Esa realidad fue consultada por ANSOL a referentes del sector, que coincidieron en que la iniciativa deja afuera a medio millón de trabajadores y trabajadoras que desarrollan su actividad en cooperativas, mutuales y esquemas autogestionados.

“El proyecto claramente se dirige a lo que es la relación laboral clásica, con dos partes: el empleador y el trabajador en relación de dependencia. Apunta a esa lógica y lo cooperativo no está presente en ningún momento en forma directa”, explicó Gustavo Sosa, abogado y director del Centro de Estudio de la Economía Social de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF).

En ningún artículo, capítulo ni disposición transitoria, el proyecto de reforma laboral menciona a las cooperativas de trabajo ni a otras formas de organización asociativa del trabajo. Tampoco se redefine la figura del trabajador ni se incorporan categorías que reconozcan trayectorias laborales por fuera del vínculo empleador–empleado.

Según Sosa, la reforma interpela a cooperativas y mutuales solo en su eventual rol de empleadoras, pero no reconoce su naturaleza jurídica específica. “Da la sensación que el proyecto no va a facilitar la generación de trabajo; en ese punto es mejor para las cooperativas no estar, más aún cuando pierden derechos los trabajadores”, sostuvo.

Un debate que no incluye a la economía social

La iniciativa oficial reforma aspectos centrales de la Ley de Contrato de Trabajo, modifica el régimen indemnizatorio y amplía el período de prueba, entre otros cambios. Pero en ningún artículo menciona a cooperativas de trabajo, mutuales o formas asociativas de producción.

Para Sosa, esa omisión no es casual: “Habría que pensar por qué las cooperativas, mutuales y la economía social no son incluidas en el debate del mundo del trabajo. Está claro que no están porque no son parte de la agenda del Gobierno, pero tampoco de la de muchos sindicatos”.

En esa línea, remarcó que las cooperativas han demostrado ser una alternativa concreta al empleo tradicional, “y superadoras al trabajo de plataformas, que el proyecto casi no trata, pero que es parte de un marco legal que son los trabajadores independientes con colaboradores«. Sosa advirtió que «esto se permite mientras se limita el número de las cooperativas; son dicotomías que se agudizan con estas propuestas normativas”, advirtió.

La necesidad de un marco legal propio

Las cooperativas y mutuales se rigen por marcos normativos específicos, como la Ley de Cooperativas 20.337 y la Ley de Mutuales 20.321, y no se encuadran en la lógica del derecho laboral clásico. Aun así, la falta de cualquier mención en una reforma de esta magnitud vuelve a poner en evidencia la invisibilización institucional de la economía social.

“Es una lástima porque era una buena oportunidad para legislar sobre ciertos aspectos que tenemos los trabajadores autogestionados, que más allá de resoluciones, no hay leyes que la cubran. Por ejemplo, el tema de la seguridad social”, señaló a ANSOL Cristian Horton, presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina (FECOOTRA).

Horton cuestionó además que muchos trabajadores de cooperativas deban encuadrarse como monotributistas, lo que —según afirmó— «distorsiona la naturaleza de la autogestión». “Creo que deberíamos tener leyes específicas que regulen el cooperativismo, como existen en otros países, que más allá de sus signos políticos, la mayoría regulan la economía social y solidaria. El último caso fue Paraguay”, indicó.

Para el dirigente cooperativo, el país necesita “una ley de la democracia, que contemple todas las formas de autogestión que se desarrollaron en los últimos 40 años, que sea específica y en detalle para evitar controversias y que todo sea más ordenado”.

Un modelo laboral único

Tanto Sosa como Horton coinciden en que la reforma en debate está pensada exclusivamente desde la lógica del empleo tradicional. “Indudablemente esta discusión de la reforma laboral está orientada en la relación de dependencia y no contempla otro tipo de vínculos. Es una lástima porque hay mucho trabajo informal o precario, que nosotros vemos en el trabajo de plataformas, por ejemplo, y se podría haber abordado. Lo mismo con el cuidado de personas o el reciclaje, donde las cooperativas podríamos estar dando muchos ejemplos”, planteó Horton.

