COOPERAR y CONINAGRO lideraron el rechazo al artículo de la Ley Hojarasca que afecta a cooperativas
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En el debate por la denominada “Ley Hojarasca” en la Comisión de Asuntos Cooperativos de la Cámara de Diputados, las confederaciones Confederación de Cooperativas de la República Argentina Ltda. (COOPERAR) y Confederación Intercooperativa Agropecuaria Ltda. (CONINAGRO) se posicionaron como dos de los principales actores en el rechazo al proyecto, al advertir sobre sus consecuencias fiscales, productivas y sociales.
La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional, propone la derogación de la Ley 11.380, lo que eliminaría la exención sobre los edificios y construcciones de las cooperativas. Según coincidieron ambas entidades, esta modificación impactaría directamente en la base de cálculo de la contribución especial establecida por la Ley 23.427, incrementando significativamente la carga tributaria.
CONINAGRO: impacto productivo e inseguridad jurídica
Desde CONINAGRO, su secretario General, Mario Raiteri apeló a ejemplos concretos del interior productivo para dimensionar el rol del cooperativismo: “No importa la mirada que se tenga de la realidad, si el Estado o el mercado, pero hay un ejemplo claro, que es el pueblo de Mechongué, donde tenemos agua corriente, luz, conectividad, salas velatorias, gas, cloacas, obra pública y cooperativas que compran lo producido”.
En ese sentido, remarcó que “la cooperativa es la que vino a hacernos vivir mejor” y planteó un pedido directo al Congreso: “que se corrija la Ley de Hojarasca, y que el cooperativismo necesita que no se lo desfinancie, sino que se lo proteja y nos ayude”.
El abogado de la entidad, Octavio Bermejo, señaló que si bien valoran los procesos de simplificación normativa, “en este caso hay una afectación directa a un derecho”, lo que genera “un problema y conflicto con la Ley 23.427”, por lo que solicitó la revisión del proyecto.
A su turno, el contador Rubén Omar Villalba cuestionó el argumento de obsolescencia de la norma: “La ley que exime a los edificios de las cooperativas no está obsoleta, se fue ratificando en distintas leyes y decretos”. Además, advirtió que su derogación “implicaría un costo muy grande a las cooperativas, sobre todo agropecuarias”, y que podría “quintuplicar el tributo”, generando “inseguridad jurídica” y desincentivando la inversión en infraestructura clave para el desarrollo.
COOPERAR: impacto laboral y cuestionamientos técnicos
El Vicepresidente 1º de COOPERAR, Eduardo Canedi transmitió el posicionamiento institucional y el respaldo de su conducción: “Antes que nada, enviar el saludo de nuestro presidente, Ariel Guarco, que no puede estar presente por compromisos internacionales”.
En su intervención, puso el foco en el impacto social del proyecto: “Cuando piensen en qué resoluciones tomar con esto, piensen en el daño laboral que van a crear a toda la gente que trabaja, porque el 65% de la mano de obra productora de servicios es cooperativismo o mutualismo”.
En esa línea, pidió a los legisladores actuar “no con banderas políticas, sino en pos de un país más grande y mejor”.
Por su parte, el gerente de COOPERAR, César Basañes, introdujo una observación técnica sobre los fundamentos del proyecto: “Hay un mensaje que acompaña esta iniciativa que dice que remite a procesos inexistentes u organismos disueltos, y creemos que es un error en cuanto a nuestra ley”. De esa manera insistió en que la Ley 11.380 de obsoleta no tiene nada.
Un frente común para modificar el proyecto
Las intervenciones de COOPERAR y CONINAGRO reflejaron una estrategia convergente dentro del movimiento cooperativo: combinar argumentos técnicos, productivos y sociales para intentar modificar o frenar el avance del proyecto.
Ambas entidades coincidieron en que la derogación de la Ley 11.380 no constituye una simple actualización normativa, sino un cambio estructural que podría afectar la sustentabilidad del sistema cooperativo, especialmente en sectores con alta inversión en infraestructura y fuerte presencia territorial.
El debate parlamentario continuará en las próximas semanas, mientras el cooperativismo busca instalar la necesidad de revisar el proyecto y preservar un esquema que, según sostienen, es clave para el desarrollo productivo, el empleo y la cohesión social en todo el país.
