(ANSOL).- Este lunes 13 de mayo por la madrugada la Policía Federal realizaron 27 allanamientos a comedores populares y domicilios particulares de integrantes de movimientos sociales en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. La avanzada se dio en el marco de una denuncia que hizo el Ministerio de Seguridad que comanda Patricia Bullrich por supuestas extorsiones a beneficiarios de planes sociales vinculados a cooperativas en el marco del programa Potenciar Trabajo, basada en denuncias a la línea 134.

Los allanamientos fueron habilitados por la Sala 1° de la Cámara Criminal y Correccional Federal, tras el pedido del fiscal Gerardo Pollicita, y alcanzaron depósitos, oficinas, locales de organizaciones sociales y cooperativas vinculadas. Ante el ataque, los movimientos sociales en conferencia de prensa dieron a conocer detalles de estos procedimientos y denunciaron que se trata de una persecución política.

Así lo remarcó anoche en conferencia de prensa, Alejandro Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP): «no nos cabe duda que lo que ha pasado hoy se inscribe en una política del gobierno de atacar sistemáticamente a todos aquellos que hemos decidido hacer visible que este gobierno no vino a ajustar a la casta política, ni a los empresarios prebendarios, sino que efectivamente vino a empobrecer al 80% de la población argentina».

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Por eso, Gramajo dijo que «es importante estar en esta conferencia de prensa expresando nuestra solidaridad con cada uno de los compañeros y compañeras que durante todo el día sufrieron allanamientos, de los cuales no nos cabe la menor duda, que son honestos, sacrificados y que todos los días de su vida deciden meterse en los barrios más humildes a tratar de construir algo distinto, más justo».

Por último, el líder de la UTEP aseguro que tratan «a través de los movimientos populares, de las organizaciones comunitarias, desde el club del barrio, desde el centro de fomento, en la más amplia articulación en cada barrio, tratar de resolver problemas concretos que muchas veces el Estado y la dirigencia política no ve, no entiende, no sabe o no quiere resolver«.

En la UTEP aseguran que los violentos allanamientos impulsados por las denuncias del Gobierno son la respuesta a las denuncias y amparos que se presentaron para frenar el accionar del Ministerio de Capital Humano y su titular Sandra Pettovello, acusada de desabastecer los comedores populares, que hoy son los únicos lugares donde miles de argentinos y sus hijos se alimentan.

Esta tarde se difundió que «avanza el amparo de la UTEP contra Pettovello para que restituya los alimentos a los comedores«. Se trata de una iniciativa judicial para frenar el «criminal desabastecimiento a los comedores comunitarios», y que la Justicia definió que tramite como un amparo colectivo donde cualquier organización que tenga pruebas pueda sumarse a la denuncia.

«Esta clara maniobra del Gobierno Nacional y sus medios adictos a deslegitimar y atacar a los comedores comunitarios con el único objetivo de encubrir los delitos de Sandra Pettovello y los suyos«, aseguraron en la UTEP a través de un comunicado. Esta es una de las causas, que tramita en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7.

Pero hay otra, en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 de Sebastián Casanello: desde febrero pasado investigan a la ministra por incumplimiento de los deberes de funcionario público “por no disponer la entrega de alimentos en comedores barriales y comunitarios de toda la República Argentina”. La lucha está dada. Mientras el Gobierno persigue a las organizaciones con su aparato represivo, la UTEP no se queda de brazos cruzados y responde con acciones legales.