Para Sosa, el debate pendiente es más profundo: “Las cooperativas de trabajo deberían tener un marco legal específico, salvo que haya un debate sincero sobre las diversas formas de generar trabajo y que no solo se piense en la lógica de lo remunerativo, que es central pero no único. Ahí las cooperativas cumplen un rol central. Y por eso se requiere una ley, pero no se ve maduro ese debate”.

Mientras el Congreso avanza en el tratamiento del proyecto oficial, la economía social y solidaria vuelve a quedar al margen de una reforma que redefine derechos y obligaciones en el empleo formal, pero que no incorpora las múltiples formas de organización del trabajo que crecieron en las últimas décadas en Argentina.

El encuentro fue realizado este jueves 4 de diciembre en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago, organizado por el Gobierno de Chile y el sistema de las Naciones Unidas en el país, en coordinación con Cooperativas de las Américas.

Un encuentro regional para profundizar el aporte del las cooperativas

La apertura del encuentro estuvo a cargo de Luis Fidel Yáñez, secretario de la Comisión de la CEPAL; Violet Speek Warnery, Coordinadora Residente a.i del sistema de las Naciones Unidas en Chile; Danilo Salerno, Director Regional de Cooperativas de las Américas; y María Ignacia Fernández, Ministra de Agricultura de Chile.

Salerno repasó la historia reciente del movimiento cooperativo y los aportes realizados durante el Año Internacional de las Cooperativas 2025 en instancias como la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (FFD4) en España; la XVI Conferencia Regional sobre las Mujeres de América Latina y el Caribe en México; y la 30ª Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP30) en Brasil.

El Director Regional de Cooperativas de las Américas sostuvo que, por su naturaleza, las cooperativas son actores relevantes no solo en el ámbito económico, sino también en la erradicación de la pobreza, la creación de trabajo decente y la construcción de cohesión social, solidaridad y confianza.

Yáñez destacó “la capacidad del movimiento cooperativo para contribuir a la integración regional, a la cooperación Sur-Sur y triangular, y al cumplimiento de la Agenda 2030”, y afirmó que el carácter asociativo, democrático y territorial del cooperativismo “fortalece redes entre países, comunidades y organizaciones, promoviendo soluciones colaborativas y sostenibles”.

Recordó, además, que el seminario sobre el Año Internacional de las Cooperativas 2025, realizado también en la sede de la CEPAL en mayo, “reafirmó el enorme dinamismo del cooperativismo en la región y el deseo unánime de seguir construyendo capacidades, articulando actores, forjando alianzas y promoviendo políticas públicas coherentes con la visión transformadora del cooperativismo”.

Por su parte, Speek Warnery felicitó los esfuerzos del Gobierno de Chile, especialmente de los ministerios de Economía, Fomento y Turismo y de Agricultura, por avanzar “con determinación en la agenda cooperativa”, y subrayó el “dinamismo, capacidad de innovación y contribución al desarrollo productivo y social” del movimiento cooperativo nacional. “Las cooperativas son actores esenciales para enfrentar los desafíos económicos, sociales y climáticos del siglo XXI”, afirmó.

Finalmente, Fernández detalló las medidas implementadas para fortalecer el ecosistema cooperativo chileno, destacando la creación en 2024 del Instituto Nacional de Asociatividad y Cooperativismo (INAC). “El cooperativismo no es un complemento ni un actor más de la economía: es un modelo estratégico clave para diversificar la matriz productiva, fortalecer las economías territoriales, consolidar la seguridad alimentaria, redistribuir el poder y valorar las cadenas agroalimentarias. Las cooperativas son democracia económica en acción, territorio, identidad, solidaridad, innovación, trabajo digno y sostenibilidad”, señaló.

El objetivo del evento fue identificar experiencias, aprendizajes y buenas prácticas; fortalecer la cooperación interinstitucional e internacional; y reconocer desafíos comunes para avanzar hacia un movimiento cooperativo chileno más articulado y conectado con las prioridades regionales y globales.

