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Naciones Unidas constató un crecimiento de la atención jurídica, normativa e institucional sobre la Economía Social y Solidaria (ESyS) y un avance paralelo en la producción de estadísticas sobre el sector, aunque advirtió que el desarrollo continúa siendo desigual entre países y regiones. El organismo señaló que existe una mayor cantidad de estrategias, planes, leyes y mecanismos de apoyo, pero que todavía hay más evidencia de adopción formal de medidas que de su aplicación efectiva y de resultados duraderos para las organizaciones, sus trabajadores, asociados, usuarios y comunidades.
La evaluación forma parte del informe A/81/288, “Promoción de la economía social y solidaria para el desarrollo sostenible”, presentado por el Secretario General ante la Asamblea General el 29 de julio de 2026, en cumplimiento de la resolución 79/213. El documento analiza la evolución de las políticas públicas, la cooperación entre Estados, la incorporación de la ESyS a los procesos multilaterales, su integración en la planificación del sistema de Naciones Unidas y el respaldo otorgado por instituciones financieras y bancos de desarrollo.
Más reconocimiento, pero una aplicación todavía desigual
El informe toma como referencia la definición de Economía Social y Solidaria aprobada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2022 e incorporada posteriormente a resoluciones de la Asamblea General. Bajo esa concepción, la ESyS comprende a empresas, organizaciones y entidades que desarrollan actividades económicas, sociales o ambientales de interés colectivo o general y que funcionan sobre principios de cooperación voluntaria, ayuda mutua, gobernanza democrática y participativa, autonomía e independencia.
La definición también contempla la primacía de las personas y la finalidad social por sobre el capital en la distribución y utilización de excedentes, beneficios y activos. Las entidades buscan viabilidad y sostenibilidad a largo plazo, pueden contribuir a la transición de la economía informal a la formal y están presentes en distintos sectores de la economía. Según las circunstancias nacionales, el universo incluye cooperativas, asociaciones, mutuales, fundaciones, empresas sociales y otras entidades que funcionan de acuerdo con esos valores y principios.
El relevamiento muestra que los Estados avanzaron en medidas vinculadas con el reconocimiento, la gobernanza, la representación y la supervisión. Sin embargo, el propio informe advierte que la información disponible permite conocer mejor la existencia de disposiciones formales y mecanismos administrativos que su accesibilidad, aplicación concreta o impacto sobre las organizaciones y las personas que las integran.
En ese proceso, Brasil estableció una política y un sistema nacional de Economía Solidaria, mientras que Costa Rica creó un marco jurídico para las organizaciones socioproductivas de la ESyS, con mecanismos de certificación, coordinación interinstitucional y un observatorio. España, por su parte, aprobó una ley integral que revisó la legislación vigente sobre economía social, cooperativas y empresas sociales de inserción laboral.
También se multiplicaron las estrategias nacionales y subnacionales. Finlandia y Letonia adoptaron estrategias o planes nacionales; Quebec aprobó su Plan de Acción para la Economía Social 2025-2030; Côte d’Ivoire aprobó una estrategia nacional para 2025-2027 y Colombia anunció una política pública y un plan decenal para la economía popular y comunitaria. En otros países continuaron los procesos preparatorios, con consultas, comités nacionales y planes de acción en elaboración.
Financiamiento: el desafío que sigue pendiente
Uno de los principales reclamos que atraviesa el documento es el acceso a recursos. Los Estados ampliaron las herramientas de apoyo financiero y no financiero, pero el alcance, el diseño y el grado de ejecución de esas medidas son muy diferentes. Además, la información disponible se concentra con frecuencia en la existencia de los programas y no en sus efectos sobre la viabilidad de las organizaciones, los ingresos, las condiciones laborales o los medios de vida.
Entre las experiencias relevadas aparecen instrumentos específicamente adaptados a modelos de propiedad colectiva, cooperativas de trabajadores y sociedades mutualistas. Italia actualizó la medida “Nuova Marcora”, destinada a financiar cooperativas de trabajadores y sociales, incluidas aquellas surgidas a partir de la adquisición de empresas por parte de sus trabajadores. Malí respaldó a sociedades mutualistas sociales mediante acreditación oficial y cofinanciamiento estatal, mientras que Mongolia implementó préstamos preferenciales para integrantes de cooperativas con subsidios públicos sobre las tasas de interés.
También se utilizaron las compras públicas y mecanismos fiscales para ampliar la demanda de bienes y servicios provenientes de la ESyS. México estableció acceso preferente para cooperativas certificadas y otras organizaciones del sector social de la economía en determinados procedimientos de contratación pública, mientras que Senegal incorporó a las entidades de la ESyS entre las beneficiarias de una cuota del 3% de la contratación pública. En la República de Corea, las compras a empresas sociales certificadas representaron el 3% de las adquisiciones realizadas por las instituciones públicas pertinentes durante 2025.
