*Andrés Ruggeri

En julio de 2019, se realizó el Foro Federal de la Economía Cooperativa, Autogestionada y Popular, que reunió a las principales organizaciones y dirigentes del sector y contó con la participación de figuras que, posteriormente, ocuparon los lugares más relevantes en el gobierno actual con actuación en la problemática y las demandas debatidas en el encuentro. 

El eje de las propuestas del Foro planteaba la integración de la economía autogestionada como parte de una política económica y productiva, que articulara con la capacidad de creación (y recuperación) de empleo genuino de las cooperativas y la economía popular, con políticas formativas y vinculadas con el sistema científico y tecnológico, con la integración en las cadenas de valor y con un acceso pleno de las cooperativas y los emprendimientos populares al financiamiento y al crédito. Además, se hacía énfasis en la necesidad de una actualización normativa y legislativa que sostuviera ese programa y reconociera los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras de la autogestión. 

La asunción del gobierno de Alberto Fernández generó enormes expectativas en nuestro sector pero la pandemia, antes que en la propuesta de fondo expresada por el Foro, puso el foco en la urgencia, que ya era grande después de cuatro años de virulento macrismo. Los reclamos para la asistencia de emergencia se hicieron sentir frente a la paralización de gran parte de la economía y el hecho de que la mayor parte de los esfuerzos para evitar la caída masiva de la población en la pobreza estaban armados sobre los mecanismos normativos construidos para los trabajadores asalariados (el ATP) o para los que carecían de todo tipo de ingreso o formalidad (el IFE). En cambio, las cooperativas de trabajo quedaron en un limbo por la falta de legislación acorde para el reconocimiento del trabajo autogestionado. Las respuestas para el sector, aparecían de a poco y adaptando trabajosamente programas ya existentes. 

Esta situación comenzó a destrabarse con los anuncios hechos el 23 de diciembre por el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y Nahum Mirad, a cargo interinamente del INAES. Las medidas no apuntan solamente a paliar la emergencia, sino a sentar las líneas de una política estatal hacia las cooperativas y su integración en una estrategia de desarrollo, como una parte de la estructura económica nacional y no solo como una solución transitoria o precaria a problemas sociales. Aunque son apenas un primer paso, tomadas en conjunto y articuladamente representan un esbozo de un plan de acción integral. En una situación tan compleja como la presente, vale la pena prestarle atención a este programa y a su congruencia con la propuesta del Foro Federal de hace un año y medio atrás.  

Las medidas anunciadas tienen varias aristas:  se anunció un financiamiento directo a unas 50 cooperativas (mayormente empresas recuperadas) por un total de 280 millones de pesos; una nueva línea de crédito que incluye a cooperativas con el respaldo del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR), a través del Banco Nación y otros bancos públicos; y la decisión de avanzar en la resolución de los problemas jurídicos que arrastra el sector, especialmente el de las empresas recuperadas. La necesidad de una reforma de la legislación cooperativa es señalada desde hace ya años, debido a la obsolescencia de una ley sancionada hace medio siglo, con un movimiento cooperativo muy diferente al actual y que todavía no había sido transformado por la irrupción masiva de trabajadores autogestionados que recurrieron a la cooperativa de trabajo como marco legal. Esta vacancia, como sabemos muy bien en el sector de la autogestión, precariza a sus trabajadores y trabajadoras y vuelve más vulnerables a los emprendimientos a los vaivenes políticos y económicos, haciendo difícil la estabilidad y mucho más el crecimiento de las cooperativas de trabajo. Esta precariedad no solo repercute en la vida cotidiana de decenas de miles de cooperativistas, sino que pone un cono de sombra a la viabilidad de la autogestión a través de un obstáculo jurídico que termina adquiriendo más importancia que las dificultades y logros reales, y que urge resolver.