Ley Hojarasca: advierten que la derogación de la Ley de Economía Social implica un fuerte retroceso para cooperativas y mutuales
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La aprobación de la denominada «Ley Hojarasca» en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires continúa generando preocupación en el sector cooperativo y de la economía social. Aunque la iniciativa impulsada por el oficialismo porteño fue presentada como una herramienta para eliminar regulaciones consideradas obsoletas y simplificar el marco normativo, uno de los puntos que despertó mayores críticas fue la derogación de la Ley 6.376 de Promoción de la Economía Social.
La norma, sancionada a fines de 2020, había creado un marco específico para impulsar el desarrollo de cooperativas, mutuales, emprendimientos autogestionados y otras organizaciones de la economía social, popular y solidaria. Además, contemplaba herramientas de financiamiento, beneficios impositivos y mecanismos de fortalecimiento para un sector considerado estratégico por la propia Constitución de la Ciudad.
«No es una decisión técnica, sino política»
El director del Centro de Estudios de la Economía Social (CEES) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), Gustavo Alberto Sosa, sostuvo en el programa Modo Colectivo que la derogación implica la pérdida de un instrumento que representó un avance institucional para el sector.
«La ley reconocía a un sector importante de la Ciudad, definiéndose con un marco legal, lo que era un gran avance, y establecía un fondo que garantizaba líneas de crédito para proyectos productivos. Además, reconocía principios de la Economía Social y se enmarcaba en la idea de generar trabajo«, explicó Sosa.
El especialista recordó que la economía social tiene una fuerte presencia en la Ciudad de Buenos Aires a través de cooperativas, mutuales, clubes de barrio, asociaciones civiles y de las principales confederaciones nacionales del sector, que tiene sus domicilios en la Capital Federal.
«La Economía Social siempre tuvo una presencia en la ciudad. Quizás una de las debilidades fue que nunca se trabajó territorialmente para consolidar esa política pública«, señaló Sosa.
Falta de debate y participación
Sosa también cuestionó la forma en que se produjo la derogación de la norma: «no se hizo un seguimiento desde la academia ni desde las propias organizaciones sobre esta ley, que se sancionó en plena pandemia. Lo mismo ocurre con la derogación: nos enteramos con la sesión encima, dentro de un proyecto Hojarasca que originalmente ni siquiera incluía a la Ley de Economía Social».
En ese sentido, lamentó que el sector no haya tenido la posibilidad de participar de un debate para actualizar o mejorar la normativa antes de eliminarla. «Si Jorge Macri la promulga y avanza con la derogación, habrá que organizarse territorialmente, comenzar a trabajar en un proyecto propio y volver a construir un marco legal para la economía social de la Ciudad«, sostuvo.
La Defensoría prepara una presentación
Desde el Instituto de la Economía Social de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires también manifestaron su rechazo a la medida. Su titular, Laura Velasco, afirmó a ANSOL que «las políticas de economía social deben sostenerse porque están previstas en la propia Constitución de la Ciudad, por lo que constituye un gran retroceso que se haya votado la eliminación de la ley específica».
Velasco remarcó que, en el actual contexto económico, el fortalecimiento del sector resulta aún más necesario. «Desde el Instituto de Economía Social de la Defensoría seguimos trabajando para promover derechos y fortalecer al sector en un contexto nacional muy hostil para las cooperativas, mutuales y emprendimientos de la economía social, popular y solidaria, así como también para las pymes y pequeños comercios que sostienen gran parte del empleo», expresó.
Además, confirmó que la Defensoría del Pueblo trabaja en una presentación institucional vinculada al conjunto de normas derogadas por la denominada Ley Hojarasca.
¿Qué establecía la Ley 6.376?
La Ley 6.376 de Promoción de la Economía Social tenía como objetivo impulsar el desarrollo local mediante el fortalecimiento de unidades productivas autogestionadas, cooperativas, mutuales y emprendimientos comunitarios.
Entre sus principales herramientas figuraban la creación del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de la Economía Social (FONDES), destinado al financiamiento de proyectos productivos, beneficios fiscales como exenciones en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos durante los primeros años de funcionamiento de las unidades productivas y mecanismos para facilitar el acceso a nuevos mercados.
Para los referentes del sector, la eliminación de esta normativa no sólo implica la pérdida de instrumentos concretos de promoción, sino también el retroceso de una política pública que reconocía institucionalmente el aporte de la economía social al desarrollo, la generación de empleo y la organización comunitaria en la Ciudad de Buenos Aires.
