Plataformas digitales para el bien común: servicios públicos de gestión cooperativa
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Cada vez que pedimos una entrega, llamamos un auto o contratamos un servicio de cuidados a través de una aplicación, participamos en una transacción que parece simple, pero esconde una arquitectura de poder muy particular. Alguien diseñó el algoritmo que asigna el trabajo. Alguien fijó la comisión. Alguien decide qué datos se guardan y para qué. Ese alguien no es el repartidor, ni la cuidadora, ni el usuario: es un fondo de inversión con sede en otro continente.
El debate sobre las plataformas digitales de trabajo suele reducirse a la pregunta laboral: ¿son empleados o independientes los trabajadores? Es una pregunta importante, pero insuficiente. El problema más profundo es de propiedad y gobernanza: ¿quién debería ser dueño de la infraestructura que organiza trabajo esencial en nuestras ciudades?
Este artículo propone que esas plataformas —de reparto, movilidad, cuidados, entre otras— tienen la naturaleza de servicios públicos, y que la forma más adecuada de organizarlas son las cooperativas; en particular las de múltiples actores: estructuras donde quienes trabajan, quienes usan y quienes habitan el territorio son al mismo tiempo sus dueños y gobernantes.
Plataformas como infraestructura esencial
El reparto de alimentos, el transporte urbano y el cuidado de personas mayores o niños no son servicios superfluos. Son parte de la infraestructura cotidiana que hace posible la vida en las ciudades contemporáneas. Cuando una plataforma organiza ese trabajo a escala, no está simplemente conectando oferta y demanda: está operando infraestructura social.
Esa infraestructura, además, se apoya en bienes públicos que nadie construyó solo: calles y espacios urbanos financiados colectivamente, redes de telecomunicaciones con concesiones del Estado, marcos regulatorios que habilitan la operación y, sobre todo, el trabajo de miles de personas que con su actividad cotidiana generan el valor del que la plataforma extrae su ganancia.
Hay una palabra para los servicios que satisfacen necesidades básicas, operan sobre infraestructura colectiva y tienen efectos sobre toda la comunidad: servicios públicos. La pregunta no es si estas plataformas tienen esa naturaleza —la tienen— sino quién las gobierna y en beneficio de quién.
Una tradición con historia propia
El cooperativismo no es una novedad teórica. Es una práctica con siglos de existencia: las mutuales obreras, las cooperativas de crédito, los sistemas de salud comunitarios, las cooperativas de servicios públicos rurales. En todos esos casos, comunidades que compartían una necesidad decidieron organizarse colectivamente para satisfacerla.
Lo que es nuevo no es la lógica sino el objeto: aplicar esa tradición asociativa y solidaria a las plataformas digitales de trabajo. Y la pregunta que surge naturalmente es si esa lógica es adecuada para este tipo de infraestructura.
La respuesta es que no solo es adecuada, sino que se ajusta mejor que cualquier otra a su naturaleza específica: servicios cuyo valor depende de la participación activa de múltiples comunidades interdependientes —quienes trabajan, quienes usan, quienes habitan el territorio— y que por tanto deberían ser gobernados por ellas.
La cooperativa multiactor: quién decide y para qué
Una cooperativa de plataforma es aquella en la que quienes producen y usan el servicio son también sus socios y gobernantes. No hay accionistas externos que extraigan valor sin participar en la actividad. Las decisiones sobre cómo funciona el algoritmo, qué comisión se cobra, cómo se distribuye el excedente y cómo evoluciona el servicio las toman las personas con intereses reales en su funcionamiento.
El modelo que mejor expresa esto es la cooperativa de múltiples actores: una estructura que integra en la propiedad y la gobernanza a trabajadores, usuarios y, en algunos casos, a representantes de la comunidad territorial. Esta forma reconoce que el valor de una plataforma depende de múltiples partes interdependientes, y que alinear sus intereses en la estructura legal es más eficiente —y más justo— que mantenerlos permanentemente en tensión.
