Una oportunidad para pensar un sistema redistributivo y solidario

*Juan Pablo Pertigone

El aporte extraordinario establecido en la Ley 27605 sancionada hace poco más de un mes por nuestro parlamento, es una contribución por única vez que realizarán las personas físicas que cuenten con patrimonios superiores a 300 millones de pesos, las cuales tributarán alícuotas entre el 2% y 3,5% del mismo. El universo de personas alcanzadas es aproximadamente el 0,04% de la población del país.

La necesidad de este aporte surge en el transcurso de un año marcado por la pandemia del COVID-19, con consecuencias tales como la baja en los niveles de actividad, reducción en la recaudación impositiva y necesidad de aumento en el gasto público. Esta situación se vio agravada en Argentina, en lo que podría visualizarse como una “doble crisis”. Por un lado,  la provocada por la pandemia. Por otro, dada la herencia de la política pública y en particular la económica financiera implementada por el gobierno de Macri. Sus orientaciones  regresivas impactaron afectando el desarrollo económico del país, agravando el cuadro dado el gran incremento del endeudamiento durante su administración anterior  (El pasivo nacional representaba un 52,6% del PBI en 2015, mientras que ese porcentaje ascendió al 91% en 2019). Un aspecto importante a tener en cuenta en la crisis local fue el deterioro y degradación del sistema sanitario, el cual ni siquiera contaba con un ministerio.

Esta doble crisis obligó a un mayor esfuerzo en el inicio de la pandemia ante la necesidad de preparar y robustecer los servicios de salud en todo el territorio nacional. Lo recaudado mediante el aporte extraordinario será destinado para la adquisición de insumos críticos para la prevención y asistencia sanitaria (medicamentos, vacunas, etc.), subsidios a las MIPYMES, becas Progresar, el mejoramiento de las condiciones de salud y habitacionales de los habitantes de los barrios populares y, por último, a la exploración, desarrollo y producción de gas natural.

Aunque el aporte alcanza a menos del 0,04% de la población, esta medida ha traído grandes resistencias sobre todo desde ciertas corporaciones que, valiéndose de los medios de comunicación hegemónicos, han procurado instalar en gran parte de nuestra sociedad la idea de que dicho aporte se trata de una política tributaria de alcance masivo y confiscatorio que atenta contra la propiedad privada, tanto de quienes tienen 100 mil hectáreas, como de quienes solo tienen una maceta en el balcón. Sin embargo, observamos una distinta vara en el tratamiento de los aumentos de tarifas de la CABA cuando estos sí afectan masivamente, sobre todo al que tiene la maceta en el balcón.

Un aspecto a tener en cuenta es que el aporte solidario y extraordinario no se trata de una medida tomada solo en Argentina, es parte de los intentos globales por disminuir brechas y desigualdades, impulsados en diversos países como: Alemania, Italia, Brasil, Chile, Estados Unidos, entre otros.

Una de las premisas utilizadas por las corporaciones es instalar que Argentina es uno de los países con mayor carga impositiva. En tal sentido es importante destacar que en nuestro país la mayor alícuota de impuesto individual es del 35%, mientras que tenemos numerosos ejemplos de otros países donde es superado ampliamente (Dinamarca 56%, Holanda 49,5% con un impuesto a herencia y donaciones del 40%, Chile 40%, Alemania 45%, Austria 55%, España 45% y 34% para herencia y donaciones, Italia 43% y 8% para herencia y donaciones, por citar algunos ejemplos). Asimismo, la presión fiscal sobre el PBI en Argentina asciende al 28,8%, ubicándola en el puesto número 43 de la lista liderada por Francia (47,2%) y en la cual encontramos con mayor carga impositiva que nuestro país a Austria, Italia, Alemania, Reino Unido, Brasil, Japón, Israel, Uruguay y Sudáfrica, entre otros. (datosmacro.com)

Es evidente que las discusiones generadas a raíz de este aporte extraordinario nos llevan a una discusión más profunda en materia impositiva, y a la necesidad de una reforma estructural y progresiva. En tal sentido, es destacable el argumento del diputado nacional Carlos Heller, ponente del aporte extraordinario a las grandes fortunas, quien plantea que:

“…en el mundo hay riqueza de sobra, pero está mal distribuida: está concentrada en muy pocas manos. El principal mecanismo de redistribución en las sociedades capitalistas son los impuestos. De allí, que la discusión entre conservadores y reformistas gire fundamentalmente alrededor de las políticas impositivas. Los conservadores, como su nombre lo indica, buscan conservar lo que tienen y se oponen a toda medida que los conduzcan a repartir. Porque creen que lo que han acumulado les corresponde en exclusividad, porque se lo ganaron, porque han hecho los méritos suficientes para poder acceder a ello. Pero eso no es cierto. En toda fortuna individual hay una inversión hecha por el Estado y costeada por toda la sociedad: la educación de la sociedad, las rutas por donde circula la producción, los desarrollos en ciencia y tecnología financiados por los gobiernos, entre muchos otros aspectos.”[i]

Es claro, el país necesita cambiar su matriz tributaria, y a la vez sostener e incrementar el consumo, con una mejora en la distribución de los ingresos para que las ganancias o excedentes no se sigan acumulando en grandes cantidades, en pequeños grupos de personas. Podemos encontrar un camino en el fortalecimiento de las organizaciones de la ESyS, en el incentivo para su formación, sostenibilidad y crecimiento que, sin dudas, nos llevará a una sociedad más justa y con el tiempo a reducir esa brecha entre quienes más y menos tienen, a poder mermar la apropiación indebida de recursos a través de rentabilidades excesivas por parte de unos pocos y saliendo de la economía nacional hacia paraísos fiscales.

La crisis global ha dejado al descubierto situaciones de inequidad y vulnerabilidad social que no pueden esperar. El aporte extraordinario servirá para atender parte de la urgencia, pero no podemos quedarnos solo en ello. Debemos repensar con urgencia nuestra macroeconomía y establecer políticas universales e inclusivas, con la solidaridad como uno de los principios rectores fundamentales, con mayor énfasis en la discusión sobre la distribución de los recursos, y como parte de ese camino, con el robustecimiento de las organizaciones de la economía social y solidaria, para que el mundo pueda ser un lugar cada vez más justo para todos y todas.

Ver entrevista completa en: http://www.hamartia.com.ar/2020/11/17/heller-ley-cobrarles-mas-tienen/

*Contador Público egresado de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Administración de Entidades Financieras (UBA – AMBA).  Secretario Administrativo del Instituto Universitario de la Cooperación – IUCOOP