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(ANSOL).- El Gobierno hizo el anuncio de distintos cambios mediante decretos presidenciales que fueron también aprobados por el Directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y que derogan, y a su vez modifican una serie de normas centrales que regulaban la actividad.
Una de las resoluciones eliminadas, publicada en el Boletín Oficial, fue la que imponía estándares de calidad y que penaba el exceso de palo en la yerba elaborada, la presencia de contaminantes, incumplimientos del Código Alimentario Argentino, prácticas prohibidas en la cosecha, deficiencias de higiene y seguridad, exceso de semillas o materiales extraños, y fallas en la secanza, el estacionamiento y el control de humedad, entre otros puntos.
Al mismo tiempo, dejaron sin efecto otras tres resoluciones clave: se modificó el régimen sancionatorio vinculado a las declaraciones juradas y quedó ratificado que el rol del INYM debe ser solo de control de calidad, trazabilidad y salubridad, sin intervenir en la formación de precios, competencia u oferta y demanda.
Este último punto había quedado establecido en el Decreto 812/2025, que le quitó definitivamente la posibilidad al organismo de establecer el valor de referencia de la materia prima que perciben los productores. Definición alineada con el anterior Decreto 70/2023 que impulsó el «a posterior» ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y que le quitó previamente las facultades de fijar precios productivos al organismo nacional.
De esta forma, el gobierno nacional y el nuevo presidente del INYM, recientemente seleccionado por el poder ejecutivo, el contador público Rodrigo Martín Correa, profundizaron la desregulación del mercado yerbatero y de los controles de calidad del producto.
Hace unas semanas La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) señalaba en un comunicado “que las familias yerbateras son las que sufren la caída del precio de la hoja verde mientras que los manufactureros aprovechan la salida de juego del Instituto Nacional de la Yerba Mate, por decreto de Milei, para imponerles precios por debajo de los costos de producción”.
Informe del CEPA: mercado de la Yerba Mate
Según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre el sector, “la producción primaria de yerba mate se encuentra atomizada, con 12.000 pequeños productores. La cuenca de producción cuenta con 228 establecimientos que operan como secaderos registrados a nivel nacional y 105 industrias molineras y fraccionadoras”.
“Pero la cuestión se agrava por la decisión del gobierno de reducir impuestos por 120 días a las importaciones de productos de primera necesidad incluidas las materias primas y la primera elaboración de yerba mate”, detalla el informe. Es inevitable una mayor concentración del mercado en pocas empresas y a la vez, una progresiva desaparición de pequeños productores, que en su mayoría están asociados en cooperativas yerbateras.
“De acuerdo a los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), las importaciones de yerba mate canchada y yerba mate molida (lista para empaquetar), proveniente de Paraguay y Brasil, en los primeros seis meses de año 2024 alcanzaron 7,18 millones de kg., 394% más que el año 2023.
A la vez, “el consumo interno, producto de la sensible caída del poder adquisitivo, cayó 15 puntos en el primer semestre del año. Los datos estadísticos registrados por el INYM revelan que el volumen de yerba mate elaborada a salida de molino alcanzó el valor más bajo de los últimos 6 años” señala el informe de la entidad.
Más concentración, menos competencia
El camino trazado por el gobierno nacional para la desregulación de la yerba mate elimina restricciones de producción y controles de calidad, liberando el mercado y provocando una profunda crisis para productores de la agricultura familiar y cooperativas, por la caída de precios y el aumento de costos, que generan además más precarización laboral y pérdida de calidad del producto.
El precio que reciben los productores por la hoja verde se desplomó, quedando muy por debajo de sus costos de producción, llegando a pagar menos de $200 pesos el kilo cuando necesitaban más de $500 para alcanzar la competitividad.
Siguiendo esta línea, este proceso de desregulación pone fin también a las restricciones a las plantaciones, con la eliminación de los límites a la expansión de hectáreas sembradas de yerba, fomentando el crecimiento de la producción de los grandes productores y la concentración de empresas del sector.
Con esta ecuación, los grandes actores de la industria se benefician de precios bajos y menor regulación y los pequeños productores enfrentan caída de ingresos reales, endeudamiento, dificultad para cubrir costos, generando riesgo de quiebra y es por eso que denuncian el «desmantelamiento» del sector, un «negocio para pocos», y la vulneración de derechos.
El esquema de concentración es claro. En la actualidad son 10 las marcas de yerba mate que se llevan más del 70% del mercado interno: Taragüí (producida por Las Marías), Playadito (Cooperativa Liebig), Amanda (La Cachuera), Rosamonte (Hreñuk), Cbsé (Establecimiento Santa Ana), Cruz Malta (Molinos Río de La Plata), Aguantadora (Cooperativa Montecarlo), Andresito (Cooperativa Andresito), La Tranquera (Llorente) y Piporé (Cooperativa Productores de Yerba Mate de Santo Pipó).
