(Ansol).- «Queda prohibida la producción, importación, comercialización, distribución, liberación, uso, multiplicación y entrada al país de semillas transgénicas», así estipula el artículo 9 de la novedosa Ley de semillas aprobada a fines de diciembre del año pasado.
Esta ley fue el fruto de tres años de discusión entre diferentes movimientos sociales, campesinos e indígenas, quienes motorizaron la aplicación de una ley que protegiera a los productores, entre otras cosas, de las patentes impuestas por las grandes multinacionales como Monsanto, Bayer y Carhill por el uso de sus semillas, quienes además prohíben el acopio de semillas para una futura siembra, obligando a volver al mercado.
Entre las finalidades de la ley previstas en el artículo 3, aparecen el «fomentar la transición de los sistemas de producción convencionales basados en monocultivos y uso de agrotóxicos con semilla agroindustrial y/o corporativa de uso convencional, hacia la agroecología y la preservación del ambiente a corto, mediano y largo plazo, basados en la agrobiodiversidad» y «prohibe el otorgamiento de derechos de obtentor y patentes sobre la semilla, así como cualquier otro mecanismo que promueva su privatización».
Paralelamente se crean dos instituciones: la Comisión Nacional de Semilla, que tiene como objetivo orientar las políticas públicas en el tema, diseñar un Plan Nacional de la Semilla, controlar el cumplimiento de la ley, y acompañar al otro organismo que ésta crea, el Consejo Popular de Resguardo y Protección de la Semilla Local, Campesina, Indígena y Afrodescendiente, que estará integrado por las comunidades y grupos de campesinos.
Sin embargo, numerosos grupos temen que la nueva composición del Poder Legislativo bolivariano eche para atrás esta progresiva legislación, debido a la oposición que han demostrado desde los sectores empresariales y financieros ante la prohibición de los transgénicos.