Ley Hojarasca: FECEABA advirtió que el proyecto aumentaría hasta 200% los impuestos de las escuelas
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En el marco del debate por la denominada “Ley Hojarasca” en la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG de la Cámara de Diputados, las cooperativas de enseñanza sumaron una voz crítica al proyecto impulsado por el Gobierno nacional, al advertir sobre su impacto económico y conceptual en el sector.
La iniciativa propone, entre otros puntos, la derogación de la Ley 11.380, que establece la exención sobre los edificios y construcciones de las cooperativas. De avanzar, esta modificación alteraría la base de cálculo de la contribución especial prevista en la Ley 23.427, incrementando la carga tributaria sobre las entidades.
En representación de la Federación de Cooperativas de Enseñanza de Buenos Aires (FECEABA), Serena Verónica Colombo expuso la situación específica de las Escuelas de Gestión Social y Cooperativa (EGS), un modelo educativo de base comunitaria que articula pedagogía crítica, educación popular y compromiso territorial.
“No voy a hablar de las cuestiones impositivas, porque ya lo hicieron muy bien, pero en nuestro caso, que es el de la Cooperativa Mundo Nuevo, esta Ley Hojarasca aumentaría nuestros impuestos en un 200%, y eso nos dañaría”, afirmó.
FECEABA: “entender que las propiedades de las cooperativas no son de ninguna persona es muy importante».
Sin embargo, la dirigente fue más allá del impacto tributario y planteó un cuestionamiento estructural al enfoque del proyecto: “Más allá del daño económico, hay algo de la lógica del sistema impositivo con respecto al movimiento cooperativo que no está comprendida nunca en los trámites que tenemos que hacer, en los impuestos a pagar, en las jubilaciones por cobrar. No ha habido hasta ahora ni imaginación ni voluntad política para cambiar el sistema, y esto sigue dañando al movimiento”.
En ese sentido, remarcó una diferencia central entre las cooperativas y las empresas con fines de lucro: “Entender que las propiedades de las cooperativas no son de ninguna persona ni de ninguna empresa es muy importante. Cuando una cooperativa se liquida, se paga a los deudores y los bienes le quedan al Estado. Entonces, ¿cómo van a gravar los inmuebles si ni siquiera son nuestros?”, dijo Colombo.
La docente de Mundo Nuevo también citó la definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el carácter del cooperativismo: “Están fundadas en el esfuerzo propio y ayuda mutua para brindar servicios, para evitar la ilegítima explotación del trabajo del hombre. No se la concibe en un espíritu de lucro”, recordó.
Desde FECEABA advirtieron que la sanción de la ley “perjudica a cooperativas que funcionan aún en el contexto de la recesión actual” y que el patrimonio del sector “tiene un destino diferente al de las empresas, ya que lo que ingresa es para el colectivo y el beneficio de la comunidad”.
En ese marco, Colombo concluyó que “agregar esta carga tributaria es un error”, al considerar que el proyecto no contempla las particularidades del modelo cooperativo ni su rol social en el sistema educativo.
Las Escuelas de Gestión Social y Cooperativa representan una experiencia educativa con fuerte anclaje territorial, sostenida por docentes y comunidades que promueven valores de solidaridad, participación y compromiso social. En ese sentido, desde el sector remarcan que cualquier modificación normativa que afecte su sustentabilidad impacta directamente en el acceso a la educación en numerosos barrios y localidades.
La intervención de FECEABA se sumó así al rechazo generalizado expresado por el movimiento cooperativo, que alertó sobre las consecuencias fiscales y sociales del proyecto en debate.
