Brasil reglamenta la logística inversa y las cooperativas de reciclaje ganan protagonismo económico
Google News
La gestión de residuos en Brasil atraviesa un cambio de paradigma hacia el reciclaje con la implementación efectiva del Sistema de Logística Inversa de Envases Plásticos. Aunque la Política Nacional de Residuos Sólidos fue sancionada en 2010, los niveles de recuperación real han sido históricamente deficientes.
Hasta el momento, apenas el 12% de los residuos plásticos se reciclaba y menos del 4% lograba reinsertarse en la cadena productiva. Esta ineficiencia estructural recaía sobre el trabajo no remunerado de las cooperativas de recolectores, quienes gestionaban los materiales de difícil reciclaje sin apoyo económico de las empresas generadoras.
A partir de este ciclo operativo, el Decreto 12.688 transforma el escenario al establecer metas obligatorias de recuperación con proyección al año 2040. La normativa distribuye responsabilidades legales de reciclaje entre fabricantes, importadores y consumidores, eliminando la informalidad que caracterizaba el vínculo con el sector asociado.
En esta nueva etapa, queda estrictamente prohibido que las compañías privadas transfieran sus residuos a las cooperativas sin un contrato formal que garantice el pago por el servicio ambiental prestado, reconociendo el valor económico de la clasificación y el acopio para un correcto reciclaje.
El rol del Movimiento Nacional de Catadores y la gobernanza digital
La construcción de este marco legal es el resultado de una incidencia política sostenida por el sector de la economía popular. El Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), con el apoyo de redes regionales, logró que el texto final incorporara la inclusión socioproductiva y la trazabilidad transparente como ejes rectores.
Esta participación activa garantizó que las redes de recolectores sean hoy consideradas actores estratégicos en la cadena de valor ambiental y no solo mano de obra de bajo costo.
Para asegurar que estas metas no queden en promesas, Brasil ha iniciado la ejecución de una gobernanza digital basada en facturas electrónicas auditadas. Estos documentos se vinculan al Sistema Nacional de Información sobre Gestión de Residuos Sólidos, permitiendo que cada tonelada de plástico que circula en el sistema sea demostrada y verificada por auditores independientes.
La logística inversa bajo este régimen estricto de cumplimiento eleva la transparencia y previene el «greenwashing» corporativo al exigir pruebas reales de circularidad.
Esta innovación propone un cambio en la propiedad y responsabilidad sobre el residuo. La ley concentra la obligación del destino final en los fabricantes, quienes deben integrar sus procesos con los municipios y las cooperativas locales.
Se crea así un sistema intersectorial donde la eficiencia económica de las empresas está ligada directamente al impacto social generado en los territorios, fomentando una inversión real en infraestructura para el sector cooperativo.
Financiamiento ambiental, reciclaje y debate por la Ley de Envases en Argentina
La normativa activa herramientas financieras diseñadas para dar sostenibilidad al modelo, como los Certificados de Crédito de Reciclaje de Logística Inversa y los Certificados de Estructuración de Embalaje. Estos bonos permiten que el reciclaje sea una actividad económicamente viable al atraer inversores mediante mecanismos de mercado regulado.
Por primera vez en la historia del país vecino, las cooperativas de recolectores tienen la facultad legal de ser contratadas y remuneradas directamente por sus servicios, transformando el cuidado del ambiente en un activo rentable.
Este avance en Brasil resuena con fuerza en el cooperativismo de Argentina, donde organizaciones como la FACCyR vienen impulsando la Ley de Envases con Inclusión Social. El sector argentino sostiene, en sintonía con el modelo brasileño, que la responsabilidad extendida del productor debe incluir una tasa específica para financiar los sistemas de reciclado municipales co-gestionados.
La experiencia de Brasil aporta un antecedente institucional de peso para demostrar que la inclusión de los trabajadores es el único camino para alcanzar metas de circularidad real.
En el plano local, la comparación permite observar que mientras Brasil avanza hacia una institucionalización con soporte digital y certificados transables, en Argentina la lucha se centra en el reconocimiento del servicio ambiental por parte de las gestiones municipales. La articulación con redes internacionales permite que estas legislaciones se espejen y fortalezcan.
El decreto brasileño marca un hito al crear un ciclo virtuoso donde la responsabilidad ambiental compartida genera beneficios económicos y fortalece la dignidad del trabajo asociativo mediante el cumplimiento de contratos auditables y pagos verificados por tonelada recuperada.
