La decisión del tribunal de alzada se dio al hacer lugar a un recurso de queja presentado por la firma FIDULAC S.A. Con este fallo, queda totalmente paralizada y sin efecto la resolución del pasado 11 de junio, la cual establecía las bases, condiciones y los valores de referencia para comenzar a rematar los bienes de la firma cooperativa para saldar deudas con los acreedores.

Firma digital y «exceso de rigor formal»

El freno a la venta no se debió a una cuestión económica directa, sino a un fuerte tirón de orejas de la Cámara hacia el juzgado de primera instancia. Los camaristas consideraron que el magistrado del concurso actuó con un «exceso de rigor formal» al rechazar una impugnación previa de FIDULAC S.A., escudándose en una supuesta irregularidad con la firma electrónica del escrito.

El tribunal de apelación ratificó que la plataforma utilizada cuenta con validez legal vigente en el país y que no había motivos para desconocerla de oficio. Ante esto, concedieron la apelación con «efecto suspensivo», lo que congela el pliego de bases y condiciones hasta que se analice el fondo de la discusión.

Los jueces justificaron la medida advirtiendo que la licitación es un paso de «especial trascendencia» dentro del concurso y que avanzar con la venta en este escenario «podría generar consecuencias difíciles de revertir para el futuro de la empresa» y su masa de trabajadores.

Los tres escenarios que se abren para SanCor

Con las plantas y los activos congelados temporalmente, el futuro inmediato de la cuenca lechera cooperativa se debate en tres posibles salidas judiciales:

Ratificación: Que la Cámara desestime finalmente el reclamo de FIDULAC S.A. y confirme la resolución del juez original. De ser así, la licitación se reanudaría bajo las mismas condiciones, sufriendo únicamente el retraso del tiempo que llevó este bache judicial.

Modificación del pliego: Que el tribunal mantenga en pie la venta pero obligue a meter mano en el pliego, alterando los valores base, las condiciones de los oferentes o los mecanismos de adjudicación, lo que obligaría a reprogramar todo el cronograma.

Reforma integral: La opción más compleja, que implicaría la necesidad de reformular por completo los aspectos centrales de todo el procedimiento licitatorio.

Para el ecosistema del asociativismo, la caída de SanCor marca un punto de inflexión. No obstante, el pliego licitatorio introduce una cláusula central: el factor económico no será el único determinante para definir al ganador. El tribunal ponderará de manera explícita los antecedentes de las firmas postulantes y, fundamentalmente, sus planes de continuidad operativa y preservación de los puestos de trabajo.

SanCor: radiografía de una licitación histórica

Pasivo acumulado: USD 120 millones de dólares.

Base total de venta: USD 52,1 millones.

Lotes 1 al 6 (Plantas industriales): USD 27,4 millones.

Lote 7 (Activos intangibles / Marcas): USD 24,7 millones (USD 18,7 M corresponden a la marca principal y USD 6 M a submarcas como Mendicrim, Tolem y Quesabores).

El pliego divide los activos en siete bloques independientes. Las seis plantas fabriles, distribuidas equitativamente entre las provincias de Córdoba y Santa Fe, representan el corazón operativo y dónde se juegan los más de 900 puestos de trabajo.

Un detalle clave del proceso es la situación de la planta central de Sunchales. Tras sufrir un incendio estructural durante la primera semana de junio, la Justicia determinó una reducción del 20% en su tasación original, quedando fijada en USD 2,4 millones.

Devoto (Córdoba): USD 7,0 millones (Leche en polvo, manteca y crema).

Gálvez (Santa Fe): USD 5,5 millones (Fraccionamiento y empaque).

La Carlota (Córdoba): USD 5,0 millones.

Balnearia (Córdoba): USD 5,0 millones.

San Guillermo (Santa Fe): USD 2,5 millones (Especializada en quesos).

Sunchales (Santa Fe): USD 2,4 millones (Afectada por incendio).