El programa incluyó un panel introductorio sobre el Año Internacional de las Cooperativas en Chile, seguido de paneles temáticos y de análisis dedicados a “Las cooperativas rurales como agentes para el desarrollo territorial y proyecciones para el Año de la Mujer Agricultora (2026)”, “Las cooperativas y su rol en los sistemas de protección social” y “Desafíos comunes y agenda de cooperativismo: articulación entre agendas regional y nacional”.

Como es habitual, el evento anual de FACE reunirá a referentes del movimiento cooperativo eléctrico de todo el país, junto a autoridades provinciales y nacionales, especialistas en energía, telecomunicaciones y transformación tecnológica.

Durante las dos jornadas, el Congreso combinará debates técnicos, paneles temáticos, presentaciones empresariales y espacios de formación, en un formato que busca fortalecer la integración del sector cooperativo en un contexto de profundos cambios económicos y energéticos.

Programa completo del Congreso de FACE 2025

El cronograma oficial del XXIII Congreso de FACE -que acaba de renovar autoridades– detalla un amplio abanico de actividades. El jueves 6 comenzará con el acto de apertura a las 10:00 y la inauguración de la Expo, seguida de conferencias y paneles sobre reforma laboral, ciudades inteligentes, comunicación institucional en la era de la inteligencia artificial y energía eléctrica nacional.

El Panel de Energía, previsto para el jueves 6 de noviembre, será uno de los momentos centrales del encuentro. Contará con la participación de secretarios y directores provinciales de Energía de distintas jurisdicciones, quienes analizarán los lineamientos y desafíos de la política energética nacional. La mesa será moderada por el periodista Paulino Rodrigues, y permitirá debatir sobre el mercado eléctrico y el desarrollo federal de la energía en Argentina.

Durante la tarde se desarrollarán espacios dedicados a la economía federal, telecomunicaciones como pilar del desarrollo, y un panel de género que abordará la participación de las mujeres en las cooperativas.

El viernes 7, la jornada abrirá con el bloque “Historias que conectan”, con proyectos de cooperativas de Zárate, Saladillo y Armstrong, y exposiciones sobre el uso de drones y medidores inteligentes.

El viernes 7 de noviembre, la jornada estará dedicada a la transformación tecnológica, con tres ejes de trabajo: Historias que conectan, con experiencias cooperativas inspiradoras sobre energía solar, innovación tecnológica y sostenibilidad; Energías renovables, con la participación de especialistas del CONICET y cooperativas referentes que presentarán proyectos de generación distribuida, redes inteligentes y energía hidráulica a pequeña escala; y mercado energético, con el análisis de nuevas regulaciones, políticas públicas y la presentación de la Comercializadora Integral de Energía S.A., a cargo de Alejandro Arnau y Carlos Skerk.

Luego seguirán los paneles de energías renovables y mercado energético, conferencias sobre economía, política y liderazgo, y el acto de cierre institucional con las autoridades de FACE.

Presencia institucional del INAES y reconocimiento legislativo

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) participará con un equipo técnico que brindará asesoramiento sobre la Resolución N° 756/2025 y su prórroga, además de otros temas relevantes para las cooperativas del sector.

Van a estar en el stand 40A abordando dudas de todas las entidades, con principal foco en la Resolución 756/2025 del INAES, para que las entidades transmitan electronicamente la información de sus asociados y autoridades, en el marco del nuevo Sistema Integrado de Nómina que busca modernizar y transparentar la gestión del sector.

En paralelo, se destacó que la Legislatura de la Provincia de Córdoba aprobó recientemente una Declaración de Beneplácito por la realización del Congreso, en reconocimiento a su importancia para el desarrollo del cooperativismo eléctrico. La iniciativa, impulsada por el legislador Matías Chamorro, presidente de la Comisión de Economía Social, Cooperativas y Mutuales, contó con el acompañamiento de los legisladores Lucas Valiente y Gustavo Tévez, entre otros.

