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(ANSOL).- El 28 de noviembre, en la sede de la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC) en Ciudad Universitaria, se realizó la segunda Jornada en Defensa del Alimento Argentino.
El encuentro fue mucho más que una feria de productos o un evento testimonial: se consolidó como un espacio de deliberación política, en el sentido estructural del término. Fue un territorio de diálogo entre cooperativas, mutuales, sindicatos, universidades, organismos públicos y consumidores organizados, donde no solo se debatió sobre precios, accesibilidad o logística, sino sobre la dimensión estratégica del alimento en la Argentina contemporánea.
La apertura estuvo a cargo de Leticia Medina, de ADIUC; Alejandro Ferro, de Alimentos para la Nueva Argentina, y Nahúm Mirad, de Proveeduría Mutual Argentina. Los tres dirigentes plantearon un punto de partida preciso: en un escenario de deterioro social acelerado, discutir el alimento implica discutir poder, territorio y soberanía. No alcanza con hablar de qué se produce; la pregunta debe incluir quién produce, bajo qué condiciones, para quién y con qué horizonte de país.
El feriazo cooperativo que acompañó la jornada expresó esa premisa con claridad. Los productos no fueron una simple exhibición, sino la evidencia empírica de que existen circuitos alternativos al paradigma de concentración alimentaria.
Frutas y verduras de pequeños productores, lácteos cooperativos como los elaborados por Nueva Cotar (Rosario), panificación artesanal, conservas, yerbas y alimentos secos convivieron con propuestas agroecológicas de distintas regiones del país. Cada mesa era un nodo productivo que desafiaba la lógica corporativa dominante: productores y consumidores conectados sin intermediaciones abusivas.
El encuentro reunió a actores de la economía real y a funcionarios públicos. Estuvieron presentes Domingo Benso y Florencia Margariá, del Ministerio de Cooperativas y Mutuales de Córdoba; el legislador provincial Matías Chamorro; representantes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM).
Además, hubo representantes de organizaciones sociales y cooperativas de base como Sembradores Serranos, la Asociación Mutual Carlos Mugica, la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario, STIA Córdoba, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC), Cooperar, la Cátedra Libre de Agroecología y Soberanía Alimentaria (CLAYSA), el Movimiento Popular La Dignidad y la Cooperativa de Trabajo Sacha Yanasu Ltda.
Participaron también cooperativas productoras como Churqui Cañada, Zavalla, Nueva Esperanza o Raíz Serrana: eslabones invisibles para la agenda mediática, pero esenciales para el abastecimiento cotidiano.
El diagnóstico: un sistema alimentario fracturado
Las mesas de trabajo y los talleres expusieron con claridad la magnitud de la crisis alimentaria argentina. El primer dato es sanitario y social: casi 26 millones de personas presentan sobrepeso u obesidad, mientras que la baja calidad nutricional golpea con mayor intensidad a los sectores vulnerables.
La Canasta Básica de Alimentos, utilizada para medir la pobreza, no garantiza una dieta saludable. Los alimentos nutritivos cuestan en promedio un 37% más que el valor establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Comer bien dejó de ser un derecho y se convirtió en un acto de privilegio económico.
El segundo elemento es económico. A finales de 2023, los hogares destinaban el 60% del salario a bienes de consumo y el 40% a servicios. Hoy, esa relación está invertida: las tarifas, los alquileres y los servicios básicos se apropian de la mayor parte de los ingresos, dejando apenas un 40% para alimentos.
La expansión del uso de tarjetas de crédito para comprar comida introduce otro factor de vulnerabilidad: la alimentación como deuda y la comida como un bien financiado a plazo.
El tercer componente es estructural y afecta el corazón de la soberanía alimentaria: la concentración de la tierra. Entre los diez mayores terratenientes trasnacionales del planeta, tres operan en Argentina. Arauco controla casi 1,7 millones de hectáreas; el Grupo Benetton, 924 mil; Cresud —asociada a fondos como BlackRock— supera las 883 mil.
La eliminación de la Ley de Tierras mediante el DNU 70/2023 profundiza un modelo extractivo orientado a la concentración distributiva y decisoria. Aunque el tema se encuentra judicializado, el mensaje político ya se instaló: el país productor de alimentos puede terminar subordinado a intereses externos.
Esta fragilidad estructural impacta en sectores estratégicos. La industria láctea es un ejemplo extremo: caída del consumo, cierre de empresas tradicionales como ARSA o La Suipachense y dificultades financieras graves en firmas históricas como SanCor o Lácteos Verónica. El argumento oficial —importaciones abiertas para bajar precios— demostró sus límites.
La liberalización sin criterio amenaza a pequeños productores, destruye economías regionales e incluso pone en riesgo rubros exportadores como la yerba o la cebolla. Los precios pueden caer temporalmente, pero el ecosistema productivo se erosiona de manera irreversible.
El alimento como política pública
Las discusiones de la jornada coincidieron en un punto crucial: la soberanía alimentaria no es una consigna retórica ni un atributo ideológico. Es un mecanismo de supervivencia social. Cuando la producción local declina, el mercado se extranjeriza; cuando las cadenas de intermediación dominan, el precio se captura en eslabones que no generan valor nutricional; cuando los productores quiebran o abandonan, el sistema pierde resiliencia; y cuando el Estado se desentiende, el derecho a comer se convierte en un bien transaccional.
El saldo de la jornada fue doble. Por un lado, la visibilidad de experiencias concretas: cooperativas que producen, sindicatos que organizan el consumo, mutuales que proveen o sostienen cadenas de distribución y universidades que investigan modelos agroecológicos.
Por otro lado, la decisión de asumir una agenda institucional: conformar una mesa permanente de articulación entre los actores presentes. En ese esquema, los sindicatos aparecen como agentes centrales: no sólo como defensores de salarios, sino como organizadores de circuitos alimentarios alternativos en los que la comunidad de trabajo también es comunidad de consumo.
El 28 de noviembre dejó un mensaje nítido. Defender el alimento argentino implica defender el entramado productivo que lo hace posible, los territorios donde se cultiva, las organizaciones que lo distribuyen y las familias que lo sostienen. No se trata de romanticismo rural ni de nostalgia industrial. Es política pública en su forma más elemental: garantizar que la mesa de un pueblo sea abastecida por el trabajo de ese mismo pueblo.
