La UTEP se moviliza contra el cierre de la SSISU, que deja sin trabajo a 300 personas
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Este martes a las 11, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) realizará una nueva manifestación en contra del Gobierno de Javier Milei. Habrá una movilización a Roque Sáenz Peña 777, motivada por el cierre inminente de la Subsecretaría de Integración Sociourbana (SSISU), dependiente del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, en lo que la UTEP considera un retroceso en materia de derechos para los sectores más vulnerables.
Con todo, el reclamo de la UTEP estará centrado en la defensa de la integración socio urbana, del trabajo y del derecho a la vivienda.
A inicios de mes, los más de 300 empleados de la SSISU recibieron la noticia de que sus contratos sólo serán renovados hasta el 28 de febrero; por tanto, a partir del 1 de marzo quedarán sin trabajo.
El impacto de desmantelar la SSISU
El cierre de la SSISU marca un retroceso significativo en las políticas públicas destinadas a los barrios populares. Creada en 2018, la SSISU fue el único organismo nacional con mandato específico de urbanizar y mejorar las condiciones de vida en más de 6.400 asentamientos, donde habitan alrededor de cinco millones de personas.
Su desmantelamiento implica no solo la pérdida de casi 300 puestos de trabajo, sino también la paralización de cientos de obras de infraestructura, programas de regularización dominial y proyectos de empleo local que estaban en marcha.
El impacto social es profundo: miles de familias que esperaban acceder a servicios básicos como agua potable, cloacas, electricidad segura o calles transitables quedan ahora en un limbo administrativo. La interrupción de estas obras refuerza la desigualdad estructural que atraviesa a los sectores más vulnerables.
La SSISU había logrado articular políticas de integración con gobiernos provinciales, municipios y organizaciones sociales, generando un espacio de consenso poco frecuente en la política argentina.
El ajuste sin fin de Milei y Caputo
El cierre de la SSISU responde a una lógica de ajuste fiscal que prioriza la reducción del gasto por encima de la inversión social. Sin embargo, la decisión expone una contradicción: mientras se promueve la “modernización” del Estado, se desmantelan las pocas políticas que habían demostrado eficacia en transformar realidades concretas.
La motosierra aplicada sobre la SSISU no solo recorta presupuesto, sino que desarma una herramienta de cohesión social y de dignificación de la vida urbana.
En definitiva, el fin de la SSISU es un golpe directo a millones de argentinos que viven en barrios populares. El cierre deja en evidencia que, en la disputa entre austeridad y derechos, los sectores más vulnerables vuelven a ser los primeros sacrificados.