Cinco interesados confirmados y el factor ATILRA

El esquema judicial permite a los oferentes realizar propuestas por plantas individuales, combinaciones de lotes o la totalidad de la empresa. Para participar del proceso, las corporaciones deben adquirir un pliego de USD 10.000 y respaldar su propuesta con una garantía del 10% del monto total ofertado.

Desde el sector laboral, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) sigue de cerca las negociaciones. En el mapa de interesados figuran fuertes jugadores del supermercadismo, la industria de la alimentación y capitales de medios reconvertidos:

Savencia: Dueña transnacional de la marca Milkaut.

Adecoagro: Productor de Las Tres Niñas.

Punta del Agua y Elcor: Dueños de la marca La Tonadita.

La Tarantela: Especialistas en quesos.

Gustavo Scaglione: Empresario de medios.

El desenlace de esta licitación dictará si las unidades productivas que supieron conformar el emblema del cooperativismo lácteo argentino logran reinsertarse en el mercado preservando el empleo local y el desarrollo de los territorios cordobés y santafesino.

La tensión reinó el jueves último en la sede central de SanCor, en la localidad santafesina de Sunchales. Días antes, el 22 de abril, el juez Marcelo Gelcich había decretado la quiebra, pedida unos días antes por el propio Consejo de Administración (CdA) de la cooperativa, a partir de un déficit operativo insalvable y de una deuda superior a los 120 millones de dólares.

Un grupo de asociados no se resignó y apeló la decisión judicial. El argumento principal fue que el CdA no tenía la potestad para pedir la quiebra; que solo la asamblea en pleno podía hacerlo. El juez Gelcich fue blanco de críticas por haber dado lugar a ese pedido del CdA. En ese marco, se llevó a cabo la asamblea.

Bajo la mirada de veedores del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y de la Dirección de Cooperativas de Santa Fe, los socios debatieron la situación. La tensión era palpable: si rechazaban la quiebra, se generaría un choque institucional entre la voluntad de los asociados y la sentencia judicial ya dictada.

Algunos sectores de socios defendían alternativas de salvataje, con propuestas como convertir la cooperativa en Sociedad Anónima y buscar inversores o bien crear un fideicomiso. En tanto, otros reconocían que la situación era irreversible y buscaban avanzar con la liquidación.

Finalmente, tras varias horas de debate y por mayoría, los socios ratificaron el pedido de quiebra. Con ese aval, la decisión del juez Gelcich quedó convalidada y las apelaciones perdieron fuerza política y legal.

¿Qué pasa con los 900 trabajadores?

El siguiente paso de la quiebra es la liquidación de activos, que tendrá como fin pagar a los más de 1.500 acreedores que tiene SanCor. Entre ellos, las y los trabajadores, que acumulan salarios impagos, aguinaldos, vacaciones y, por supuesto, indemnizaciones.

SanCor tiene un plantel de más de 900 trabajadores que quedan a la deriva. Para aliviar el impacto, el juez Gelcich ordenó sostener la producción de las plantas que no dan pérdidas. Esto también contribuiría a que no se termine de desplomar el valor de la marca a la hora de vender. Sin embargo, solo hay lugar para 200 trabajadores.

Según publicó el sitio Bichos de Campo, ese centenar de trabajadores será elegido por la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA). Alejandro Cabrera, integrante del Consejo Directivo Nacional de ATILRA, de la Comisión Directiva de la Seccional Sunchales y delegado de la planta, explicó a Radio Sunchales las alternativas.

«Para nosotros, es el comienzo de algo nuevo. Es esperanzador porque quien se haga cargo de la marca SanCor sabe que tiene prestigio en el mercado, que tiene calidad; es una marca que a través de muchos años fue la número uno en el país y en América Latina», destacó Cabrera.

En el mismo sentido, continuó: «SanCor sigue teniendo la marca, sigue teniendo las fábricas y sigue teniendo lo más importante: la mano de obra, que son los trabajadores que han hecho que los productos sean de primera calidad. Nadie que quiera invertir va a querer desaprovechar eso. En ese sentido, estamos totalmente tranquilos».

