Finanzas feministas: los datos de un informe que sintetiza 25 experiencias de Argentina, Colombia, Brasil y España
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Las organizaciones de España Finançament Ètic i Solidari (FES) y Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES) coordinaron la investigación «Avanzando hacia unas finanzas feministas«. La misma sistematiza las experiencias de economía social y solidaria de 25 organizaciones de Argentina, Colombia, Brasil y España.
El informe resultante sobre finanzas feministas se presentó a principios de marzo, a través de un Zoom en conjunta con todas las investigadoras de cada país y, además de hacer un diagnóstico de las finanzas en organizaciones de mujeres, propone una agenda de propuestas posibles.
Esto, entendiendo que el sistema financiero actual «está completamente alejado de la economía real y se basa en la especulación y en la generación de deuda, tanto de los estados como de los hogares, especialmente del Sur global y afecta severamente a las mujeres y disidentes de género o sexuales», indica el informe.
El objetivo del informe de finanzas feministas es poder visibilizar esas estrategias ya existentes en las organizaciones de mujeres, diversidades y feministas que presentan una resistencia financiera y económica a las crisis sistémica global.
María Eva Raffoul Sinchicay, del espacio Feminismos Autogestivos y de Fundación La Base, explicó a ANSOL que la invitación a participar les llegó desde FES y XES con quienes venían capacitándose sobre finanzas feministas desde hace dos años. «Esa articulación nos permitió entender que estábamos en el mismo camino de trabajar la perspectiva de género en las finanzas éticas, solidarias y sostenibles«, señaló. La Base fue la organización responsable de la investigación en Argentina.
«Nos resultó difícil elegir a quién entrevistar (cada país entrevistaba cinco experiencias, contando a Cataluña como estado independiente), la diversidad es muy amplia», comentó. En Argentina, las organizaciones sociales y solidarias entrevistadas fueron Red Puna, de Jujuy; Amazonas y Puentes del Sur, de Buenos Aires; La Nosotredad, de Mendoza, y Soltrecha, de Chaco.
El trabajo previo lo hicieron de forma conjunta, para acordar conceptos. «Entendimos que usábamos palabras diferentes para nombrar conceptos que considerábamos similares. Coincidencias en marcos normativos y de categorías de la economía social y solidaria que compartimos más con Brasil y con Colombia, que con España. Fue un espacio de enriquecimiento mutuo», relató Raffoul Sinchicay.
Un ejemplo concreto que nombró Raffoul Sinchicay sobre estas diferencias y acuerdos metodológicos previos fue la idea de «ganancias». Explicó que ese concepto en Argentina no se acostumbra usar cuando se habla de cooperativismo. «Incluso en el mundo de la finanzas solidarias, tal vez, hablamos de excedentes o de márgenes, pero no de ganancias, que lo consideramos de la economía del capitalismo», remarcó y agregó: «No es que esté mal o bien, solo es diferente y un ejemplo concreto».
Cuando debían definir qué era «presupuesto» para cada organización fue complejo, indicó, al comparar montos en los tres países latinoamericanos y lo que se maneja en España.
Los resultados del informe de finanzas feministas
La mayoría de las organizaciones entrevistadas, un 55% trabaja en sectores típicamente feminizados: 6 proyectos producen manufacturas en el sector textil y/o artesanías, otros 6 se dedican a lo que llaman “acción feminista” (acompañamiento a la autonomía económica de las mujeres, atención a violencias, salud reproductiva, asesoramiento en planes de igualdad, investigación y educación feminista) y 2 son cooperativas de cuidados, que ofrecen desde atención domiciliaria a servicios de limpieza o cuidado puntual de infancia y vejez.
«Las cooperativas de cuidados son un ejemplo de iniciativas que parten del juntarse y darse apoyo mutuo, sin más recursos que el propio trabajo, en un sector socialmente poco valorado, mal pagado y que compite con un mercado informal y muy precarizado». No es menor, de todos modos, que el 26% rompen la segregación horizontal y se dedican a sectores típicamente masculinizados: mensajería; servicios tecnológicos, y proveeduría de energía renovable.
Con respecto a las fuentes de financiación de las organizaciones, el 35% se desprenden de la venta de sus productos o servicios a particulares. Si se le suma el 12% de los aportes de los mismos socios y socias, indica que la mitad de las finanzas, un 47% se sustenta autogestivamente. También allí se puede considerar el 8% de apoyo comunitario.
El segundo en mayoría, con un 20%, son fondos públicos, donde aparece la presencia del Estado también como fundamental en la economía, como facilitador de políticas públicas específicas.
El panorama en Argentina
En palabras de las coordinadoras de La Base: «La financiación de la economía social, solidaria, popular, feminista tuvo un interesante desarrollo en los últimos 20 años, de la mano de políticas públicas de nivel nacional, provincial e incluso municipal, con su emblema en la Ley Nacional de Microcrédito del año 2006″.
«Lamentablemente, se ha destruido una gran parte de todas las políticas e instrumentos públicos generados a lo largo de estos últimos años«, indicó. El análisis destaca el movimiento de empresas recuperadas tras las crisis de 2001 y también el auge del concepto de “economía popular”, así como las amplias ofertas en formaciones académicas en economía social.
«Creo que el resultado es un informe super potente que nos da pistas para seguir pensando estos de las finanzas solidarias con perspectiva de género, en base a lo que hicimos, pero también nos plantea una agenda de trabajo en adelante», dijo Raffoul Sinchicay a la agencia.
Propuestas del informe
En las propuestas finales, el informe condensa aprendizajes y recomendaciones para «colectivizar el camino» y abrirlo a actores financieros del Sur y del Norte global.
Primeramente, la necesidad de aplicar una mirada situada y feminista que reconozca las condiciones de partida desiguales; características del sistema capitalista, colonial y héteropatriarcal.
Esta mirada implica profundizar en flexibilidad y adaptabilidad, promover convocatorias específicas según tipologías organizativas, adecuar ritmos y procesos a cada iniciativa, financiar el refuerzo de estructuras internas y equipos, y explorar fondos descentralizados, además de revisar críticamente los criterios de impacto y su medición.
En segundo lugar, se propone incorporar cláusulas sociales y criterios de financiación que valoren la sostenibilidad de la vida, apelando a la responsabilidad de los actores financieros para reconocer e incentivar las prácticas de economías feministas por la transformación que representan. La administración pública aparece como un actor clave para facilitar ecosistemas favorables mediante alianzas público-cooperativas.
En tercer lugar, la recomendación de distribuir el riesgo de forma colectiva y promover colaboraciones entre financiadores y entidades intermediarias, para negociar líneas de financiación de manera compartida, de modo que los riesgos se repartan a lo largo de la cadena y no recaigan solo sobre las organizaciones de base, ya tensionadas.
Finalmente, se plantea la importancia de acceder a financiación a través de estructuras compartidas, como organizaciones de segundo grado, polos cooperativos o redes sectoriales y territoriales.
El equipo de finanzas feministas
Miriam Nobre y Beatriz Schwenck (SOF – Sempreviva Organização Feminista, Brasil); Ana Isabel Arenas (Mesa de Economia Feminista Bogotá-MEF); María Atienza de Andrés (REAS – Red de redes de Economía Alternativa y Solidaria, Estado español); María Eva Raffoul y Sofía Tirachini (La Base, Argentina).
