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(ANSOL).- El Ministerio de Capital Humano dejó sin efecto una serie de programas sociales que estaban en vigencia bajo la órbita del ex Ministerio de Desarrollo Social y que comenzaron a ser desguazados tras la llegada de Javier Milei a la presidencia. Ahora, directamente fueron eliminados a pesar de tener un rol importante en la comunidad.
A través de la Resolución 206/2025 publicada este viernes en el Boletín Oficial, se dejó sin efecto el Plan Nacional Manos a la Obra, los Mercados Federales, el Registro Nacional de Empresas Recuperadas, el Programa Argentina Recicla, el Plan Nacional de Economía Social Creer y Crear, el Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social, y el Programa Mercados de Cercanía. Programas diversos, todos orientados al análisis para la inversión productiva y comercial en experiencias de la Economía Social, Solidaria y Popular.
En declaraciones a ANSOL, el ex ministro de Desarrollo Social de la Nación y diputado Nacional de Unión por la Patria, Daniel Arroyo explicó: «el Gobierno ha recortado programas sociales de tres características, por un lado los que tienen que ver con economía social, mercados de cercanía, cooperativas, apoyo a pequeños productores; otros que tienen que ver con la emergencia, la asistencia directa, atención a catástrofes tan necesaria con casos como Bahía Blanca y los que vendrán más adelante; y por último, programas de inclusión a jóvenes».
El diputado, conocedor de la materia, aclaró que «son en esencia programas de intervención del Estado en apoyar a pequeños productores, de generar procesos productivos, de brindar chances de comercialización, roles indispensables del Estado como atender emergencias ante el cambio climático, y eran programas de acompañamiento, y el Gobierno lo hace porque cree que solo hay dos políticas para encarar temas sociales, y son la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar«.
De esta forma, según Arroyo, «el Gobierno lo que hace es transferir dinero, porque aumenta la asignación y el monto de la Tarjeta Alimentar, creada durante mi gestión y creo en esa política pero como uno de los ejes, y no como que el Estado solo transfiere y punto y nada más, y hacia ahí va la política pública«.
El diputado no se privó de cuestionar la impronta que encara la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello en esta materia, ya que dijo que el Gobierno tiene «la idea de que lo que no es transferencia de plata, lo hagan las provincias, municipios o el sector privado, y es una mirada absurda, sin sentido, de retiro ridículo del Estado y con la que hoy se encara la política social«.
Capital Humano: desarmando el Estado tal como lo conocíamos
En ese mismo sentido, Alberto Gandulfo, referente en políticas de desarrollo local y ex coordinador nacional de la CONAMI (Comisión Nacional de Microcréditos), señaló que «el desmantelamiento de los programas sociales que vienen haciendo no es otra cosa que esta política de ajuste de motosierra». Y agregó: «la dupla Milei-Caputo representa a las grandes corporaciones y su política es parte de la destrucción del Estado nacional que supimos construir«.
Gandulfo coincidió en cuanto a la transferencia de recursos como método de injerencia estadístico: «muy hábilmente triplicaron el beneficio de la Asignación Universal por Hijo, también de la Tarjeta Alimentar. Con eso pretenden bajar los índices de indigencia y por eso los resultados mentirosos que traen. Pero lo que indica esto claramente es que han destruido o cerrado los programas que promocionan el trabajo, la autogestión, la economía popular, la organización de los trabajadores y trabajadoras en Argentina«.
Ya en diciembre del año pasado, el gobierno había disuelto por decreto a la CONAMI, dejando en situación de disponibilidad a todo su personal. En este marco, Gandulfo remarcó que «un claro ejemplo es el cierre de la CONAMI, una ley nacional que tiene veintidós leyes provinciales de adhesión, más de un centenar de ordenanzas municipales que fueron cercenadas por un decreto presidencial que vació esa herramienta de gestión«.
Según explicó, esta comisión «acompañaba procesos productivos, era una herramienta de organización popular de promoción de la economía social solidaria, pero que fundamentalmente daba respuesta del Estado nacional y en articulación con las organizaciones sociales a miles de trabajadores y trabajadoras que generaban sus propios ingresos«.
Además, denunció las consecuencias del cierre de estos programas en términos de sobreendeudamiento: «no solo se cancela un programa, se desmantela, sino que esto se condice con el aumento del sobreendeudamiento de los sectores populares, porque se le ha dado piedra libre al sector financiero más especulativo, más salvaje, más usurario», detalló.
Y también enumeró: «va desde el crédito fácil y la tarjeta naranja, la usura barrial o las ventas en cuotas, el Mercado Libre, las plataformas virtuales, las billeteras virtuales. Se ha sobreendeudado a los sectores populares que, sin duda, ante la tragedia que se vive en el salvajismo de estos tiempos que gobiernan, han recurrido al endeudamiento como forma de sobrevivir, para pagar la luz, para comprar remedios, para comer, para pagar el alquiler».
La normativa que sacó Capital Humano menciona una serie de resoluciones y decretos previos que estructuraban planes de economía social, inclusión laboral y apoyo a sectores vulnerables. Justifica la revisión y eliminación de estos programas en el marco de la reestructuración administrativa y el estado de emergencia pública declarado por la Ley 27.742. Además, sostiene que «se alinea con los objetivos del Poder Ejecutivo Nacional para optimizar recursos y evitar la superposición de programas similares».