Previo a la sesión, se realizó un encuentro protocolar entre representantes de FACE Córdoba —entre ellos Omar Marro, Juan Manuel Eula, Antimo Velázquez y Guillermo Oviedo— y la vicegobernadora Myriam Prunotto, reafirmando el compromiso provincial con el fortalecimiento del sector cooperativo.

Entre los asistentes se destacaron el presidente de ACA, Francisco Farrás; el vicepresidente, José Genta; el presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), Lucas Magnano; y el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) y de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR), Ariel Guarco.

En representación del Estado, estuvo el titular del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Marcelo Collomb, y por parte del Gobierno bonaerense, participó el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, acompañado por Nicolás Bento, director provincial de Cooperativas Agropecuarias.

La asamblea de ACA

Durante la asamblea, se presentaron los informes de gestión del período 2024–2025, que reflejan la magnitud y solidez del movimiento cooperativo agroindustrial. ACA maneja actualmente el 17% de la producción nacional de granos, posee una capacidad de acopio superior a 8,6 millones de toneladas, genera más de 3.800 empleos directos en territorio bonaerense y alcanza una facturación anual estimada en 2.300 millones de dólares.

“Nos volvimos a encontrar en el evento más representativo de nuestro tejido cooperativo.
Una jornada para compartir la Memoria y Balance del ejercicio 2024/2025, el número 101 de nuestra historia, y seguir fortaleciendo los lazos que nos unen en este camino común”, expresaron desde ACA en sus redes sociales.

“Gracias a los 459 delegados de 98 cooperativas, funcionarios, colaboradores y entidades que acompañaron este encuentro que refleja la fuerza de nuestro modelo cooperativo. Juntos, somos las cooperativas del campo argentino», dijeron.

Una red cooperativa que integra la cadena agroindustrial

Fundada en 1922, la Asociación de Cooperativas Argentinas es una de las instituciones más relevantes del sistema agroalimentario nacional. Con presencia en más de 550 localidades y una red que abarca 43.000 productores y productoras, ACA integra toda la cadena de valor agroindustrial —desde la provisión de insumos hasta la exportación—, con fuerte presencia en el territorio bonaerense a través de sus plantas industriales de Campana, San Nicolás, Pergamino, Cabildo, Pilar y Quequén.

En el cierre del encuentro, el presidente de la ACI y de COOPERAR, Ariel Guarco, subrayó: «La producción cooperativa es clave para construir un mundo mejor. ACA está entre las 300 cooperativas más grandes del mundo, y todas ellas, en conjunto, equivalen a la séptima economía mundial«.

De esta manera, la Asamblea General Ordinaria 2025 reafirmó el peso institucional y económico del cooperativismo agropecuario argentino, consolidando a ACA como uno de los actores centrales en la estrategia de desarrollo federal del país.

El cooperativismo como motor del desarrollo local

En su intervención, el ministro Javier Rodríguez subrayó “el rol fundamental del cooperativismo agropecuario en el desarrollo del sector” y afirmó que “allí donde hay cooperativas, hay más productores”.

“Eso demuestra —añadió— que el cooperativismo no solo impulsa la producción, sino también el arraigo y el desarrollo local. Nuestro modelo de desarrollo es una producción con más productores. Y para lograrlo, necesitamos más cooperativismo».

Rodríguez también destacó el trabajo articulado con ACA y otras entidades del cooperativismo agropecuario en materia de innovación tecnológica, semillas y buenas prácticas agrícolas, en conjunto con el INTA y las chacras experimentales provinciales.

“Queremos una producción con más productores, que agregue valor, incorpore tecnología, sea sustentable y mejore el acceso a los alimentos. En todos esos ejes, el cooperativismo cumple un papel central”, remarcó.

Vale recordar que en abril pasado, el gobierno de Javier Milei puso en marcha un plan especial para que distribuidoras y cooperativas eléctricas salden sus obligaciones pendientes con CAMMESA al 30 de noviembre de 2024. El régimen contempla hasta 12 meses de gracia y 72 cuotas, con una tasa equivalente al 50 por ciento del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). En ese marco es que las entidades bonaerenses salieron a honrar sus deudas.

