ECONOMÍA

Presupuesto 2026: superávit fiscal, ajuste social y recortes en áreas sensibles

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El Gobierno nacional aprobó su primer presupuesto 2026 con inflación proyectada del 10,1%, crecimiento del 5% y una cláusula de ajuste automático que impacta en asistencia alimentaria, empleo, pensiones y el INAES.

(ANSOL).- El Gobierno Nacional publicó este viernes en el Boletín Oficial la Ley 27.798, que establece el Presupuesto de la Administración Pública Nacional para 2026, sancionado por el Congreso de la Nación durante el último período de sesiones extraordinarias. El texto consolida los lineamientos del programa económico del presidente Javier Milei, con eje en el superávit fiscal y una cláusula de ajuste automático que vincula la recaudación con el nivel de gasto público.

Según la norma, el Sector Público Nacional proyecta para 2026 un excedente financiero de $2.734.029.655.055. Para alcanzar ese resultado, se estima una recaudación total de $148,29 billones, mientras que los gastos corrientes y de capital autorizados ascienden a $148,06 billones.

El Presupuesto 2026 contempla gastos totales por $148 billones, un superávit primario del 1,2% del Producto Bruto Interno (PBI) y un superávit financiero del 0,3% del PBI. Además, el Poder Ejecutivo proyecta para todo 2026 una inflación del 10,1% y un crecimiento económico del 5%.

Uno de los puntos centrales del esquema del presupuesto 2026 es la cláusula que establece que, si la recaudación supera lo previsto, se habilita la reducción de impuestos, mientras que, si resulta inferior, se activan recortes automáticos en partidas de gasto, reforzando el criterio de ajuste fiscal.

Presupuesto 2026

Asignaciones, asistencia alimentaria y planes sociales

En materia de políticas sociales, las asignaciones familiares presentan un incremento real del 3,7% respecto del cierre estimado para 2025. En particular, la Asignación Universal por Hijo (AUH) muestra un aumento del 6,4% real.

En contraste, la prestación Alimentar, complemento de la AUH destinado a la compra de alimentos, tendrá en 2026 una caída real del 15,2% respecto de los niveles de gasto de 2025. En la misma línea, los fondos destinados a comedores comunitarios registran un recorte real del 28,9%.

De acuerdo con el análisis de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC), los planes de empleo muestran comportamientos dispares. El programa Volver al Trabajo tendrá una caída real del 70,6% en sus partidas, mientras que el programa Acompañamiento Social presenta un incremento real del 49,7%.

Fuerte ajuste en Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo)

El programa Volver al Trabajo, orientado a personas menores de 50 años que integraban el extinto Potenciar Trabajo, apunta a la capacitación y reinserción en el empleo formal. Actualmente, el monto mensual es de $78.000, congelado desde diciembre de 2023, sin aumentos ni bonos compensatorios.

Según la OPC, el ajuste presupuestario previsto implicaría una reducción cercana al 66% del ingreso real de sus 950 mil beneficiarios, en un contexto de inflación acumulada. A esto se suma que el Decreto 198/2024 estableció que los pagos finalizarán en mayo de 2026, lo que genera incertidumbre sobre la continuidad del programa.

Acompañamiento Social: más fondos, mismo monto

El programa Acompañamiento Social, destinado a personas mayores de 50 años y a mujeres con cuatro o más hijos, también provenientes del Potenciar Trabajo, contará con un incremento real del 49,7% en sus partidas presupuestarias.

Sin embargo, el monto mensual continúa siendo de $78.000, sin actualizaciones desde su implementación. Durante 2025, el Ministerio de Capital Humano habilitó nuevas inscripciones mediante la Resolución 167/2025, aunque aún no se precisó cuándo se incorporarán nuevos beneficiarios ni cómo impactará el mayor presupuesto proyectado.

Jubilaciones y pensiones: subas acotadas y recortes focalizados

En 2026, las prestaciones sociales en su conjunto tendrán un incremento real del 5,7%, según la OPC. Las partidas destinadas a jubilaciones aumentarán un 6% real, aunque los fondos para el bono extraordinario de quienes perciben la mínima caerán un 13,8% real.

Esto implica que el bono permanecería en $70.000, congelado desde marzo de 2024, durante todo 2026. En ese escenario, la jubilación mínima tendría una caída real cercana al 1%, mientras que el resto de las jubilaciones registraría un aumento del 2,2%.

