Con ACOVI a la cabeza, entidades vitivinícolas alertan por los resgos de la desregulación del INV
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(ANSOL).- Las principales entidades vitivinícolas del país, entre ellas la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (ACOVI), la Unión Vitivinícola Argentina (UVA) y cámaras productoras de Mendoza, San Juan, La Rioja, Salta y otras provincias, enviaron una nota conjunta al ministro de Economía, Luis Caputo, para manifestar su “profunda preocupación” por los efectos derivados de la desregulación del Digesto Normativo prevista en la Resolución 37/2025 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
La medida, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, elimina más de 900 normas y redefine el rol del organismo. Según las entidades firmantes, la desregulación “impacta directamente en la trazabilidad integral de la industria vitivinícola”, un sistema construido durante décadas que garantiza transparencia, control y seguridad en toda la cadena de valor.
En la nota, las organizaciones señalaron que acompañan reformas que mejoren la eficiencia y simplificación administrativa, pero advirtieron que la eliminación de instrumentos clave compromete la calidad del control público y la seguridad jurídica de miles de productores.
Las entidades destacaron la importancia de mantener los dos pilares históricos del sistema de control: la Declaración Jurada de Ingreso de Uva (CIU) y la Declaración Jurada Anual de Elaboración (CEC 05) con su anexo de terceros. La CIU —señalaron— es la única constancia fehaciente del ingreso real de uva al lagar, con peso, variedad y condiciones de entrega, y resulta indispensable especialmente para quienes elaboran bajo el régimen de maquila. En tanto, el formulario CEC 05 otorga continuidad administrativa a esa información, registrando volúmenes y titularidades de la producción.
“Ambos instrumentos constituyen la columna vertebral de la trazabilidad vitivinícola y permiten reconstruir el recorrido completo de la uva y sus derivados desde el viñedo hasta el consumidor final”, advirtieron. Su eliminación “fragmenta el sistema, genera incertidumbre y afecta la seguridad jurídica de miles de productores”, afirmaron.
Las entidades remarcaron que la trazabilidad es esencial para garantizar la autenticidad de los productos, proteger derechos de propiedad, mantener la calidad estadística del INV, sostener estándares internacionales y brindar confianza a los mercados interno y externo.
La nota lleva la firma de los ministros de Producción de las provincias vitivinícolas —entre ellos Martín de los Ríos Plaza (Salta), Ernesto Pérez (La Rioja), Leonardo Zeballos (Catamarca), Juan Carlos Abud Robles (Jujuy), Juan Pavón (Chubut) y Fernanda González (La Pampa)—, de sus pares de Desarrollo Económico, como Guillermo Bernaudo (Entre Ríos) y Carlos Banacloy (Río Negro), y de las principales cámaras del sector: ACOVI, UVA, la Federación de Cámaras Vitivinícolas, CAFEM, la Cámara Vitivinícola de San Juan, la Asociación de Viñateros de Mendoza y otras entidades.
Una idea de Sturzenegger
La postura contrasta con el planteo del ministro Federico Sturzenegger, quien defendió la Resolución 37/2025 afirmando que “derriba décadas de burocracia absurda” y que el INV debe enfocarse exclusivamente en garantizar la aptitud para consumo del vino, dejando optativos los controles de trazabilidad, que podrían realizarse de manera privada. Según el funcionario, la medida busca dar mayor flexibilidad a una industria que produce 900 millones de litros al año y exporta 800 millones de dólares, en un contexto internacional donde los hábitos de consumo cambian.