Así lo explicó Claudio Urio, presidente de la Federación de Cooperativas de Servicios de la Provincia de Buenos Aires (FECOOSER), que le aseguró a ANSOL que «de nuestras 60 cooperativas solo una le compra a CAMMESA y regularizó sus deudas, mientras que el resto tenían deudas con las empresas provinciales o con otras cooperativas más grandes, y hubo acuerdos entre las partes».

Sobre esa situación, precisó que “en el caso de cooperativas chicas que tenían deudas con otras más grandes, el trato fue más personal para llegar a acuerdos, y podemos decir que no tenemos juicios ni problemas legales por deudas, llegando a acuerdos similares a los que propuso CAMMESA, es decir, 7 años para pagar con una tasa de interés reducida”.

En igual sentido se pronunció ante la consulta de este medio Ángel Echarren, vicepresidente de la Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires (FEDECOBA): “todas nuestras cooperativas asociadas, agentes del MEM que mantenían algún tipo de deuda, a la fecha ya han formalizado acuerdos de pago con CAMMESA”.

Además, señaló que “nuestras asociadas que no son agentes del M.E.M. y tenían deudas por compra de energía con una distribuidora provincial, en su mayoría ya han formalizado acuerdos de pago con dichas empresas, restando a la fecha muy pocas cooperativas que aún no lo hicieron pero se encuentran en negociaciones”.

Echarren aclaró además que desde FEDECOBA acompañan y asisten a sus asociadas “siempre respetando su autonomía, pues se trata de un acuerdo de partes entre ellas y su empresa proveedora de energía”.

El inicio de la Revisión Tarifaria Integral (RTI)

A principios de agosto, la PBA dio inicio a una nueva etapa del proceso de RTI para el servicio público de distribución eléctrica brindado por cooperativas. El primer encuentro se realizó en el Centro de Energías Renovables de la Provincia, ubicado en Gonnet, y contó con la participación de funcionarios provinciales y representantes técnicos del sector cooperativo.

La reunión estuvo encabezada por el subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni, junto al equipo que integra la Comisión de Seguimiento y Desarrollo. El objetivo principal es conocer en detalle la estructura de costos de cada cooperativa eléctrica para poder actualizar y redefinir los ingresos que perciben a través del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias (FPCT).

“Es algo que el sector cooperativo ha venido reclamando durante muchos años, por lo que vemos con agrado su implementación más aún cuando se ha incluido a las cooperativas. Es algo muy bueno pues transparentará el costo a reconocer por la prestación del servicio, que al no llevarse a cabo desde hace décadas, las cooperativas tienen costos reconocidos que no se ajustan a la operatoria actual”, afirmó Echarren.

Urio coincidió en que se trata de un paso clave: “se viene trabajando hace tiempo, porque se trata de un fondo en común que compensa los costos de las cooperativas más chicas que no tienen los ingresos de las empresas más grandes o entidades que están en zonas más urbanizadas y con más asociados”.

El presidente de FECOOSER advirtió además que “ahora la revisión técnica lleva a un nuevo cuadro de situación, porque muchas localidades se fueron urbanizando y los consumos crecieron, y por ende, los ingresos de las entidades, por lo que reestructurar el fondo es necesario para redistribuirlo mejor”. Y subrayó que la idea principal es “atender a las cooperativas de pueblos de 5 mil habitantes, rurales, que con los ingresos de sus asociados no pueden sostener toda la infraestructura o invertir a futuro”.

El precio de las tarifas

Por último, el dirigente de FECOOSER también se refirió al impacto de las políticas tarifarias del actual gobierno nacional: “tuvimos un alza importante para aplicar en las facturas desde que asumió Milei, que fue pensado más en beneficio de las grandes empresas. Hoy los servicios públicos tienen un valor considerable en comparación con los ingresos de la gente, aunque debemos decir que la tarifa a estos valores nos permite mantener y mejorar la infraestructura”.