Finalmente, Cabrera remarcó: «Nosotros vamos a velar por todos los trabajadores afiliados, que siempre estuvieron en la lucha y que han apoyado a la organización sindical, incondicionalmente y confiando en la conducción».

Crónica de la caída de SanCor

Luego de décadas de éxito comercial y de haberse convertido en uno de los mayores exponentes del cooperativismo argentino, SanCor ingresó en una crisis, a fines de los 90 y principios del 2000. Comenzó a acumular deudas y a perder terreno contra La Serenísima.

En 2006, se realizó el primer intento de salvataje, a partir de un acuerdo con Venezuela que luego se desplomó. Luego de un derrotero de ventas de activos para solventar deudas y de intentos de reestructuración que nunca llegaban a buen puerto, en 2025 SanCor inició un concurso preventivo para negociar con acreedores y evitar la quiebra. El proceso fracasó por la magnitud de los pasivos y la falta de materia prima.

El 22 de abril de 2026, el juez Marcelo Gelcich decretó la quiebra de SanCor. La decisión judicial se basó en el reconocimiento de la propia conducción de la empresa de que no podía revertir su crisis financiera.

En los días posteriores, un grupo de extrabajadores, productores y proveedores presentó apelaciones contra la resolución. Estas apelaciones buscaban frenar el proceso y abrir la puerta a alternativas de salvataje. Sin embargo, la asamblea del 30 de abril enterró toda posibilidad y SanCor se despide con un sabor amargo.

Ese diseño (cooperativo, federal, arraigado) permitió eliminar intermediaciones, distribuir excedentes con criterios solidarios y sostener un entramado productivo que, durante décadas, fue sinónimo de desarrollo regional.

En su apogeo, entre las décadas de 1970 y 2010, SanCor llegó a procesar más de 4 millones de litros diarios de leche, unos 1.300 millones anuales, operó 17 plantas industriales y se consolidó como la principal empresa láctea del país. Generó cerca de 4.700 empleos directos y articuló a más de 1.300 productores asociados, impactando en unas 20.000 personas vinculadas a su cadena.

No se trataba solo de volumen o escala: era un modelo de integración vertical cooperativa que combinaba eficiencia productiva con distribución territorial del ingreso, sosteniendo pueblos, rutas lecheras y economías regionales en pie.

Sin embargo, su declive fue tan prolongado como elocuente. Desde mediados de los 2000, la cooperativa comenzó a acumular endeudamiento, perder competitividad y desarmar progresivamente su estructura: venta de plantas, cesión de marcas, reducción de personal (más de 3.000 puestos perdidos) y caída sostenida de su producción.

De aquel pico de 4 millones de litros diarios se descendió a apenas unos 500.000, y hacia 2024 la actividad representaba apenas el 10% de lo que había sido una década antes. A ello se sumaron tensiones internas, dificultades de financiamiento y un contexto macroeconómico adverso para la industria nacional.

SanCor: una alianza para el desarrollo y el arraigo

En ese recorrido hay, sin embargo, una enseñanza más profunda que excede a la propia empresa: el entramado de cooperativas y mutuales en Santa Fe y Córdoba (las jurisdicciones con mayor densidad de estas organizaciones en el país), ha sido históricamente un motor de inclusión económica, arraigo territorial y democratización de la producción.

SanCor nació justamente de esa alianza interprovincial, de ese asociativismo que permitió a miles de pequeños productores convertirse en actores económicos de escala. No es casual que Sunchales, su sede histórica, sea reconocida como la Capital Nacional del Cooperativismo: allí se sintetiza una tradición donde la cooperación y la ayuda mutua no fueron consignas, sino herramientas concretas de desarrollo.

La quiebra decretada por la Justicia en 2026 (con una deuda cercana a los 120 millones de dólares, más de 1.500 acreedores y meses de salarios impagos) marca el cierre de una etapa, pero no invalida la experiencia. Por el contrario, obliga a diferenciar entre los problemas de gestión, contexto y decisiones estratégicas, y el valor intrínseco de un modelo que demostró que es posible producir, exportar y generar empleo masivo sin subordinarse a la lógica pura del lucro.

