El 13 de abril último, cinco trabajadores de la economía popular presentaron un amparo colectivo denunciando lo que desde la UTEP se reclamó en distintas movilizaciones: la quita del programa implica el recorte del salario y la destrucción de los derechos sociolaborales, en medio de una crisis brutal.

Este martes, el juez Adrián González Charvay, a cargo del Juzgado Federal de Campana, les dio la razón a los movimientos populares al dictar una medida cautelar de aplicación inmediata, en el marco del expediente N° 21610/2026.

Si bien el Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano – conducido por la cuestionada Sandra Pettovello-, había anunciado que abril sería el último mes de pago del programa Volver al Trabajo, la medida cautelar le da un plazo de tres días para que «mantenga la vigencia de las prestaciones económicas que percibían los beneficiarios del Programa Volver al Trabajo«.

Ante la inminencia de que casi un millón de familias se queden sin salario, el juez, en una medida excepcional, ordenó que el Estado Nacional no puede interrumpir el ingreso que cumple la función de ser un «ingreso mínimo de carácter alimentario, integrado a una estrategia de inclusión sociolaboral«.

En este sentido, Capital Humano tiene la obligación legal de mantener la vigencia de las prestaciones económicas hasta que se dicte una sentencia definitiva. Al ser un amparo colectivo, esta victoria es una barrera de protección para los más de 950 mil laburantes de la economía popular, que hasta el mes de abril percibían el programa Volver al Trabajo en todo el país.

El comunicado de la UTEP sobre el fallo de «Volver al Trabajo»

De acuerdo con el comunicado de la UTEP, «este fallo es un límite contundente al plan de miseria planificada; el Salario Social Complementario nunca fue un regalo ni un privilegio, lo conquistamos como complemento del trabajo real que nos inventamos todos los días en los comedores, en las cooperativas de reciclado, en los polos textiles, en el espacio público y en los barrios más postergados».

«Este gobierno pretendía desnaturalizar nuestro trabajo para entregarnos a la indigencia, pero la justicia frenó ese atropello«, celebró la UTEP.

Ante los antecedentes del Gobierno por incumplimiento de pago luego de reveses judiciales, la UTEP anunció que se mantiene en estado de alerta y movilización para garantizar que lo que dicta el fallo se efectivice.

De esta manera, los asociados a cooperativas de trabajo, que estaban vinculados al ex programa Volver al Trabajo, o bien que perciben beneficios de seguridad social, gracias a su registro dentro del Monotributo Social, podrán acceder a un único registro de prestaciones que unifica las políticas sociales.

La medida fue formalizada mediante la Resolución 23/2026, que establece al RIB como una “única base de datos administrativa que integra, consolida y armoniza” la información de beneficiarios de programas sociales.

¿Cuál es el objetivo del Registro Integrado de Beneficiarios – RIB?

El objetivo central es identificar con precisión a las personas alcanzadas y sus características sociodemográficas para fortalecer la transparencia y la trazabilidad de los fondos públicos.

Este nuevo registro funciona dentro del Sistema Integrado de Información Social (SIIS), creado en 2024, y se nutre de los datos provistos por los organismos responsables de cada política pública. Según la normativa, este esquema facilita la coordinación interinstitucional, permitiendo un seguimiento exhaustivo de la cobertura y la detección de superposiciones en los programas.

Desde el Gobierno destacaron que la integración de la información reducirá tiempos operativos y mejorará la calidad de los datos. Procesos que antes demandaban semanas de trabajo manual podrán resolverse en segundos, a partir de la interoperabilidad entre bases oficiales.

¿Cómo mejora la gestión de datos la inteligencia artificial?

El RIB incorpora herramientas de análisis avanzadas basadas en inteligencia artificial, lo que permitirá procesar grandes volúmenes de información, responder consultas en tiempo real e identificar patrones relevantes para la gestión de la política social. Estas capacidades apuntan a detectar inconsistencias, identificar poblaciones no alcanzadas y optimizar la asignación de recursos públicos.

La resolución se fundamenta en el rol del CNCPS como organismo encargado de la planificación y coordinación de la política social nacional, establecido por el Decreto N° 357/2002, y en la necesidad de contar con sistemas de información que permitan diagnosticar la situación socioeconómica de la población y evaluar el impacto de los programas en ejecución.

Asimismo, la norma señala que la creación del RIB responde a la necesidad de superar la fragmentación de datos existente entre distintos organismos, avanzando hacia un esquema de integración e interoperabilidad que garantice información confiable para el diseño de políticas públicas basadas en evidencia, en línea con los objetivos definidos para el SIIS.

La resolución también establece que el registro se alimentará exclusivamente de información oficial integrada al SIIS, garantizando la coherencia, integridad y trazabilidad de los datos, al tiempo que el tratamiento de la información personal se regirá por la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales.

En este sentido, el CNCPS será el organismo responsable de la administración, custodia y resguardo del registro, en línea con sus funciones de planificación y coordinación de políticas sociales definidas desde su creación por el Decreto N° 357/2002.

Con la implementación del RIB, el Gobierno busca avanzar hacia una gestión más eficiente, transparente y basada en evidencia de las políticas sociales, consolidando información clave sobre montos, distribución territorial y alcance de los programas en todo el país.

