Tarifas: el Gobierno propone subas hasta un 40%, entre las críticas y la interna

En las primeras jornadas de las audiencias públicas, organizaciones de consumidores reclamaron conocer los costos de las empresas y se negaron a «validar la política energética del macrismo».

Tarifas: el Gobierno propone subas hasta un 40%, entre las críticas y la interna

Las audiencias públicas que tratan los aumentos de las tarifas de luz y de gas, la quita de subsidios y la segmentación por poder adquisitivo llegan su fin. Después de tratar la producción de gas, el martes, y la generación de electricidad, el miércoles, será el turno de la segmentación, este jueves.

La cuestión energética es un tema muy complejo en general y problemático para este Gobierno en particular, ya que se encuentra atravesado por la pérdida de poder adquisitivo de usuarios y consumidores en los últimos seis años, por los intereses y reclamos de las empresas del sector, por el acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional, y por la fuerte interna en la coalición gobernante, que tiene una de los principales fusibles, justamente, en la energía.

Durante los primeros dos días de las audiencias, las organizaciones de usuarios y consumidores plantearon que no darán el visto bueno a ningún tipo de aumentos, atentos a dos cuestiones principales: el bolsillo de las y los usuarios, por un lado, y la Revisión Tarifaria Integral (RTI) del macrismo, por el otro. Sobre este último punto, las organizaciones advierten que cualquier aumento que se apruebe estaría siendo aplicado sobre la base dejada por la cuestionada política energética del Gobierno de Mauricio Macri y el entonces ministro de Energía Juan José Aranguren. “Validar un aumento sería validar la política energética de Aranguren”, advirtió a ANSOL el titular de la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada. En el mismo sentido, Boada recordó que tanto el ENRE como el Enargas (los entes reguladores) declararon nulas las RTI del macrismo y que se supone que el Gobierno tiene que determinar una nueva RTI para fin de año, como plazo límite.

El presidente de la Asociación por la Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC), Osvaldo Bassano, fue al hueso: “No podemos determinar ningún aumento sin saber cuáles son los costos de las empresas de producción de gas y de generación de electricidad. Es un escándalo que no se sepa cuánto vale la energía y haya que pagarles lo que digan, sin mostrar las estructuras de costos”.

Las propuestas del Gobierno

En la audiencia del martes, la Secretaría de Energía propuso un aumento promedio del 20% en el servicio de gas, para los usuarios sin tarifa social (es decir, la mayoría), a partir del 1 de junio. La subsecretaria de Hidrocarburos Maggie Videla señaló en su rol de representante oficial que los beneficiarios de la tarifa social tendrán un aumento equivalente al 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior, mientras que el resto de los usuarios tendrán una suba del 80% del CVS.

De esta forma, con un CVS en 2021 del 53,4%, esos ajustes para todo el año deberían ser del 21,3% y 42,7%, respectivamente. Los aumentos dispuestos en febrero se ubicaron entre el 13,7% y el 20,5%, con lo cual restaría aplicar los incrementos remanentes de hasta un 25,5%, para quienes no cuentan con tarifa social.

En el caso de la electricidad, las subas serían del 42,72% para los usuarios que no tengan tarifa social, y del 21,27% para aquellos que dispongan de ese beneficio.

La interna a flor de piel

La interna dentro del Frente de Todos no es ningún secreto y tiene un fuerte anclaje en materia energética. De hecho, la primera explosión de la interna se dio a mediados de 2021, cuando un desplante del subsecretario de Energía, Federico Basualdo, provocó la ira del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien pidió su renuncia. Finalmente, luego de varias idas y vueltas, Basualdo se sostuvo en el cargo.

Guzmán es quien lleva adelante la política energética y también el acuerdo con el FMI. Entiende que es clave bajar niveles de subsidios y reducir déficit. Lo defendió incluso en las últimas horas luego de las críticas de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El FMI, por su parte, exige como parte de las metas a cumplir en el mentado acuerdo una fuerte reducción de subsidios a la energía. Guzmán cuenta con el apoyo del presidente Alberto Fernández para su cruzada.

Basualdo es uno de los alfiles que tiene la vicepresidenta en el ámbito de la energía. El otro es el interventor del Enargas, Federico Bernal. Ambos ocupan lugares estratégicos dentro del sector y, llegado el caso, podrían tirar para atrás las iniciativas de Guzmán.

Un detalle: las audiencias son virtuales por decisión del Gobierno, cuando la excusa de la pandemia se queda corta, ya que está liberado todo tipo de actividad que incluya mucha gente reunida en el mismo lugar. Además, días antes de la audiencia, las organizaciones pidieron que las mismas sean presididas por Guzmán, ya que entienden que es él quien diagrama el esquema tarifario.

Los reclamos de las empresas

Las empresas del sector critican al congelamiento de las tarifas de los últimos dos años (con excepción de los aumentos de marzo). Las productoras y generadoras no se quejan demasiado, ya que perciben sus ganancias en dólares, independientemente de si llegan en forma de pago de los usuarios o de subsidios estatales. Las distribuidoras, en cambio, pusieron el grito en el cielo en las audiencias, por no recibir aumentos.

Un ejemplo claro es el de Edenor. El representante de la empresa, Federico Méndez, señaló que entre enero de 2019 y marzo de este año el aumento en las facturas de electricidad fue del 31%, “más que insuficiente para afrontar costos de la compañía, que aumentaron 229%”. En el mismo sentido, disparó: “Esto es injusto, arbitrario e inconstitucional, pero lo peor es que es un error que pone en riesgo la calidad del servicio y puede derivar en posibles apagones”, alertó y agregó: “Este desbalance no se puede sostener en el tiempo”.

Lo que no dijo Méndez es que las empresas de distribución no pagan la energía que compran en CAMMESA (venta mayorista) y que luego venden a los usuarios. Las distribuidoras deben 350 mil millones de pesos a CAMMESA. De ese total, casi $ 150 mil millones corresponden a Edenor y Edesur. La deuda la absorbe el Estado.

La segmentación

La segmentación de tarifas encuentra consenso en su matriz: que quienes más tienen, más paguen. Sin embargo, hay fuertes críticas a la metodología elegida por el Gobierno: discriminar por poder adquisitivo desde el punto de vista geográfico. José Álvarez, presidente de Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad (FACE), planteó a ANSOL que “lo ideal sería hacerlo por consumo; históricamente, los que más consumen energía son las personas con mayor poder adquisitivo. En cambio, por una cuestión meramente geográfica se pueden cometer errores muy fácilmente y pueden llover muchos reclamos”.

Finalmente, Álvarez diferenció: “Las cooperativas no tenemos deudas siderales en CAMMESA, no le cortamos el suministro a nuestros usuarios-socios y hacemos las inversiones correspondientes. Es cierto que se necesita adecuar un poco las tarifas, pero debe hacerse con criterio, haciendo bien la segmentación”.