En paralelo, se proyecta una caída real del 10,6% en los fondos destinados a pensiones por discapacidad, asociada a un recorte de 155 mil beneficios, según el análisis de la OPC. El proyecto oficial había propuesto derogar la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero la iniciativa fue rechazada por la Cámara de Diputados.

INAES en el Presupuesto 2026

Dentro del Ministerio de Capital Humano, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) se asigna dentro del presupuesto al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) un total de $18.871 millones, lo que representa una reducción nominal respecto del crédito vigente de 2025. Si se considera la inflación proyectada del 10,1%, la caída del presupuesto del organismo en términos reales resulta aún más significativa, abriendo la pregunta sobre el margen operativo para las políticas de promoción, fiscalización y fortalecimiento de cooperativas y mutuales en todo el país.

El agro también sufrirá un ajuste

El Presupuesto 2026 aprobado implica que la Secretaría de Agricultura y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tendrán recortes nominales, el Senasa concentrará un aumento significativo de recursos y otros organismos quedarán virtualmente congelados.

La Secretaría de Agricultura cuenta con una partida presupuestaria total de $375.461 millones, cuando en 2025 había contado con $421.248 millones. Es decir que la cartera agrícola tendrá un 10,9% menos de recursos que el año pasado, sin contar la pérdida por la inflación proyectada (otro 10%).

El INTA dispone de $233.330 millones destinados a servicios sociales, sumado a gastos figurativos por $25.000 millones que reflejan transferencias internas del Estado para su financiamiento. Este año, en total, crece un 15,8% interanual, contra la partida anterior de $223.000 millones.

Por su parte, el Senasa tiene autorizados gastos por servicios económicos de $203.709 millones, más una deuda pública de $1661 millones. Y a la hora de los ingreso, el Presupuesto 2026 contempla que recaude un total de $295.409 millones, compuestos por $171.011 millones tributarios, $82.798 millones en no tributarios y $41.600 millones por venta de servicios.

El Instituto Nacional de Semillas (INASE) tiene gastos por $21.230 millones, pero proyecta ingresos totales por $37.754 millones, impulsados por $31.922 millones en venta de servicios y bienes. 

Por último, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) tendrá una partida de gastos de $16.629 millones. La cifra es bastante similar a la del año anterior, que era de $16.420 millones. Es decir, que tendrá un incremento del 1% frente a la proyección inflacionaria del 10%.

Educación: un presupuesto que pone en riesgo todo el sistema

La norma aprobada elimina el piso mínimo de inversión en educación, que era del 6% del PBI. Además, se reducen, en términos reales, los fondos para Educación y Cultura en un 47,3% respecto a lo ejecutado en 2023. Lo mismo sucede con las partidas para Ciencia, Tecnología e Innovación, que se recortan en un 48,8%.

A eso se le suma la casi eliminación del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (FoNETP, creado por el Artículo 52 de la Ley 26.058), que sufrirá un recorte de niveles históricos, con un 93% menos para 2026 respecto al presupuesto ejecutado en 2023. En otro eje, las becas y transferencias para estudiantes acumulan un recorte real del 76,6%.

Por último, el presupuesto destinado a las universidades nacionales para 2026 sería el más bajo de las últimas dos décadas si no se cumple la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación fue ordenada recientemente por la Justicia.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, la inversión alcanzaría apenas el 0,47% del Producto Bruto Interno (PBI), el nivel más bajo desde 2005, y representaría una caída del 33,8% respecto a lo ejecutado en 2023.

Energía: menos subsidios

La asignación en subsidios económicos se propone en $8,0 billones, lo que significaría una
caída de 3,7%. Según la OPC, los subsidios a la energía se contraerían 4,4%, en función de una reducción proyectada de los subsidios a la energía eléctrica y al gas.

En el caso de energía eléctrica en 2025 se previó que los clientes residenciales y pequeños comercios paguen en promedio el 53% del costo de la energía, mientras que para 2026 se
propone una reducción de subsidios, de manera de ya cubran el 67% del costo.

En el caso del gas en 2025 la cobertura llegaría al 54%, estimándose una reducción de subsidios de modo de alcanzar el 61% promedio en 2026.

Un presupuesto propio por primera vez en la gestión Milei

El Presupuesto 2026 será el primer presupuesto aprobado por el Congreso durante la gestión del presidente Javier Milei. Durante sus dos primeros años de mandato, el Poder Ejecutivo gobernó con prórrogas presupuestarias, ante la falta de aprobación legislativa de los proyectos enviados por el Gobierno nacional.

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