Esta estructura tiene consecuencias directas sobre dos elementos que en las plataformas extractivas son opacos e inaccesibles: algoritmos y datos. Los algoritmos que asignan trabajo, calculan precios y gestionan reputaciones dejan de ser caja negra: son diseñados, auditados y modificados por las mismas personas que los habitan. Y los datos que trabajadores y usuarios generan con su actividad cotidiana dejan de ser activo privado de la empresa: se convierten en bien común, gestionado con transparencia y con usos definidos por la comunidad que los produce.
Esto tiene consecuencias concretas sobre las personas. Los trabajadores no son proveedores externos a los que se les extrae el máximo posible: son socios con voz en las condiciones de su propio trabajo. Los usuarios no son consumidores pasivos: participan en la definición del servicio que reciben.
Rentabilidad mínima necesaria
El concepto que articula todo el modelo es el de rentabilidad mínima necesaria. No es un rechazo de la sostenibilidad económica —una cooperativa que no puede sostenerse no sirve a nadie— sino una inversión de jerarquías.
En las plataformas extractivas la lógica es: maximizar rentabilidad para el capital y ajustar condiciones laborales, precios y calidad del servicio a ese objetivo. El trabajador y el usuario absorben los costos de la maximización del retorno al inversor.
La rentabilidad mínima necesaria invierte esa jerarquía. Primero se define qué servicio se quiere prestar, en qué condiciones laborales dignas, a qué precio accesible. Luego, se calcula cuánto excedente es necesario para sostener y reproducir eso. El excedente no desaparece, pero pierde su lugar como objetivo y se convierte en instrumento.
Ese excedente mínimo necesario tiene tres destinos posibles, decididos democráticamente: sostener la operación y reponer infraestructura tecnológica, financiar un fondo de inversión colectiva para mejorar y expandir el servicio, y distribuir retornos entre los socios —trabajadores, usuarios, comunidad— según reglas acordadas. Lo que no existe es la extracción hacia capital externo que no participa en la actividad.
Esto hace visible algo que suele ocultarse: la «rentabilidad» de Uber o Rappi no es una ley natural de la economía de plataformas. Es una elección distributiva. El margen que va al fondo de inversión global es exactamente lo que en el modelo cooperativo quedaría en manos de quienes producen y usan el servicio.
Escala sin concentración: el modelo federativo
Una objeción legítima es la de escala. Las plataformas extractivas tienen ventajas de red reales: cuantos más usuarios y trabajadores, más eficiente es el servicio. ¿Pueden las cooperativas competir en ese terreno?
La respuesta no pasa por replicar el modelo de crecimiento concentrado, sino por la federación. Cooperativas locales o sectoriales que comparten infraestructura tecnológica, estándares de interoperabilidad y recursos de desarrollo pueden generar efectos de red sin concentrar poder. Es el mismo principio que permitió a las cooperativas de crédito construir sistemas de pagos que compiten con la banca privada, o a las cooperativas eléctricas rurales construir redes que el mercado nunca hubiera tendido.
En Argentina, la experiencia de FACTTIC (Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento) ofrece un modelo organizativo de referencia: entidades autónomas que comparten capacidades, representación y desarrollo colectivo sin perder su gobernanza local. El software libre es condición de posibilidad de este modelo: la infraestructura tecnológica compartida no puede estar bajo propiedad privada si se quiere preservar la autonomía de cada cooperativa y la soberanía colectiva sobre las herramientas que sostienen el servicio.
Una disputa por la infraestructura del futuro
Las plataformas digitales de trabajo no son un fenómeno pasajero. Son la infraestructura sobre la que se organiza una parte creciente del trabajo urbano y de los cuidados. La pregunta sobre quién las posee y para qué es, en ese sentido, una pregunta sobre el modelo de ciudad y de sociedad que queremos.
La propuesta de organizarlas como cooperativas de múltiples actores, con rentabilidad mínima necesaria como principio económico rector, no es utópica. Es la aplicación de una lógica cooperativa con siglos de historia a una infraestructura nueva. Las herramientas jurídicas, tecnológicas y organizativas existen. Lo que falta es voluntad política, financiamiento solidario y un movimiento que dispute ese terreno.
Ese movimiento ya existe, en Argentina y en el mundo. Este artículo es una invitación a sumarse.