SanCor no cayó por ser cooperativa; cayó en un escenario donde las reglas de juego fueron cada vez más hostiles para proyectos que priorizan lo colectivo sobre la rentabilidad inmediata.

En tiempos donde se exaltan el individualismo, la meritocracia abstracta y la maximización de ganancias como únicas brújulas, la experiencia de SanCor sigue interpelando: durante décadas, miles de pequeños y medianos productores lograron lo que ningún actor aislado hubiera podido construir.

La Economía Social y Solidaria no es una utopía romántica sino una práctica concreta que supo generar riqueza, empleo y arraigo. La pregunta que deja su caída no es si el cooperativismo funciona, sino bajo qué condiciones políticas, financieras y culturales se lo deja, o tal vez no, desplegar todo su potencial.

La resolución fue dictada por el juez a cargo del caso, Marcelo Gelcich, perteneciente al Juzgado en lo Civil y Comercial de la 4ta. nominación de la ciudad santafesina de Rafaela.

La cooperativa arrastra un pasivo cercano a los US$120 millones y había solicitado la quiebra al enfrentarse con la imposibilidad de cumplir con un plan de pagos que salde las deudas constatadas con más de 1.500 acreedores.

Cronología de la quiebra de SanCor

SanCor se encontraba en concurso preventivo desde febrero de 2025, al que ingresó pensándolo como “una solución definitiva que garantice la consolidación de SanCor”. Finalmente, el dictamen judicial de este miércoles consignó el fracaso de dicho proceso al señalar que se da lugar a una “quiebra indirecta por frustración anticipada y expresamente reconocida del trámite preventivo”.

El concurso no cambió la situación crítica de la empresa con el paso de los meses, sino que la profundizó, lo que se evidencia en que el pasivo postconcursal crecía a una tasa aproximadamente de $3.000 millones por mes, según expuso el expediente.

Al respecto, el escrito judicial detalló en cifras aproximadas que al momento de la quiebra, la cooperativa acumulaba $12.788 millones en salarios adeudados entre mayo de 2025 y enero pasado, $6.349 millones de deuda impositiva y previsional, $3.380 de aportes a obras sociales y sindicatos adeudados, y $13.313 millones de deudas comerciales. A eso se suma el pasivo del concurso con deudas por más de US$86 millones.

Ante este escenario, el juez dictó la quiebra al considerar que “la empresa no resulta económicamente viable en el mediano plazo, configurándose un cuadro de insolvencia no susceptible de reversión”.

Más allá de la medida dictaminada, el magistrado dispuso que la empresa siga operando de manera transitoria mientras avanza el proceso judicial, al señalar que un cese total de la actividad “causaría un perjuicio a los 914 trabajadores en relación de dependencia, a los acreedores laborales con créditos prontopagables pendientes de cancelación, a proveedores y a los acreedores en general”.

Hacia adelante, el fallo determinó que “los bienes de SanCor son incautados por los síndicos y deben ser conservados en el mejor estado posible, para el momento próximo de su venta”. En ese sentido, anticipó que “se convocará a interesados para comprar las plantas industriales (en conjunto o por separado), a través de una licitación”.

Al mismo tiempo, estipuló que durante el descrito proceso de transición hacia la comercialización de la compañía, “los administradores del Consejo de SanCor (presidente Oscar Sapino y otros) deben colaborar con los síndicos”.

El escrito fue presentado ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito N°5 en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación, a cargo del juez Marcelo Germán Gelcich. La solicitud se enmarca en la «frustración del concurso preventivo» que la cooperativa tramitaba desde febrero del año pasado.

Después de haber cerrado el año pasado con actividad, atravesando la crisis láctea que interpela al sector agropecuario.

Impacto económico de SanCor

La crisis de la empresa láctea cooperativa SanCor alcanzó un punto crítico. Según consta en el expediente, la deuda acumulada ronda los 120 millones de dólares, con más de 1.500 acreedores verificados que aguardan el cobro de sus acreencias.