Los programas también alcanzaron dimensiones importantes. España informó que su Proyecto Estratégico para la ESyS y de Cuidados movilizó más de 2.900 millones de dólares y contó con la participación de más de 4.400 entidades. Quebec, en tanto, destinó 142 millones de dólares a apoyo empresarial, financiamiento y alianzas territoriales a través de su Plan de Acción para la Economía Social 2025-2030.
La innovación social aparece asimismo como un campo creciente de intervención. En 2026, Brasil lanzó una convocatoria de 100 millones de reales para promover la colaboración entre instituciones públicas de investigación y educación, incubadoras populares y empresas de economía solidaria en el desarrollo de tecnologías sociales vinculadas con empleo, generación de ingresos y desarrollo territorial. Irlanda destinó 9,8 millones de euros a su fondo de innovación social “New Solutions”, mientras que la República de Corea otorgó ayudas a 17 administraciones locales para iniciativas de innovación en ESyS.
Cooperación internacional y una agenda que gana espacio
La cooperación entre gobiernos también adquirió mayor estructura mediante mecanismos globales, regionales y especializados. En 2026, Brasil, Colombia y España pusieron en marcha en la sede de la OIT el Grupo de Amigos sobre la Economía Social y Solidaria, una plataforma voluntaria en la que participan unos 30 gobiernos de todos los grupos regionales de Naciones Unidas. El espacio busca favorecer la cooperación intergubernamental, el intercambio de experiencias y el seguimiento de los procesos multilaterales vinculados con la ESyS.
En el ámbito iberoamericano, la Red Iberoamericana de Fomento a la Economía Social y Solidaria continuó funcionando como canal de cooperación entre autoridades públicas y, en 2026, los ministros iberoamericanos aprobaron el Compromiso Iberoamericano sobre la Economía Social y Solidaria 2026-2030. En Europa, el Comité de Seguimiento de la Declaración de Luxemburgo retomó su actividad y aprobó un plan de cooperación política y técnica. En África, el segundo Foro Africano sobre la ESS aprobó en 2026 la Declaración de Dakar y creó un comité consultivo para coordinar políticas públicas y acompañar la implementación de la estrategia decenal de la Unión Africana.
La ESyS también se incorporó a distintos compromisos multilaterales sobre financiamiento para el desarrollo, desarrollo social, empleo, cuidados, formalización, derechos humanos y cooperativismo. La Asamblea General, a través de la resolución 80/182 de diciembre de 2025, actualizó las orientaciones sobre desarrollo cooperativo luego del Año Internacional de las Cooperativas y volvió a poner el foco en las condiciones jurídicas y normativas, el apoyo público, la participación, el acceso al financiamiento y las estadísticas.
En paralelo, resoluciones de la Conferencia Internacional del Trabajo reconocieron el papel de las cooperativas y otras entidades de la ESS en la economía de los cuidados, la formalización laboral y el desarrollo social. La OIT también incorporó a la ESS en sus políticas sobre trabajo decente en el reciclaje y en distintos procesos vinculados con la protección de derechos laborales y sociales.
La OIT consolida su papel dentro del sistema de Naciones Unidas
El informe identifica a la OIT como la entidad del sistema de Naciones Unidas que mantiene el papel de liderazgo en la integración institucional de la Economía Social y Solidaria. Ese lugar se explica por la combinación de su mandato constitucional, su estructura institucional y su base normativa con el trabajo estadístico, estratégico, programático y de formulación de políticas, además de la cooperación para el desarrollo en los niveles regional y nacional.
Durante 2024-2025, la OIT informó mejoras en los marcos jurídicos, normativos e institucionales de 22 países, mientras que el 64% de sus Programas de Trabajo Decente por País incorporaron referencias a entidades de la ESyS. Además, la organización integró la economía social y solidaria en más de 60 proyectos de cooperación para el desarrollo relacionados con cuidados, formalización, desplazamientos forzosos, respuesta a crisis, empleo juvenil y trabajo decente en cadenas de suministro.
Uno de esos proyectos fue JEUN’ESS, desarrollado en Túnez con financiamiento de la Unión Europea, que brindó apoyo a más de 170 entidades de la ESS y contribuyó a la creación de más de 3.600 puestos de trabajo. El 56% de esos empleos fueron ocupados por mujeres y el 8% por personas con discapacidad.
La FAO también impulsó el desarrollo cooperativo dentro de la programación agroalimentaria regional, mientras que el PNUD apoyó iniciativas de ESyS principalmente mediante programas nacionales. En Liberia, por ejemplo, acompañó a 14 cooperativas agrícolas distribuidas en seis condados con capacitación, desarrollo institucional, equipamiento e infraestructura. El UNRISD, por su parte, continuó desarrollando investigación y herramientas de medición vinculadas con el desempeño de las entidades de la ESyS.
El Equipo de Tareas Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Economía Social y Solidaria, presidido por la OIT, continuó siendo el principal mecanismo de coordinación del sistema. Su trabajo abarcó coherencia de políticas, financiamiento, estadísticas, investigación, gestión del conocimiento, desarrollo de capacidades y alianzas. Su curso abierto y multilingüe sobre ESS alcanzó participantes de más de 160 países.
