Ley Hojarasca en CABA: preocupación por la derogación de la norma que promovía la economía social
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La aprobación de la denominada “Ley Hojarasca” en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires encendió señales de alerta entre organizaciones de la economía social, cooperativas y mutuales. Aunque la iniciativa impulsada por el oficialismo porteño fue presentada como una herramienta para eliminar regulaciones consideradas obsoletas y simplificar trámites administrativos, uno de sus puntos más cuestionados fue la derogación de la Ley 6376 de Promoción de la Economía Social.
La norma eliminada había sido sancionada con el objetivo de promover el desarrollo local, fortalecer emprendimientos asociativos y generar herramientas de apoyo para cooperativas, mutuales y unidades productivas.
Cooperativas y mutuales, en alerta por la derogación
Desde el Instituto de la Economía Social de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires cuestionaron la decisión legislativa. Su titular, Laura Velasco, sostuvo que resulta preocupante que se considere “obsoleta” una herramienta destinada a fortalecer formas de trabajo solidario y comunitario que continúan siendo fundamentales para miles de personas.
🚨URGENTE:
— Laura Velasco 💚 (@lauravelascook) June 19, 2026
La Legislatura porteña (@LegisCABA) aprobó la derogación de la Ley 6376 de Promoción de la Economía Social mediante la "Ley Hojarasca". Es una decisión muy preocupante que implica un retroceso para cooperativas, mutuales y emprendimientos comunitarios.
Abro hilo👇 pic.twitter.com/4K8HgPl6sD
“La Constitución de la Ciudad establece que deben promoverse las cooperativas, mutuales. Derogar la Ley 6376 no es una decisión técnica, es una definición política. La economía social no es hojarasca. Es trabajo, producción, inclusión y organización comunitaria”, afirmó Velasco.
La referente también reclamó al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, que no promulgue la norma aprobada por la Legislatura.
Qué establecía la Ley 6376 de Economía Social
Entre sus principales herramientas, la Ley 6376 contemplaba mecanismos de promoción para unidades productivas autogestionadas, impulsaba el desarrollo local y la generación de empleo asociativo, además de facilitar el acceso a mercados para emprendimientos locales.
El abogado especializado en cooperativismo y director del el CEES UNTREF, Gustavo Sosa advirtió que, pese a aspectos perfectibles, la legislación constituía una herramienta relevante para el sector. Según explicó, la norma creó el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de la Economía Social (FONDES) y estableció beneficios impositivos, entre ellos exenciones en Ingresos Brutos para los primeros años de funcionamiento de distintas unidades productivas.
“Esto implicaría un grave retroceso para la economía social y la economía popular de la Ciudad, que requieren acciones concretas de promoción y desarrollo, al igual que otros sectores”, señaló.
Críticas desde el peronismo porteño
Los cuestionamientos también llegaron desde distintos bloques opositores de la Legislatura. Desde Fuerza por Buenos Aires calificaron la iniciativa como una versión porteña de la “Ley Hojarasca” impulsada por el Gobierno nacional y acusaron a Jorge Macri de avanzar junto a La Libertad Avanza en la eliminación de regulaciones consideradas estratégicas.
Según expresaron, la derogación de la Ley 6376 implica “atacar el corazón de las cooperativas, emprendimientos y trabajo asociativo”, en un contexto económico complejo para los sectores productivos de menor escala.
Además, criticaron que en lugar de actualizar y fortalecer las herramientas existentes para la economía social, el Gobierno porteño haya optado por eliminarlas sin proponer mecanismos alternativos de promoción.
Un debate que excede la simplificación administrativa
Para las organizaciones del sector, la discusión no se limita a la eliminación de normas consideradas desactualizadas, sino que involucra el rol que deben ocupar las cooperativas, mutuales y emprendimientos comunitarios dentro de la estrategia de desarrollo de la Ciudad.
En ese marco, referentes de la economía social sostienen que la derogación de la Ley 6376 representa una señal política que contradice el mandato constitucional porteño de fomentar formas asociativas y solidarias de organización económica, en momentos en que miles de trabajadores encuentran en el cooperativismo y la autogestión una alternativa para sostener el empleo, la producción y el desarrollo local.
