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(ANSOL).- La Mutual de Trabajadorxs de Industrias Tecnológicas (MIT) publicó el informe «Políticas de desarticulación de la solidaridad«, que reconstruye en detalle la ofensiva normativa, administrativa y discursiva que atravesó al cooperativismo y mutualismo argentino desde la llegada del presidente Javier Milei.
El documento combina análisis de bases de datos del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), revisión normativa y entrevistas a referentes del sector para mostrar cómo una secuencia de resoluciones y prácticas de control reconfiguró la relación del Estado con las entidades asociativas y produjo efectos inmediatos sobre su vigencia y capacidad organizativa.
Uno de los datos más relevantes del informe es que en el país están registradas 71.900 cooperativas y 12.800 mutuales, pero sólo 17.567 y 3.746, respectivamente, aparecen como vigentes —es decir, alrededor del 74% de las entidades creadas no se encuentra activamente operativa—.
Como si fuera poco, la MIT informó que la creación de cooperativas nuevas cayó a 1.094 (contra 4.346 creadas en 2023), lo que significa un 74,9% menos de un año a otro. Pero además se destaca que también se dio una retracción de 58,7% respecto del promedio de 2019–2023 (2.649). Se trata de un retroceso fuerte, sobre todo si se los compara con el mutualismo, donde hubo una caída pero menor: en 2024 se crearon 87, por debajo del promedio anual de 95,5 del período de Alberto Fernández.
Estas cifras sirven de telón de fondo para evaluar el impacto de la batería regulatoria reciente. El informe documenta una maniobra administrativa masiva: el Gobierno empujó al INAES a «intimar a 21.941 cooperativas y mutuales, muchas de ellas con fundamentos débiles o desvinculados con la normativa vigente», dice el informe. Entre los casos más reiterados figuran «intimaciones a cooperativas que aún se encontraban dentro del plazo legal de presentación de documentación, tratándolas como incumplidoras; acusaciones por domicilio compartido pese a que la normativa lo permite y es una práctica habitual —más aún en contextos de crisis económica—».
El resultado fue un clima de incertidumbre y estigmatización que, sostienen los investigadores de la MIT, excede casos puntuales y configura una política de disciplinamiento hacia la economía social. «Una de las acciones más graves del período es la suspensión masiva de cooperativas y mutuales, entidades que se encontraban en regla o incluso dentro del plazo legal de dos años que otorga la normativa vigente para la presentación de documentación«, expresa el informe.
La normativa para perseguir a las cooperativas y mutuales
La cronología normativa es uno de los aportes centrales del trabajo. El informe reconstruye el andamiaje: las resoluciones 878 y 879 de 2024 fueron el punto de partida (con plazos cortos y efectos sancionatorios), 1364/2024 actuó a mitad de año como una corrección a posteriori que mezcló alivios y sanciones, mientras que 2438/2024 y 3208/2024 introdujeron mecanismos más focalizados (por ejemplo, bajas directas en casos de entidades de medicina prepaga) y prórrogas que recalibraron el operativo.
En la práctica —advierte MIT— estas correcciones fueron parciales: muchas entidades siguieron con estados sancionatorios en los registros pese a las eximiciones declaradas. El trabajo presta especial atención a las denominadas “cooperativas de 3”, cuya habilitación había sido promovida por la normativa previa (resolución 1000/2021) como una herramienta de promoción y simplificación.
Los investigadores de la MIT sostienen que el nuevo viraje regulatorio puso ese esquema en el centro de la atención punitiva, con consecuencias concretas sobre la posibilidad de constituir organizaciones de pequeña escala, vitales en muchos territorios para sostener empleo y servicios. Y contextualiza esta disputa señalando que la política pública debería compatibilizar la promoción con controles razonables, no con clausuras masivas.
«El impacto ha sido contundente: el 90% de las entidades alcanzadas por estas resoluciones se vieron imposibilitadas de continuar con sus actividades. Del total, un 47% se encuentra actualmente en el estado de ‘retiro de autorización’, un 43% en estado de ‘suspendida’, y sólo una porción muy reducida aparece como ‘revoca autorización o cancelada’. Apenas un 9,2% de las entidades involucradas continúan vigentes, lo que refleja la magnitud del retroceso sufrido por el sector», graficaron.