La finalización de este programa afectó a más de 950.000 trabajadores que realizan tareas esenciales en los barrios populares de todo el país y que perciben un Salario Social Complementario “congelado desde diciembre de 2023” en $78.000.

El conflicto tuvo como protagonistas a la Policía Federal y manifestantes piqueteros y del Partido Obrero (PO). En ambos lugares, también, estuvo presente Prefectura.

Días atrás, a través del Ministerio de Capital Humano, el oficialismo comunicó que el último día de cobro de este plan sería el 7 de abril y fundamentó que la medida se tomó de acuerdo al objetivo que plantea, desde el inicio de la gestión, la cartera de Sandra Pettovello sobre “priorizar la inserción laboral formal” y “eliminar la intermediación en los planes sociales”.

“Los movimientos sociales, las organizaciones piqueteras y las cooperativas de trabajo denunciamos, una vez más, que el Gobierno de (Javier) Milei pasa la motosierra contra los trabajadores y trabajadoras más pobres y precarizadas del país. Comedores, merenderos, espacios de primera infancia, centros de salud, educativos y espacios de acompañamiento a personas en situación de consumo y violencias son sostenidos con ese salario”, indicaron desde la UTEP.

La jornada nacional de lucha de la UTEP

Esta medida convocada por la UTEP se trasladó a varios puntos del país. En el AMBA, las agrupaciones cortaron los accesos de Puente Saavedra; Liniers; Juan Manuel de Rosas y General Paz; y Puente La Noria. Hubo protestas en más de 100 puntos distribuidos en provincias como Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tucumán.

El secretario general de la UTEP, Alejandro «Peluca» Gramajo, apuntó en diálogo con AM530: «Esta decisión no mueve la aguja fiscal, pero sí golpea fuerte a las economías de los barrios. Nos llama poderosamente la atención porque también es un dinero que el trabajador lo consume en el barrio, por lo cual también hay afectados indirectos».

«Durante mucho tiempo, muchos se han sumado a la estigmatización de este tipo de programas, que sí tienen gran impacto en el bolsillo de la gente, más allá de que sea una miseria 78 mil pesos», completó el líder de la UTEP.

En palabras de la secretaria gremial de la UTEP, Johana Duarte, la disposición de la cartera que conduce Sandra Pettovello «atenta directamente contra los trabajadores más humildes, y que expresa la crueldad sin límites de este gobierno nacional. Esto no solamente afecta a los trabajadores de la economía popular que dejarán de percibir los $78.000, sino que es un golpe a los negocios, mercados de cercanías de las economías locales, porque esos $78.000 que dejan de ingresar en cada familia es lo que después el trabajador gasta en el kiosco del barrio, a diferencia del timbero de Toto Caputo que usa la plata que le saca a los argentinos para la especulación financiera».

Desde el PO, indicaron que el cierre del programa afectará “profundamente las economías regionales y comercios de cercanía” de los barrios populares, ya que quita de circulación, para el consumo, “600 millones de dólares anuales: “Es plata que el Gobierno saca de la economía real, de los bolsillos y las mesas de las familias, para llevar a cabo un ajuste a medida de lo que exige el FMI”, añadieron.

“No se puede tapar el sol con las manos, el Gobierno Nacional pretende manipular estadísticas para mentir sobre la situación real de millones de argentinos y argentinas que, día a día, ingresan y se sumergen en la pobreza y el endeudamiento. Cifras truchas que no reflejan la caída sostenida en el consumo de carnes y lácteos. En el marco de un proceso de recesión e inflación, la finalización de Volver al trabajo se produce mientras los cierres de nuevas posibilidades de fuentes laborales y despidos masivos están a la orden del día”, concluyeron.

La UTEP, junto a una serie de cooperativas y organizaciones sociales, realizaron el pasado martes 31 de marzo, una intensa jornada con asambleas en estaciones ferroviarias, frente a la medida dispuesta por el Ministerio de Capital Humano, que conduce la cuestionada Sandra Pettovello. Tal como se estableció en conferencia de prensa frente a la Secretaría de Trabajo, habrá mañana una movilización, con cortes y ollas populares en todo el país.

La movilización del próximo martes 7 de abril responde a datos concretos y alamantes. Las cifras actualizadas desde la propia UTEP elevan la cifra a 929.677 titulares en todo el país, con la Provincia de Buenos Aires concentrando el mayor impacto con 430.824 trabajadores afectados. El monto del programa —congelado en $78.000 desde noviembre de 2023— acumula una pérdida del 74% de su poder adquisitivo, a la vez que el presupuesto proyectado para asistencia social en 2026 prevé una caída real del 85% respecto de 2023.