Más estadísticas para hacer visible a la ESyS
La medición aparece como otro de los grandes desafíos. Las iniciativas nacionales para cuantificar la ESyS continúan siendo desiguales y fragmentadas. Las diferencias entre definiciones, límites estadísticos y métodos dificultan la comparación entre países y a lo largo del tiempo, mientras que todavía existe poca información sobre continuidad de las organizaciones, gobernanza, empleo, condiciones laborales y resultados para trabajadores y asociados.
Al mismo tiempo, los datos disponibles muestran el peso económico y laboral del sector. En Francia, la economía social representaba casi el 11% del total de puestos de trabajo asalariados en 2023. En España, la primera cuenta satélite oficial de la economía social, publicada en 2026, estimó que el sector representaba el 4% del valor añadido bruto nacional y el 5,8% del empleo total en 2023.
También se registraron avances en censos y sistemas administrativos. Honduras concluyó su primer censo nacional de cooperativas, con 584 cooperativas activas que empleaban directamente a 10.782 personas. La República Dominicana reconoció 2.529 cooperativas, de las cuales 1.558 estaban activas. En la India, la base nacional clasificó 659.000 cooperativas como operativas, 141.000 como inactivas y 48.000 en proceso de liquidación.
La OIT puso en marcha en 2025 dos grupos técnicos internacionales para mejorar la medición de la contribución económica de las cooperativas y definir los límites estadísticos de la ESyS en sentido amplio, como preparación para la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo de 2028. El objetivo es avanzar hacia información más comparable y útil para la formulación de políticas públicas.
Bancos de desarrollo: más operaciones, pero falta financiamiento adaptado
El relevamiento también identifica operaciones de instituciones financieras y bancos de desarrollo multilaterales, internacionales y regionales vinculadas con la ESyS. Algunas estuvieron destinadas directamente a entidades del sector; otras canalizaron recursos mediante instituciones de la propia economía social y solidaria, mientras que otras las incluyeron como beneficiarias dentro de programas de desarrollo más amplios.
Entre las operaciones mencionadas figura un préstamo programático de 290 millones de dólares aprobado en 2025 por el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa para que entidades de la economía social de Italia realizaran inversiones en salud, educación, servicios sociales y deporte. El mismo banco aprobó un préstamo directo de 36 millones de dólares para una cooperativa de vivienda sin fines de lucro de Cataluña destinada a construir más de 350 viviendas cooperativas. El Banco Interamericano de Desarrollo, por su parte, aprobó una línea de crédito condicional de hasta 300 millones de dólares para financiar vivienda y actividades productivas de la Economía Social, Solidaria y Popular de Ecuador.
Pero el informe vuelve a señalar una limitación: existe más información sobre la aprobación y el diseño de las operaciones que sobre el dinero que finalmente reciben las organizaciones, las condiciones de financiamiento y los resultados alcanzados.
El desafío: pasar del reconocimiento a resultados concretos
La conclusión de la ONU es contundente: la Economía Social y Solidaria constituye un campo heterogéneo y desigual, cuyo reconocimiento político se encuentra en expansión pero todavía necesita traducirse en políticas coherentes, instituciones eficaces, recursos adecuados y mejores sistemas de información.
El documento señala que las medidas adoptadas suelen presentarse más como estrategias y planes que como nuevas leyes generales o reformas profundas. La ESyS, además, se integra cada vez más en políticas de empleo, protección social, cuidados, agricultura, desarrollo territorial, vivienda, educación, cultura, energía y acción climática, aunque con una cobertura desigual. En ese proceso, las cooperativas reciben una atención política sustancialmente mayor que otras formas organizativas de la ESyS.
Por eso, la Asamblea General de la ONU plantea profundizar el trabajo en varias direcciones: consolidar entornos jurídicos, políticos e institucionales acordes con la diversidad de la ESyS; aumentar el apoyo financiero y no financiero mediante medidas fiscales, contratación pública, capacitación, investigación y acceso a mercados, tecnología y financiamiento; e incorporar al sector en las estrategias nacionales y sectoriales de desarrollo sostenible.
También recomienda promover la innovación social en línea con los valores y principios de la ESyS, mejorar las estadísticas, fortalecer la cooperación internacional y considerar un papel más destacado de la economía social y solidaria en los procesos multilaterales destinados a impulsar el desarrollo sostenible hacia 2030 y en la agenda posterior.
En materia financiera, el llamado apunta directamente a las instituciones locales y nacionales y a los bancos de desarrollo multilaterales, internacionales y regionales: Naciones Unidas recomienda desarrollar instrumentos financieros asequibles e inclusivos, adaptados a las características y etapas de desarrollo de las entidades de la ESyS.
El desafío planteado por el informe, entonces, no pasa solamente por reconocer a la Economía Social y Solidaria como una herramienta para el desarrollo sostenible, sino por convertir ese reconocimiento en capacidad concreta de acción. Para la ONU, mejorar el marco institucional, ampliar los recursos, producir estadísticas confiables y sostener la cooperación internacional permitiría fortalecer la contribución de la ESyS a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a la agenda de desarrollo más allá de 2030.
