El INAES rectificó los anexos de la resolución que suspendió a miles de cooperativas y mutuales: los nuevos números
Google News
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) rectificó los anexos de la resolución que dispuso la suspensión de autorizaciones para funcionar de miles de cooperativas y mutuales por presuntos incumplimientos en la presentación de documentación asamblearia y estados contables. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 2237/2026, publicada este jueves 29 de octubre, que reemplaza los anexos I y II de la Resolución 2076/2026, dictada una semana antes.
Según un relevamiento de datos que circulan en el sector, los listados originales comprendían a 9.083 entidades, mientras que los anexos corregidos reúnen 8.768. La comparación identifica tres situaciones: 8.659 entidades ratificadas, que continúan incluidas; 109 incorporadas en los nuevos listados, que no aparecían en los originales; y 424 que figuraban inicialmente, pero ya no aparecen en los anexos rectificados.
La nueva resolución no deroga la medida de fiscalización ni dispone un levantamiento general de las suspensiones. En cambio, modifica los listados alcanzados por el artículo 1° de la Resolución 2076/2026 y suma una disposición para atender la situación de determinadas cooperativas y mutuales que cumplieron con la presentación de documentación, pero no cuentan con un Registro Legajo Multipropósito constituido.
Qué cambia con la Resolución 2237/2026
En los considerandos, el INAES señaló que había advertido un “error material sistémico” en los anexos I y II de la resolución anterior, específicamente en el detalle de las entidades consignadas. Por ese motivo, el artículo 1° de la nueva norma dispone sustituir ambos anexos por versiones corregidas.
La rectificación se vincula con la segunda etapa del Plan de Reordenamiento y Control del Padrón Nacional de Cooperativas y Mutuales, que busca regularizar la situación registral de entidades con incumplimientos documentales. La Resolución 2076/2026 había alcanzado a organizaciones inscriptas hasta el 31 de diciembre de 2024 que registraban faltantes correspondientes al período comprendido entre el 1° de enero de 2023 y el 6 de agosto de 2026, o desde su inscripción si esta fuera posterior.
La diferencia entre los listados originales y los corregidos implica que 424 entidades dejaron de figurar en los anexos sustituidos, mientras que 109 aparecen por primera vez. El relevamiento sectorial no permite, por sí solo, establecer la situación particular de cada organización ni concluir que todas las entidades que ya no figuran hayan obtenido un levantamiento formal de una suspensión por otras vías. Para conocer el alcance concreto en cada caso, es necesario consultar los anexos oficiales y la situación registral correspondiente.
Un procedimiento para entidades que presentaron documentación
La Resolución 2237/2026 también incorpora el artículo 9° bis a la norma anterior. La disposición alcanza a las cooperativas y mutuales incluidas en los anexos XV y XVI que hayan presentado la documentación anual ordinaria entre el 1° de enero de 2023 y el 6 de agosto de 2026, pero no cuenten con el Registro Legajo Multipropósito.
En esos casos, la Dirección del Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales deberá crear el registro correspondiente o instar a las entidades a realizar la Actualización Nacional de Datos. La norma, de este modo, contempla una situación específica: organizaciones que cumplieron con la presentación documental dentro del período establecido, pero que no tienen constituido ese registro.
La resolución lleva las firmas de Sergio Pablo Cha, Eduardo Héctor Fontenla, Ramiro Emiliano Martínez, Norberto Pedro Zárate, Nora Gabriela de Aracama, María Soledad Carrizo y Marcelo Oscar Collomb.
La rectificación introduce cambios en el universo de entidades alcanzadas por los anexos de la Resolución 2076/2026. Para las cooperativas y mutuales involucradas, la consulta de los listados corregidos y de su situación particular será central para determinar cómo las afectan las medidas de fiscalización dispuestas por el organismo.
