Certificado MiPyME 2026 para cooperativas: advierten que la resolución “no resuelve el problema de fondo”
Google News
A días de la entrada en vigencia de la Resolución N° 1/2026 que actualiza los parámetros del Certificado MiPyME y modifica el criterio de verificación para cooperativas, en el sector comienzan a surgir evaluaciones más críticas sobre su alcance real. Si bien la normativa fue presentada como un avance para simplificar el acceso, distintas voces advierten que las dificultades estructurales persisten.
En este contexto, el economista y gerente de la Confederación de Cooperativas de la República Argentina Ltda. (COOPERAR), César Basañes sostuvo que “esta resolución no resuelve el problema de fondo». Para el especialista, la raíz del conflicto se remonta a la modificación introducida por la disposición 88/2023 sobre la Resolución 220/2019, «que incorporó una definición de empresa que dejó afuera a las cooperativas«. A partir de allí, el esquema exige que estas entidades solo puedan registrarse si demuestran que todos sus socios cuentan con certificado MiPyME.
Según explicó Basañes, a partir de esa modificación previa, “las cooperativas solamente pueden registrarse si demuestran la condición de que todos los socios tienen certificado MiPyME”, una exigencia que en la práctica se volvió difícil de cumplir para entidades con gran cantidad de asociados.
Certificado MiPyME 2026: Un cambio limitado en la práctica
Si bien COOPERAR aún no se expresó al respecto, Basañes reconoció que la nueva resolución introduce cierta facilidad, aunque de manera acotada. “En algún punto esta resolución flexibiliza, por la interpretación que están haciendo las autoridades del registro, que es que no se va a exigir la condición de MiPyME a los asociados que sean personas físicas y que no tengan actividad económica”, señaló.
Sin embargo, aclaró que esta excepción no alcanza a todos los casos: “si sos persona física y sos monotributista, sí van a exigirte que tengas el registro MiPyME”. En ese sentido, consideró que “es un tema muy limitado, que puede ayudar a algunos, pero no me parece que tenga nada más significativo”.
Persisten las cargas administrativas
Uno de los principales cuestionamientos del sector apunta a la continuidad de las exigencias sobre los asociados. Es que las cooperativas de trabajo van a seguir obligadas a esta carga administrativa de registrar a todos los monotributistas. «Las cooperativas de servicios públicos —que son las más complejas— van a solucionar el problema solo para aquellas personas físicas que no tengan actividad impositiva activa”, dijo el especialista.
De esta manera, advirtió que “todo el resto de las personas físicas, por ejemplo los monotributistas, y todas las empresas socias de la cooperativa van a tener que tener registro MiPyME, si no, no va a salir la renovación del certificado”.
Un problema estructural sin resolver
Basañes aportó un dato clave sobre el universo de asociados. “Para que tengas una idea, el 80% de los monotributistas no tiene un registro MiPyME”, afirmó, al explicar que muchos no lo consideran un beneficio relevante. Esto implica que, en la práctica, “los asociados monotributistas no van a estar inscriptos mayoritariamente, así que sigue siendo un dolor de cabeza”.
Finalmente, Basañes planteó que la solución de fondo sigue pendiente: “seguimos sin comprender por qué no se soluciona el problema de fondo, que sería muy sencillo: simplemente aceptar que las cooperativas son empresas y por lo tanto tienen que cumplir los requisitos de cualquier otra empresa, sin este disparate de exigir a todos sus asociados que tengan un certificado que ni siquiera necesitan”.
Hasta el momento, desde COOPERAR no hubo un posicionamiento institucional formal sobre la resolución, mientras las federaciones y confederaciones del sector continúan analizando su implementación concreta y el impacto real sobre el acceso al Certificado MiPyME.