Con la regularización de deudas y la apertura de la revisión tarifaria, las cooperativas eléctricas bonaerenses avanzan hacia un esquema de mayor previsibilidad para sostener la prestación del servicio en sus comunidades, con la mirada puesta en la sustentabilidad económica y en el acompañamiento del Estado provincial.

En el marco de la presentación se destacó que «para la cosecha 2025, las cooperativas de la provincia aportaron el 22% del total recolectado, superando los 3,2 millones de quintales elaborados, lo que representa un crecimiento interanual del 18,5%«.

De acuerdo con los datos oficiales, la cosecha 2025 en Argentina alcanzó un total de 19,8 millones de quintales, lo que significó un aumento del 4% respecto al año anterior. «Mendoza lideró ampliamente la producción, con 14,8 millones de quintales, cifra que representa el 75% del total nacional y un incremento del 6,5% en relación con 2024«, informaron.

Teniendo en cuenta que la situación del productor es compleja, y tomando como parámetro de base que la actividad de cosecha representa el 30% de los costos de producción, desde el sector cooperativo se busca dar respuesta acompañando con diversos mecanismos y beneficios a quienes se encuentran integrados.

En la presentación del informe estuvieron el presidente de ACOVI, Fabián Ruggeri, acompañado por Rubén Panella, titular de FECOVITA (Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas), Marcelo Federici, Secretario de dicha entidad; y el Gerente, Juan Rodriguez. También participaron miembros de la Comisión Directiva de ACOVI, como su vicepresidente, Jorge Barbero; la Secretaria, Cecilia Binolfi; el Protesorero, Jesús Gasques y el Gerente, Nicolás Vicchi.

En la conferencia de prensa, Ruggeri expresó: “La asociatividad permite que nuestros productores aumenten su rentabilidad en la mejora de la producción, bridándoles insumos a menor costo y financiado, y porque tenemos un equipo de profesionales que los asesoran permanentemente”.

El titular de ACOVI destacó los diferenciales en el costo de cosecha mecanizada frente a los sistemas más tradicionales: “los incrementos interanuales que hemos tenido, en cuanto a costos, han sido menores a los de la inflación, especialmente la cosecha mecanizada, que tuvo costos por debajo de la cosecha manual y asistida”.

Por su parte, Rubén Panella habló de la de situación de mercado del vino: “los dos primeros meses del año han tenido un crecimiento importante, y los siguientes son crecientes pero estables. Dentro del sistema cooperativo hemos tenido un buen desempeño frente al mercado, pero el consumo está atravesando un momento difícil”.

Asismismo, Marcelo Federici, remarcó la importancia del porcentaje de uva destinada a mosto, que este año superó el 23% predefinido según el acuerdo Mendoza – San Juan.

Análisis de sistemas de cosecha y sus costos

A la hora de proyectar los costos de la vendimia 2025, se evaluaron tres sistemas de cosecha: manual, mecanizada y asistida. Cada uno presenta particularidades en cuanto a eficiencia, costos y tecnología aplicada.

Cosecha manual: incremento y dependencia de la mano de obra

En la cosecha manual, los costos aumentaron respecto al año anterior. En el caso de la uva tinta común, se registró un aumento del 44% interanual, fijando el valor de la ficha de cosecha en $600. Para la uva varietal, el incremento fue del 39%, con una ficha de $850. Ambos valores están calculados bajo el supuesto de uso exclusivo de mano de obra intensiva.

Este sistema, aunque tradicional y todavía ampliamente utilizado, es muy sensible al rendimiento del viñedo. A mayor rendimiento, el trabajo se vuelve más ágil, lo que permite una disminución en el costo del tacho; en cambio, en fincas de bajo rendimiento, la recolección es más lenta y el precio de la ficha suele aumentar.

Los principales factores que explican el aumento en los costos de este sistema están vinculadas al incremento de los jornales, que subieron más del 80% en el último año, entre otros.

