os víctimas de violencias- han sido medidas concretas tomadas por el actual Gobierno, en su primer año.
Nuestro movimiento de Economía Social y Solidaria, y los colectivos sociales, religiosos y solidarios no gubernamentales son espacios de construcción de creatividad, resistencias cívicas pacíficas y organización popular, que sostienen las condiciones de dignidad y otorgan un mejor vivir a millones de personas «de bien», que quieren – queremos- desarrollarse y vivir en paz, en condiciones de dignidad, en un país con tradición solidaria, inclusiva y equilibrada socialmente.
De nosotras y nosotros, depende no permitir que se altere ese invalorable patrimonio social que construimos colectivamente a lo largo de nuestra historia nacional, y organizado en señeras entidades, algunas de ellas con más de cien años de vida en nuestras comunidades.