En el plano social, el impacto es directo sobre las familias trabajadoras. El gremio Atilra denunció recientemente que la firma adeuda ocho meses de salarios y aguinaldos, una situación que ya había generado fuertes cruces y medidas de fuerza en las plantas.

El rol de los asociados de SanCor

El juez Gelcich deberá definir ahora si declara la quiebra definitiva. Esto implicaría pasar de una etapa de reestructuración a una de liquidación bajo control judicial. En ese caso, un síndico administraría los activos (plantas y marcas) para intentar satisfacer a los acreedores.

Por otro lado, el Consejo de Administración, presidido por Oscar Juan Sapino, convocó a una asamblea extraordinaria para el próximo 30 de abril. Allí, los asociados deberán ratificar la decisión de solicitar la quiebra, cumpliendo con los pasos institucionales que rigen a las entidades solidarias.

Cabe recordar que los intentos previos por salvar a la láctea, incluyendo la creación de un fideicomiso de salvataje impulsado por empresarios, no lograron concretarse, dejando a la cooperativa en el actual escenario de insolvencia.

Esta nueva cooperativa, situada en la localidad de Arenaza, en la provincia de Buenos Aires (PBA), se formó hace unos meses, tras la quiebra de la empresa láctea ARSA, que entre otros productos elaboraba el queso Mendicrim, los postres Shimy y Sancorito, y el yogurt Yogs, dejando a más de 200 trabajadores en la calle. En Arenaza, viven aproximadamente 1500 personas.

La iniciativa, coordinada por el subsecretario de Relaciones del Trabajo, Andrés Reveles, y la directora Provincial de Empleo, del Ministerio de Trabajo bonaerense, Claudia Lazzaro, en conjunto con la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), proponen el camino cooperativo como alternativa para conseguir una salida laboral que sostenga a las familias que quedaron sin sus fuentes de ingresos.

En el marco de las intervenciones territoriales del IPAC, la directora provincial de Registro y Fiscalización Cooperativa, Milagros Moya, y el director provincial de Promoción para el Desarrollo del Asociativismo y Cooperativismo, Hernán Rachid, realizaron la entrega gratuita de libros sociales y contables a la cooperativa.

La voz del IPAC

En diálogo con ANSOL, Rachid señaló que «uno de los pasos principales fue la conformación de la cooperativa. El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), a fin del año pasado, le dio la matrícula y nosotros, desde el IPAC, le entregamos los libros rubricados, que es la inscripción en la PBA, que formaliza su trabajo y le da resguardos jurídicos».

«La cooperativa hoy está conformada por 80 trabajadores; o sea, es un número grande. La planta tenía más de 200 en el momento del cierre. Por eso, la conformación la cooperativa es como una herramienta jurídica de los trabajadores para poder intervenir en el proceso de quiebra, que ya está declarado, e ir presentándole a la sindicatura una propuesta para la vuelta al funcionamiento de la planta», agregó el dirigente del IPAC.

«Hubo un proceso de discusión, de pensar en herramientas a futuro para poder abordar este tema en serio y volver a generar trabajo para la familia porque la verdad es que la empresa le daba funcionamiento de un pueblo entero«, admitió el funcionario bonaerense.

El cierre de la empresa láctea ARSA dejó a todo un pueblo básicamente sin su principal fuente de ingresos. Era una planta que funcionaba desde la década de 1980 y que llegó procesar en sus picos de producción miles de litros de leche por día y que, a la vez, les daba vida a muchos tambos de la zona y de la región.

ARSA, que producía además los productos Mendicrim y Jimmy para la cooperativa latea Sancor, cerró sus puertas dejando a cientos de trabajadores sin sus puestos de trabajo. Como respuesta, ATILRA jugó un rol muy importante de acampamiento en el proceso posterior al cierre y de comenzar a dar los primeros pasos para reactivar la fábrica junto a los trabajadores.