Cosecha mecanizada: eficiencia creciente y más oportunidades para pequeños productores

Durante la vendimia 2025, el 21% del total nacional se cosechó mediante sistemas mecanizados, alcanzando casi 3,9 millones de quintales. Este sistema domina en provincias como Neuquén (95,5%) y La Pampa (85,3%), mientras que en Mendoza, dentro del sistema cooperativo, el uso de cosecha mecanizada viene aumentando considerablemente.

En términos económicos, la cosecha mecanizada experimentó un aumento del 34% interanual tanto en uva tinta común como varietal, teniendo en cuenta que el valor del alquiler del servicio (en dólares) ha sido el mismo y con similar tipo de cambio.

En un análisis comparativo, para la uva tinta común, el sistema mecanizado resultó un 7% más económico por hectárea respecto a la cosecha manual, gracias a su mayor rendimiento y eficiencia operativa. Sin embargo, en el caso de la uva varietal, la recolección manual todavía se muestra más competitiva, generando un ahorro de aproximadamente un 3% por quintal frente al método mecanizado.

Al respecto Fabián Ruggeri recalcó que “desde el sistema cooperativo financiamos al productor para que pueda avanzar en la mecanización de su cosecha, mientras que para la cosecha asistida cada vez tenemos más hectáreas cultivadas que cosechan mediante el sistema de bines, tractoelevadores y carros cosecheros”.

Cosecha asistida: eficiencia con mejores condiciones laborales

Este sistema, que combina recolección manual con herramientas de apoyo como carros o bienes, ofrece ventajas en términos de condiciones laborales y eficiencia. En el caso de la uva tinta común, los costos aumentaron un 51% respecto al año anterior, mientras que para la uva varietal el incremento fue del 54%.

A pesar del alza en los costos, la cosecha asistida muestra beneficios importantes. Frente a la cosecha tradicional, este sistema resultó un 8% más eficiente para uva tinta común y un 11% en el caso de uva varietal. Esta mejora se explica por la posibilidad de trabajar con menos personal, optimizar tiempos y ofrecer mejores condiciones de trabajo para los cosechadores, lo que permite una recolección más ágil y de mayor calidad.

El rol estratégico del cooperativismo vitivinícola y desafíos futuros

El sistema cooperativo ofrece importantes ventajas en cuanto a accesibilidad a tecnología y reducción de costos mediante economía de escala. Gracias a este modelo, pequeños y medianos productores pueden acceder a maquinaria y servicios que, de forma individual, estarían fuera de su alcance.

En ese sentido, Ruggerí expresó: “La asociatividad permite que nuestros productores aumenten su rentabilidad en la mejora de la producción, bridándoles insumos a menor costo y financiado, y porque tenemos un equipo de profesionales que los asesoran permanentemente”.

Sin embargo, para consolidar estos avances, se requiere:

• Líneas de financiamiento específicas para equipar empresas de servicios agrícolas.
• Incentivos fiscales para quienes adopten sistemas más eficientes como la cosecha asistida, especialmente mediante reducciones en la tarifa de Corresponsabilidad Gremial.
• Adecuación de la tarifa de acarreo, adaptándola a la realidad productiva de Mendoza y evitando la aplicación de criterios equivalentes a la zona núcleo.

El sistema cooperativo no solo crece en volumen, sino que se posiciona como una herramienta clave para la sustentabilidad y modernización de la vitivinicultura mendocina.

COOPAGRO hace al menos cuatro años que había hecho pública su decisión de avanzar en la industria láctea, tras 83 años de trayectoria en cosecha de Trigo, Cebada, Girasol, Maíz (amarillo y duro colorado) y Soja, como así también derivados de estos, ya sea aceites y diferentes tipos de alimentos.

Ahora, COOPAGRO inauguró una planta con capacidad para procesar 150.000 litros de leche diarios, producción de 15.000 kilos de mozzarella por día, tecnología de última generación proveniente de Italia y Alemania, y energía sustentable con el 25 por ciento del consumo cubierto por paneles solares.

De esa forma, la nueva planta de COOPAGRO desde que recibe el camión de leche, descarga y se pasteuriza, hasta obtener la mozzarella en barra lista para envasar al final de la línea. Todo eso en 7 horas y media. Otros productos similares pueden requerir la congelación de la masa y extender el proceso por 7 a 10 días, pero esta planta realiza todo de manera continua.

