El ejecutivo de CABA finalmente derogó la Ley de Promoción de la Economía Social

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) promulgó la derogación de la Ley N.º 6376 de Promoción de la Economía Social, una norma sancionada en 2020 que había creado un marco integral para fortalecer a las unidades productivas de la economía social y popular, incluyendo cooperativas, asociaciones civiles y emprendimientos autogestionados.
La decisión quedó plasmada en la Ley N.º 6962, conocida como «Ley de Hojarasca», que eliminó un conjunto de normas consideradas «obsoletas», entre ellas la que daba sustento al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de la Economía Social (FONDES).
La medida despertó preocupación entre organizaciones del sector, ya que la normativa no solo se encontraba reglamentada sino también en funcionamiento. De hecho, el Presupuesto 2026 le había asignado en CABA una partida de 120 millones de pesos, mientras que el FONDES ya había financiado proyectos concretos que permitieron sostener producción, fortalecer cooperativas y generar empleo en la Ciudad.
Una política que iba más allá del financiamiento
La Ley de Promoción de la Economía Social en CABA no se limitaba a ofrecer créditos, también establecía un recorrido institucional para que las unidades productivas de la economía social pudieran registrarse, formalizarse y acceder progresivamente a nuevas herramientas de desarrollo.
Entre los beneficios contemplados figuraban el acceso al crédito mediante el FONDES y financiamiento del Banco Ciudad, mecanismos para facilitar la participación en compras públicas, instancias de capacitación, beneficios impositivos y programas destinados a mejorar la formalización de las unidades productivas.
En otras palabras, se trataba de una política pública orientada al reconocimiento institucional de un sector que produce bienes, presta servicios y genera trabajo en la Ciudad.

CABA: derogación con impacto institucional
La Ley Nº 6962, promulgada por el gobierno porteño, derogó expresamente la Ley Nº 6376 en su artículo 5. Además, su artículo 7 dispone que las partidas presupuestarias asignadas para ejecutar las normas eliminadas serán transferidas al Ministerio de Hacienda y Finanzas de CABA. Es decir, los fondos del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, terminaron en otra cartera.
Desde distintos espacios del sector consideran que el antecedente resulta especialmente preocupante porque elimina una política pública destinada a fortalecer procesos de formalización, financiamiento y crecimiento de organizaciones que ya producen y generan trabajo genuino.