«Nos acercamos como un gesto a las autoridades de la cooperativa. Fuimos porque nos interesaba ver cómo estaban, generar un proceso de reactivación y cuidar mucho los bienes que están adentro de la planta, las herramientas, las maquinarias, para que no se usurpen y que la policía esté haciendo la custodia como debe», dijo Hernán Rachid.

«Es muy difícil recuperarla cuando pasa tanto tiempo sin uso una planta de alimentos, que tiene que cumplir un montón de condiciones bromatológicas para su funcionamiento, y el tiempo que va pasando cada vez complejiza todo», agregó el funcionario del IPAC que conduce Gildo Onorato.

Rachid reconoció también que el proceso de reactivación de la planta no es nada sencillo, ya que requiere de un plan de inversión e inversores que pongan el dinero, ya que los trabajadores no tienen ese capital dada la magnitud de la fábrica.

Sin embargo, el funcionario del IPAC también remarcó que «hoy la cooperativa es de lo trabajadores y está totalmente habilitada para encarar cualquier tipo de presentación. Ahora, viene el proceso de tener una viabilidad económica, con un proyecto y una inversión que pueda dar vida de vuelta a la empresa y que sea aceptado también por las sindicaturas de la quiebra».

«Cuando uno interviene en este tipo de procesos, que hacen recordar al proceso más fuerte de fábricas recuperadas en la Provincia, que se vivió a partir del 2000/2001, nos ponemos contentos porque aportamos desde nuestro rol institucional y político, que es entregar y poner en funcionamiento una cooperativa más en la Provincia», señaló el director del IPAC.

«Son importantes los gestos con los trabajadores, ver las emociones y acercarnos en este contexto tan horrible que estamos viviendo aporta mucho. La solución económica y laboral es compleja, pero nosotros tenemos que estar para contener y aportar todo lo que esté a nuestro alcance», concluyó Rachid.

«La crisis económica actual que está generando el modelo económico nacional va dejando sus heridas en nuestra Provincia y este caso es parte de ese proceso. En la provincia de Buenos Aires, siguiendo el axioma de nuestro gobernador (Axel Kicillof) de ‘ser escudo y red desde el Estado provincial’, vamos a seguir trabajando por la defensa del trabajo y el derecho a una vida digna», señaló un comunicado del IPAC.

Desde el mes de mayo, SanCor logró reactivar sus plantas luego de los diez meses de bloqueo que había dispuesto el sindicato Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA). Actualmente, seis de sus plantas registran altos niveles de ocupación, alcanzando entre el 75 y el 80 por ciento de su capacidad operativa, y procesan aproximadamente entre 550.000 y 600.000 litros de leche por día, según fuentes periodísticas.

En esta etapa de recuperación, las cooperativas asociadas comenzaron a utilizar la capacidad instalada de SanCor para elaborar sus productos a fazón, lo que genera ingresos adicionales y refuerza el esquema de sostenibilidad de la entidad. Además de secar leche, la cooperativa reactivó sus líneas de manteca, crema, queso crema Mendicrim, quesos duros, semiduros, blandos, rallados y dulce de leche, productos que mantienen su presencia en las góndolas de los principales supermercados del país.

En relación con los trabajadores, los pagos de salarios continúan realizándose en entregas semanales, de acuerdo con lo establecido en julio de 2017 junto al sindicato. No obstante, SanCor logró mejorar los márgenes de pago y reducir la deuda pendiente en materia salarial, lo que refleja una leve pero sostenida mejora.

En el plano judicial, el concurso de la cooperativa pasó a manos del juez Marcelo Gelcich, tras la salida de Guillermo Vales, quien había autorizado una convocatoria a declaración de los ex presidentes de la firma, Alberto Sánchez y José Pablo Gastaldi. Ambos deberán comparecer ante los tribunales de Rafaela para detallar los hechos ocurridos durante sus mandatos.

Esta instancia judicial busca corroborar las versiones difundidas por ATILRA sobre una supuesta evasión impositiva superior a los 1.500 millones de pesos, acusación que la cooperativa desmiente categóricamente.