Suspensión de cooperativas de limpieza, seguridad y correo
El informe de la MIT hace foco en otra línea de ataque de Milei: la prohibición de conformar cooperativas en sectores específicos. «Estas restricciones se remontan a la Resolución 2015/94 del gobierno de Carlos Menem, que inhabilitó cooperativas de limpieza, seguridad y correo. Durante la gestión de Alberto Fernández, la prohibición había sido revertida, pero Milei reinstauró la normativa menemista», explicaron.
La medida parte de una presunción de fraude o “cooperativas truchas” en estas ramas, invisibilizando su rol real en la organización laboral. El problema es que «al sancionar a priori a estas actividades, se desconoce que son precisamente sectores donde el cooperativismo permitió durante décadas sostener empleo, brindar servicios en condiciones más accesibles y organizar trabajo en contextos de precariedad».
De la promoción a la persecución y el desfinanciamiento
El informe de la MIT cuestiona el rol del INAES: «su rol se ha reducido a la fiscalización y sanción. No existen políticas de promoción ni acompañamiento, mientras se incrementa la persecución administrativa: rechazos de rendiciones, falta de financiamientos y ausencia de políticas de asistencia técnica».
Entre los detalles del ajuste en el INAES, desde la MIT aseguraron que «la energía institucional está centrada en encontrar errores y sancionar, en lugar de promover la vida asociativa. A ello se suma un desmantelamiento territorial y operativo que limita severamente su presencia federal: en el primer trimestre de gestión se registraron recortes del 89% en gastos de telefonía celular, reducción del 50% de la flota vehicular y la no renovación de contratos de delegados territoriales«.
Esto se da en un contexto donde la recaudación de la Contribución Especial sobre el
Capital de las Cooperativas durante 2024 fue de $67.967 millones, lo que implicó ingresos efectivos al Estado Nacional por $47.354,5 millones. Según establece la Ley 23.427, dichos recursos deben integrarse al Fondo para Educación y Promoción Cooperativa, cuya administración corresponde al INAES en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley 20.337.
El informe también documenta efectos colaterales en otras dependencias del Estado: por ejemplo, la aplicación restrictiva por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de criterios para la exención del impuesto a las ganancias en cooperativas, introduciendo requisitos no previstos por la ley y condicionando la seguridad jurídica del sector. Esa arbitrariedad administrativa, sostienen las autoras, profundiza la vulnerabilidad institucional y económica de las entidades asociativas.
Unirse en federaciones, sindicatos, universidades y gobierno locales
Frente a ese diagnóstico, las recomendaciones del informe son prácticas y políticas: articular mutuales y cooperativas con federaciones, sindicatos, universidades y gobiernos locales; fortalecer asistencia técnica y jurídica; garantizar procesos registrales transparentes y plazos razonables; disponer de líneas de financiamiento específicas; simplificar trámites y digitalizar registros; y promover un plan de fiscalización coordinada que respete el debido proceso y priorice riesgo real sobre criterios formales. La MIT plantea además la necesidad de contrarrestar la estigmatización discursiva con campañas de visibilización del aporte socioeconómico del sector.
El documento finaliza advirtiendo que «el gobierno actual de Javier Milei se ha decidido castigar a quienes, a través de la economía social y solidaria, sostenemos cotidianamente formas de trabajo, cuidado y producción que no dependen del lucro, sino de la cooperación», a lo que suman que «la secuencia normativa reconstruida muestra un punitivismo escalonado».
La MIT concluye el informe recomendando apostar por la «solidaridad organizada, intercooperación y democracia económica como bases para sostener trabajo con dignidad, innovar en clave de bien común y disputar sentidos frente al sálvese-quien-pueda». Se trata de desplegar la potencia de una economía que «ya existe y que, organizada, seguirá buscando promover el trabajo, cuidar lo común y ampliar la intercooperación».
