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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reconoció los avances de Argentina en la implementación de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, destacando mejoras en la coordinación interinstitucional, la articulación en las investigaciones y el uso efectivo de la cooperación internacional. En ese marco, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) trabaja junto a distintas agencias del Estado en la adecuación a las recomendaciones pendientes de la Fase 3 Bis vinculadas a su ámbito de competencia.
El reconocimiento se produjo en el marco de la sesión plenaria realizada entre el 16 y el 19 de marzo en París, donde se valoró el trabajo conjunto entre los tres poderes del Estado, el Ministerio Público Fiscal y la Cancillería Argentina. En ese proceso también participó el INAES, que viene articulando con distintos organismos en función de las recomendaciones internacionales.
Según el informe del Grupo de Trabajo sobre Cohecho, desde la evaluación de Fase 3 Bis de 2017 se registraron avances concretos, como la presentación de 17 nuevas denuncias por cohecho en el extranjero y la resolución en 2025 del primer caso contra una persona física en el país.
Asimismo, organismos especializados como la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) fortalecieron sus capacidades analíticas y adoptaron enfoques más proactivos, especialmente en materia de cooperación internacional.
Un paso relevante hacia el acceso a la OCDE
El sistema de evaluaciones de la OCDE tiene carácter evolutivo y se estructura en distintas fases. Argentina ya atravesó instancias como Fase 1, Fase 2, Fase 3 y Fase 3 Bis, junto a seguimientos realizados entre 2019 y 2023. Actualmente, el país se encuentra en proceso de evaluación de Fase 4, que comenzó en el primer semestre de 2025 y continúa en la primera parte del 2026, que se caracteriza por ser una instancia “hecha a medida” para abordar las dificultades específicas en la implementación de los estándares.
Entre ellas, el rol del INAES se destacó en la Fase 3 Bis y la Recomendación 9(A), que plantea la necesidad de fortalecer las normas contables y promover la adopción de estándares internacionales, como las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), en sociedades no cotizantes y empresas estatales.
El informe también subraya que estos avances representan un paso relevante en el camino hacia el ingreso de Argentina a la OCDE, en línea con la estrategia de inserción internacional impulsada por el Gobierno nacional.
No obstante, el organismo advirtió que persisten desafíos estructurales, como la falta de un marco legal integral de protección a denunciantes, demoras en los procesos judiciales y la escasa cantidad de casos que avanzan hasta instancia de juicio. También señaló que, a ocho años de la Ley de Responsabilidad Empresaria, aún no se registran sanciones a personas jurídicas por cohecho internacional.
En ese sentido, la OCDE recomendó avanzar en la aprobación de una normativa de protección a denunciantes, garantizar la resolución de los casos sin demoras indebidas, implementar plenamente el Código Procesal Penal Federal y reducir el número de vacantes judiciales.
El Grupo de Trabajo sobre Cohecho, integrado por 46 países, continuará monitoreando el desempeño argentino en la próxima evaluación de Fase 4, en un proceso clave para consolidar los avances y cumplir con los estándares internacionales en la materia.