SanCor en medio de la crisis del sector lácteo

Mientras tanto, el escenario lácteo nacional se ve impactado por las quiebras de ARSA y La Suipachense, dos empresas con estrecha relación comercial con SanCor. La Justicia decretó esta semana la quiebra de La Suipachense, una de las firmas más tradicionales del sector, tras el fracaso de su concurso preventivo. El Juzgado Civil y Comercial N°7 de Mercedes dispuso la inhabilitación de la compañía, la clausura del establecimiento, la inhibición general de bienes y la incautación de su documentación contable.

El administrador Jorge Luis Borges León fue inhabilitado para ejercer funciones comerciales por un año y deberá solicitar autorización judicial para salir del país, luego de que la empresa no presentara un plan de reactivación en los plazos establecidos. Desde septiembre, los trabajadores mantenían un acampe frente a la planta en reclamo de respuestas, ante la falta de pago y la incertidumbre sobre su futuro laboral.

El cierre de La Suipachense se suma al de ARSA la semana pasada, la compañía que fabricaba los yogures y postres SanCor, además de las marcas Shimy, Sancorito, Sublime y Vida, y que dejó a más de 400 trabajadores sin empleo. En el sector, advierten que ambos casos evidencian no solo el difícil momento que atraviesa la industria láctea, afectada por la caída del consumo y el incremento de los costos, sino también una gestión deficiente y con irregularidades señaladas por el sindicato lechero.

Pese a este escenario, SanCor se mantiene operativa y con perspectivas de continuidad, apostando a fortalecer su modelo cooperativo y la articulación con otras entidades del sector para sostener la producción y el empleo en una de las economías regionales más emblemáticas del país.

El reclamo se concentró frente al Juzgado en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación, a cargo del juez Guillermo Adrián Valés, quien tramita la causa vinculada al concurso preventivo de acreedores de la histórica cooperativa láctea. Desde el sindicato advirtieron que la propuesta empresarial “representa un golpe directo a las familias trabajadoras” y alertaron sobre las graves consecuencias sociales que implicaría una nueva ola de despidos.

Según trascendió en la audiencia judicial, SanCor proyecta reducir su planta actual de 936 trabajadores a 632, lo que representa un recorte del 32,5% y la pérdida de 304 empleos. La medida se enmarca en un proceso de ajuste que la cooperativa viene aplicando desde 2017, cuando implementó el denominado Plan SanCor, que incluyó la venta de plantas y marcas, así como retiros voluntarios.

Vale recordad que como si fuera poco, este 2025 comenzó muy complicado para SanCor, con el envío de 300 telegramas de despidos en enero. A eso se le sumó una deuda por sueldos sin saldar desde mayo, más el medio aguinaldo. Al mismo tiempo, la firma adeuda otros $10.000 millones por falta de pago de las cuotas relacionadas con la mutual, la obra social y el sindicato.

Con todo eso, la empresa acumula deudas por alrededor de 20 mil millones de pesos, y sostiene su operatoria a través de contratos a fasón con firmas como Elcor, Punta del Agua y La Tarantela. En lo inmediato, la propuesta incluye el traslado de personal a plantas como Balnearia y La Carlota, aunque los trabajadores señalan que esto no resuelve la situación de fondo.

Desde ATILRA recordaron que SanCor adeuda el 70% de los salarios de mayo, además de los meses completos de junio, julio, agosto, septiembre y el medio aguinaldo, situación que mantiene a cientos de familias sin ingresos regulares.

Durante la jornada, los manifestantes realizaron cortes de calle y un acampe frente al edificio de calle Alvear, mientras los representantes gremiales esperaban definiciones del magistrado. En la audiencia, se detalló también la venta de inmuebles obsoletos y la capacidad instalada en uso de cada planta, incluida la de San Guillermo, cerrada tras los bloqueos sindicales de fines de 2023.

