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Tres escuelas de gestión social de Mendoza luchan para evitar el cierre definitivo

El gobernador Rodolfo Suárez confirmó el cierre de tres instituciones educativas de gestión social por la sobrepoblación de CENS en la provincia.

Se llevó a cabo ayer un abrazo simbólico y una actividad en defensa de tres escuelas de gestión social de la provincia de Mendoza que, por decisión del gobernador Rodolfo Suárez, van a cerrar sus puertas.  

Se trata de tres instituciones que funcionan desde hace más de quince años: la Escuela Agroecológica, el Bachillerato Popular Violeta Parra y la Casita Trinitaria de Mendoza capital, Guaymallén y Lavalle, respectivamente.

La Resistencia educativa 

A propósito de esta decisión política, ANSOL conversó con Marta Greco, directora de la Escuela Agroecológica, que es parte de la UST , quien resaltó la falta de una explicación convincente, por parte de las autoridades provinciales, en relación a la rescisión del convenio vigente: “Podrían renovarlo sin problemas, pero recurren a rescindirlo”. 

La escuela de agroecología cuenta con 64 estudiantes y 35 aspirantes pre-inscriptos, y su directora expresa el proyecto que se busca clausurar: “La escuela emite certificados oficiales. Nuestros estudiantes egresan con el título de Bachiller Agro-ambiental. Buscamos consolidar un modelo agrario que tenga en cuenta una perspectiva de soberanía alimentaria”.

La determinación del gobernador fue anunciada el 28 de diciembre, y desde entonces se llevó a cabo una campaña de difusión, apoyo y solidaridad, para evitar el cierre definitivo de estas escuelas. “La respuesta fue masiva ayer, de parte de la comunidad educativa y de la sociedad en general, y estamos muy agradecidos por ese acompañamiento. Hemos sido convocados por el Director General de Escuelas, que se comprometió a renovar el convenio y a trabajar para la continuidad”, explica Greco.

Contra la Ley de Educación Nacional

Distintas organizaciones que manifestaron su apoyo, desde la UTEP al Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y otras organizaciones sociales y educativas, denuncian que se está desconociendo la letra de la Ley de Educación Nacional 26.206.

Dicha ley, vigente desde el año 2006, reconoce y ampara la actividad educativa que llevan adelante las escuelas de gestión social y cooperativa en los artículos 4 y 13 de la ley donde expresan que todos los habitantes de nuestra Nación tienen derecho a recibir una educación integral, gratuita y permanente, “con la participación de las familias y de las organizaciones sociales”.

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