La UTEP desmonta el argumento oficial que justifica el cierre en razones fiscales:

El costo total del programa representaba apenas el 0,1% del PBI nominal. Lejos de una reconversión genuina, los fondos se destinarán a corporaciones como Arcos Dorados (McDonald’s) y Sinteplast para dictar cursos de capacitación sin ninguna obligación de contratación posterior. «Es la fábula de enseñar a pescar en el desierto. ¿A qué trabajo quieren que volvamos si están cerrando las fábricas?», declaró el secretariado de la organización, recordando que desde el inicio de la gestión de Javier Milei se destruyeron más de 300.000 puestos de trabajo registrado en el sector privado. El cierre, además, desfinancia directamente comedores comunitarios, cooperativas de reciclado y espacios de cuidado infantil que sostienen el tejido social de los barrios populares de todo el país.

La jornada nacional de lucha de la UTEP

El próximo martes 7 volvemos a salir a la calle en defensa de nuestro Salario Social Complementario, que el gobierno planteó eliminar a partir del 9 de este mes.

Sin justicia social no habrá paz social en la Argentina. pic.twitter.com/Fiq9yUe0uL

— UTEP (@UTEPoficial) April 4, 2026

La jornada nacional de lucha de la UTEP incluirá ollas populares en los barrios, asambleas comunitarias, distintas movilizaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y también en otras provincias. Habrá también cortes de rutas y de accesos.

Entre las actividades confirmadas por la UTEP, se encuentran:

• Ciudad de Buenos Aires (CABA): Movilizaciones en accesos principales y barrios populares.
• Vicente López: Ollas populares y asambleas en espacios comunitarios, coordinadas con organizaciones sociales locales.
• La Plata: Concentración desde las 9 en Av. 1 y 44 (frente a la estación de trenes), con corte en la bajada de la Autopista Buenos Aires–La Plata.
• Del Viso (Pilar): Asamblea en la estación de tren, con participación de múltiples organizaciones sociales.
• Otros municipios del conurbano: Ollas populares en comedores comunitarios y marchas barriales.
• Cipolletti (Río Negro): Olla popular en el Espacio Socio-Comunitario “Corazoncitos Felices” (Homero Manzi 1837). Convocatoria abierta a la comunidad.

De la jornada poarticiparán distintas organizaciones sociales y cooperativas afectadas por la medida, así como también organizaciones gremiales hermanadas con UTEP en el plan de lucha.

Las redes sociales oficiales de la UTEP estarán transmitiendo en vivo y compartiendo actualizaciones con hashtags como #TrabajoSinSalarioEsEsclavitud.

La consigna que acompañará la jornada de la UTEP será: «Trabajo sin salario es esclavitud«. La movilización promete una amplia participación y visibilidad, con más de 60 organizaciones sociales involucradas.

¿Por qué el INAES suspendió a estas cooperativas de La Matanza?

Según la auditoría oficial, se detectaron prácticas que eluden la Ley N° 20.337 (Artículo 2), afectando los principios de ayuda mutua. El organismo identificó que estas entidades habrían funcionado como estructuras formales para evitar el cumplimiento de derechos laborales y previsionales.

¿Qué irregularidades laborales se encontraron?

En un muestreo realizado sobre los asociados, se hallaron 119 trabajadores contratados que no percibían beneficios de seguridad social obligatorios. Según la Resolución 4664/13 del INAES, todas las cooperativas deben garantizar las aportaciones al régimen previsional, situación que no se cumplía en estas unidades.

¿Cuál es el vínculo con la Municipalidad de La Matanza?

La investigación arrojó un dato clave: las 25 cooperativas declararon como domicilio legal la calle Entre Ríos 3269, San Justo. Según el Ministerio, dicha ubicación corresponde a la Unidad Ejecutora Operativa, una dependencia directa del gobierno municipal. El sumario administrativo buscará determinar el grado de injerencia de los funcionarios municipales en la operatividad de estas entidades.

La respuesta del Municipio

En respuesta a la medida del INAES, fuentes municipales de La Matanza consultadas por ANSOL aclararon que «la suspensión de las entidades no está vinculada con el funcionamiento dentro de lo que fue la Unidad Ejecutora Operativa”, al tiempo que remarcaron que la operatoria de dichas cooperativas no depende de ese espacio.

En relación a las supuestas irregularidades previsionales, indicaron que «el propio Gobierno nacional fundamenta la medida en aportes no realizados por un grupo de entre 119 y 129 trabajadores». Sin embargo, sostuvieron que «se trata de una responsabilidad individual de cada cooperativa y no de la Unidad Ejecutora municipal«.

Asimismo, explicaron que «el hecho de que varias cooperativas compartan el domicilio de la Unidad Ejecutora responde a una cuestión administrativa originada durante la implementación del programa Potenciar Trabajo, cuando los municipios actuaban como unidades ejecutoras«. En ese marco, «las entidades adoptaron esa dirección como referencia formal».

Desde el municipio también aclararon que «no existe un espacio físico único donde funcionen las cooperativas señaladas, ya que desarrollan sus actividades en distintos territorios, de acuerdo a las tareas que llevan adelante en cada comunidad«.

Por otra parte, cuestionaron el procedimiento adoptado por el organismo nacional al señalar que «ninguna de las cooperativas recibió notificación formal, intimación previa ni requerimientos de información antes de la aplicación de estas medidas, lo que —según indicaron— pone en duda el respeto al debido proceso«.

Lista de cooperativas de trabajo suspendidas (Marzo 2026, ver acá).