La decisión del juez Valés será clave para definir los próximos pasos en el proceso judicial, que comenzó a principios de este año con la apertura del concurso de acreedores. Tanto el gremio como las organizaciones cooperativas y las comunidades locales siguen de cerca el desenlace de un conflicto que pone en riesgo no solo empleos, sino también la continuidad de una de las cooperativas más emblemáticas del país.

Los trabajadores revelaron en una carta pública que, en algunos casos, SanCor adeuda sueldos de marzo, abril, mayo, junio y primera cuota del sueldo anual complementario año 2025, que se suman a la falta de pago de las correspondientes cuotas de Obra Social, Sindical y Mutual por igual periodo, por lo que la deuda supera los $ 10.000.000.000.

Este número sería solo de este año, es decir, post concurso preventivo de acreedores que la empresa cooperativa inició para intentar salvarse de la quiebra total. Según se informó, los trabajadores presentaron pruebas ante la Sindicatura y el Juez en lo Civil y Comercial de la 4ta Nominación de Rafaela, Guillermo Vales, a cargo de la causa.

Se trata de documentos que darían cuenta de la falta de pago de haberes, la emisión de recibos apócrifos que violan la escala salarial, y la omisión de depósitos en favor de los trabajadores. Además, se denuncia el descuento y retención indebida de aportes, afectando directamente el sistema de seguridad social, salud y jubilación del personal.

Como si esto fuera poco, la denuncia pública de los trabajadores también apunta a la empresa ELCOR SA, conocida por la marca Tonadita, y con la que SanCor acordó la producción de manteca, en la planta que la Cooperativa tiene en Devoto, incluyendo la provisión de insumos y materia prima para tal fin.

Para los trabajadores, ELCOR SA explota productos lácteos sin hacerse cargo de los salarios ni aportes del personal. Segúb explicaron, las actividades se realizan bajo control técnico y supervisión de personal jerárquico de dicha empresa, pero sin que asuma la responsabilidad patronal correspondiente.

Por esto, presentaron una denuncia ante el Ministerio de Capital Humano de la Nación, en la que sostienen que ambas empresas son solidariamente responsables del cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social, ya sea que operen bajo un contrato de fasón o en una sociedad transitoria.

El texto cita expresamente los artículos 30 y 31 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que establecen la responsabilidad del principal (en este caso, ELCOR S.A.) sobre los trabajadores ocupados por un contratista.

Vale recordar que previo a esta situación, SanCor informó al juez del concurso que aún no tiene firmados contratos de producción a fasón, como los que se habían atribuido a un acuerdo con ELCOR SA, y que por ahora mantiene negociaciones preliminares y que actualmente realiza una prueba técnica (que vence en estos días), sin compromisos formales, para evaluar si los procesos cumplen con sus estándares de calidad.

Todas estas denuncias de los trabajadores vuelve a encender la sospecha de un plan de ATILRA por terminar de quebrar a SanCor para que capitales privados puedan hacerse de la empresa. Sin embargo, desde el sindcato reiteraron su apoyo a cualquier proyecto de reactivación e inversión, siempre y cuando se garantice el pleno respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores.

Fideicomiso y posible fugas de capitales

Las nuevas denuncias presentadas por los trabajadores ante el Juzgado y la Sindicatura suman una supuesta documentación en la que se da cuenta de que SanCor habría omitido ingresar al país más de 5 millones de dólares correspondientes a exportaciones autorizadas. La planilla denominada «Cuenta Corriente SanCor do Brasil» y el informe de la AFIP sobre Permisos Incumplidos, revelan un posible faltante cambiario por USD 5.405.000.

Además, los trabajadores solicitaron que se investigue el Fideicomiso de Administración firmado entre la cooperativa y el BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior), al que consideran irregular y contrario al espíritu del concurso preventivo. En este escenario, el reclamo gremial insiste en la necesidad de que la Justicia intervenga frente a lo que denuncian como maniobras de vaciamiento, sin dejar de expresar su respaldo a cualquier alternativa de reactivación que respete los derechos laborales y ponga a la histórica cooperativa nuevamente en marcha.