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(ANSOL).- A finales de septiembre, en la zona de la selva misionera en Colonia Alberdi y Gobernador Roca, apareció una pareja de yaguaretés en las cercanías de un campamento. El Movimiento Agrario de Misiones (MAM) manifestó la complejidad de este hecho “gravísimo” en un comunicado público, por varias dimensiones: por un lado, el felino de gran porte es Monumento Natural Nacional y se encuentra en peligro crítico de extinción; por otro, la zona donde fueron vistos los yaguaretés fue denunciada recientemente como desmontada. Un “avance brutal de la tala clandestina que ya arrasó más de 600 hectáreas”, indicaron.
“Más de 200 árboles nativos permanecen en el suelo, entre ellos un ejemplar de Palo Rosa, Monumento Natural Provincial protegido por ley. Se han derribado con topadoras y motosierras, y ya salieron del lugar más de 20 camiones cargados de madera nativa, utilizando permisos y guías irregulares”, indicó el movimiento, que tiene sus raíces en organizaciones indígenas, campesinas y cooperativas agrarias de la zona. Además, advirtieron por “posibles ataques de los felinos a personas y animales en el lugar, producto del desplazamiento forzado de su hábitat natural”.
El MAM apuntó contra el Ministerio de Ecología de la provincia. Indicaron la falta de accionar concreta en estas áreas protegidas “y reconocida como territorio ancestral de pueblos originarios por relevamientos del INAI”. Pidieron la “protección efectiva del monte, de las familias campesinas y de la comunidad Mbya Guaraní del Chapá, que habitamos y cuidamos estas tierras desde hace décadas”.
“Comienza con un proceso de apropiación. Con alguien que se dice dueño de muchas hectáreas tierras fiscales, aparece con un permiso de ‘aprovechamiento’. Esto se repite en otros lugares”, explicó a ANSOL, Salvador Torres, presidente de la cooperativa agropecuaria Río Paraná Ltda. e integrante del MAM. Detalló que vienen recibiendo información sobre la misma metódica en varias zonas de monte en diferentes localidades misioneras. Destacó que, lo que en los papeles gubernamentales llaman “aprovechamiento”, son en realidad “excusas” para emitir permisos de desmonte indiscriminado. Eso además, motiva “intentos de desalojos” a habitantes de la zona y, justamente, “la explotación del monte nativo”.
