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(ANSOL).- La cooperativa Aguará, de Resistencia, Chaco, fue fuente de consulta local en los últimos meses. Fue de los pocos espacios que tuvo una posición pública y sólida sobre el inesperado veto del gobernador Leandro Zdero a una ley votada por unanimidad en la Legislatura, que permitía organizar la producción de cannabis y cáñamo. Aguará tiene como núcleo operativo a un equipo multidisciplinario de cultivadores, técnicos y gestores.
Cristian Mancuello, integrante de Aguará, habló con la agencia ANSOL al respecto: «No somos un ‘sello’, somos una unidad productiva real. Nuestro perfil es técnico-productivo, con fuerte anclaje social. Nos especializamos en cultivo cooperativo; tomamos como modelo las cooperativas yerbateras de Misiones y también proyectamos enfocarnos en la gestión integral de proyectos cannábicos».
Mancuello contó que la elección del modelo cooperativo tiene que ver con una firme creencia en que «la industria del cannabis en Argentina debe ser democrática y de desarrollo local, no solo para grandes farmacéuticas».
En el mismo sentido, amplió: «La figura cooperativa nos permite articular educación (reciben alumnos de escuelas técnicas para capacitación) y producción, generando valor que queda en la provincia«.
La ley de cannabis
En una de las sesiones ordinarias de finales de noviembre, la Legislatura chaqueña aprobó por unanimidad la Ley 1442/25, que impulsaba un modelo sostenible e inclusivo para la producción y distribución del cannabis medicinal en la provincia. Según sus fundamentos, esta legislación iba a permitir el fortalecimiento de la cadena de valor, abrir oportunidades laborales y mejorar el acceso a tratamientos bajo supervisión médica.
Mancuello expresó que «desde Aguará no solo acompañamos, fuimos co-redactores e impulsores activos desde la Mesa del Convenio de Colaboración Cannábico, la cual fundamos, junto a otras organizaciones como Fundación Chaco Cultiva, Panacea y empresas locales».
Esta ley creaba la Agencia Chaqueña de Cannabis y Cáñamo (ACCYC), que «venía a resolver el ‘cuello de botella’: permitiría otorgar licencias provinciales de producción y comercialización, creando un circuito legal, seguro y tributario dentro de Chaco, sin depender exclusivamente de los tiempos de Nación», explicó el cooperativista.
Consultado sobre la cuestión productiva y su relación con el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), Mancuello dijo que éste último es «una herramienta vital de derechos humanos para pacientes y cultivo solidario, pero no es una herramienta para el desarrollo productivo».
Además, actualmente el REPROCANN funciona «con demoras críticas y mucha incertidumbre. Pero su mayor limitación es productiva: no te permite escalar, no te permite comercializar legalmente ni generar empleo registrado masivo«.
«La Ley Provincial venía a llenar ese vacío: pasar del ‘autocultivo tolerado’ a la ‘industria regulada’, donde una cooperativa puede producir, facturar y vender derivados de calidad controlada a las farmacias o al Estado», remarcó.
Ahora bien, ¿por qué el gobernador chaqueño vetó esta ley a principios de diciembre, yendo en contra incluso de los diputados ofcialistas? Mancuello subrayó: «El gobernador no le dijo que no al cannabis ni a la industria. El consenso político sobre la necesidad de producción sigue intacto. El veto fue técnico y fiscal«.
Según analizaron desde la cooperativa, «el Ejecutivo cuestionó el mecanismo de financiamiento y competencias federales. Desde Aguará y la Mesa tomamos una decisión de madurez política: No vamos a pelear el veto. Entendimos el punto técnico«.
«Ya presentamos una propuesta correctiva (cambiando la tasa por un servicio retributivo) para que se trate en marzo. Preferimos esperar tres meses y tener una ley fiscalmente impecable, a forzar una ley que nazca judicializada. Estamos usando este verano como una ‘pretemporada’ administrativa para estar listos cuando se levante la bandera de las sesiones ordinarias en 2026”.
