Por Gustavo Sosa

Director del Centro de Estudios de Economía Social de la UNTREF

El trabajo dentro del sector privado bajo relación de dependencia mantiene la misma cantidad de personas registrada que en los años 70. Claramente, ha habido un freno en la capacidad del sector privado de incorporar nuevos trabajadores. Por otro lado el Estado, en sus diferentes órdenes, también tiene limitaciones en la incorporación de nuevos trabajadoras/es. De hecho, en las últimas décadas en ambos sectores se evidencia la creación de trabajos más precarios (contratos de locación, registro por jornadas diferenciadas, etc.). Ello sin hablar del crecimiento de la total informalidad (ausencia total de registración), algo que queda muy expuesto si tenemos en cuenta el crecimiento de la población en el lapso de medio siglo y situaciones concretas como la inscripción al IFE durante la pandemia.

Pero también donde aparecen las cooperativas de trabajo hay conceptos que se mezclan: pareciera que el trabajador de una cooperativa ya pasaría a ser considerado un trabajador precarizado por el simple hecho de serlo.

En Argentina la cooperativa de trabajo es una genuina herramienta que han empleado y a la que seguirá recurriendo miles de trabajadores y trabajadoras que autogestionan su propia unidad económica de base asociativa y democrática. Sin embargo, no está debidamente receptada en las dimensiones que se requieren para darle solidez y robustez como figura legal.

El trabajador de una cooperativa de trabajo que tiene su condición tributaria al día está reconocido y está en regla conforme la normativa vigente. Pero ciertamente es visto como una persona en situación de precariedad laboral porque justamente en esa misma normativa el reconocimiento de la figura de la cooperativa de trabajo y la de sus integrantes es débil. Sus integrantes están en una suerte de híbrido o algo a medio camino entre el trabajador autónomo individual y el trabajador bajo relación de dependencia. Y por su parte las cooperativas de trabajo tienen un tratamiento en lo particular casi inexistente en la Ley N° 20.337, la que en definitiva es una ley general para el sector cooperativo.

Cada vez más urge reconocer la figura del cooperativista de trabajo, del trabajador asociado, porque es necesario dotar a todo ese universo (al cual se suman permanentemente nuevos integrantes) de una normativa específica, robusta y actual. Ello además porque el escenario del mundo del trabajo bajo patrón, aún en un eventual escenario macro-ecónomico favorable, no va a posibilitar la absorción de la población económicamente activa. A ello sumemos los cambios que se aprecian en las nuevas generaciones en cuanto a la forma de relacionarse y de llevar adelante su proyecto de vida.

Por otro lado hay que reconocer que ya hay una gimnasia, una historia de más de 90 años de trabajo cooperativo en el país. No es una novedad de último momento. Con todo, esa legislación que se requiere no haría más que reconocer con total justica una realidad que en Argentina se ha dado no solamente en momentos de crisis socio-económicas, sino también en épocas de estabilidad, en una amplia gama de actividades productivas y de servicios.

El adecuado reconocimiento del cooperativismo de trabajo permitirá poder establecer derechos concretos permanentes (no temporarios) y sacar de esa precarización a los trabajadores asociados para llevarlos a un lugar de reconocimiento pleno como sujetos de derecho en nuestro sistema jurídico, receptando debidamente la figura de trabajadoras/es autogestionadas/os tanto en la organización como en la gestión de sus propias empresas.

Hacia eso hay que apuntar y para ello se requiere que el propio sector involucrado logre consolidar un proyecto, una propuesta concreta que sea propia y a la altura de las circunstancias. Si bien la coyuntura pareciera permanente, hay una obligación moral para la dirigencia del cooperativismo de trabajo en enfocarse en generar mancomunadamente una propuesta sólida, concreta y duradera, la que luego habrá que ir a debatir en los ámbitos y con los demás actores sociales, públicos y privados. Será duro, pero ese debate se hará con algo en firme y ya no con la esperanza vana que otros logren plasmar lo que propio sector no ha generado.