El foco estará en la exportación a Brasil y Chile, y esta nueva planta consolida el crecimiento de la cooperativa, apostando al trabajo, la producción local y el futuro sostenible. «Fueron cuatro años de desafíos, de decisiones estratégicas, de mucho trabajo en equipo. Hoy podemos decir con orgullo que este sueño es realidad«, dijo Daniel Álvarez, director ejecutivo de COOPAGRO en la inauguración.

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Álvarez explicó que para llegar a este logro hicieron «un estudio de mercado y fijamos cuál era el perfil de la fábrica que nosotros queríamos, y llegamos a la conclusión de que mozzarella era el objetivo«. En diálogo a Radio LU22, recordó que «a partir de ahí se hizo un trabajo de desarrollo de mercado, fundamentalmente pensando en la exportación, porque para el mercado interno nosotros no tenemos estructura; está muy bien abastecido«.

Por último, detalló que hicieron «una inversión importante, gran parte de eso, con recursos propios. Por otro lado, y como siempre, con el apoyo del Banco Nación». El 30 por ciento del proyecto lo financió el Banco de la Nación Argentina y el 70 restante, recursos de COOPAGRO.

El presidente de la entidad, Ignacio Carlos Zaballa; el director ejecutivo, Daniel Álvarez; el subgerente, Ezequiel Lester; y el gerente de la flamante planta láctea, Sebastián Ugalde, entre otros representantes, recibieron a los socios, a dirigentes del campo, a representantes del sector industrial y funcionarios y dirigentes políticos.

Entre los invitados especiales, asistieron el presidente de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Francisco Farras; y el gerente general, Ricardo Wlasiczuk, como así también el presidente de La Serenísima, Carlos Agote; el gerente general de Adecoagro, Alejandro Torres.

En representación del Gobierno provincial, participó el director de Cooperativas del Ministerio de Desarrollo Agrario, Nicolás Bento, y por Nación, estuvieron el coordinador de Fortalecimiento y Desarrollo de las Cuencas Lecheras, Iván Damonte, y la coordinadora de Producción Láctea, Sonia Stürtz.

Tras los primeros comunicados de solidaridad y apoyo a los bahienses, ayer hubo novedades de medidas concretas cuando el Consejo de Administración de Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR) se reunió para valorar «el esfuerzo solidario que está realizando el movimiento cooperativo junto a toda la sociedad civil frente a la catástrofe climática de Bahía Blanca».

A partir de lo debatido, se sugirió a las 78 entidades que integran a 5 mil empresas adheridas a COOPERAR a realizar aportes monetarios directamente a la cuenta de la Municipalidad de Bahía Blanca en el Banco Provincia, a través del alias BAHIAXBAHIA. Además, se comunicó que la Cooperativa Obrera se puso a disposición para recibir donaciones materiales en sus locales que ya están funcionando en Bahía Blanca.

Por su parte, la Federación de Cooperativas Autogestionadas de la República Argentina Para Otra Economía (FEDECARA) abrió una colecta solidaria por el frigorífico recuperado por sus trabajadores INCOB, que no solo vio afectadas sus instalaciones sino también la vida y el hogar de cada uno de sus asociados.

Para colaborar con los afectados en Bahía Blanca

Para colaborar con INCOB, desde FEDECARA acercan la posibilidad de quien lo desee haga un aporte económico para cooperativas, mutuales y entidades asociadas: FUNDACIÓN GRÁFICA CAMPICHUELO / BCO CREDICOOP / CBU 1910006355000601141528 / ALIAS: RELOJ.CORONA.MEDICA . Enviar comprobantes de donación a bahiablanca@autogestion.coop.ar / 114974-7777

En el mismo sentido, la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA) expresaron «toda su solidaridad con el pueblo de Bahía Blanca frente a la terrible tragedia que atraviesa» e hicieron «un llamado a todas las organizaciones de base y cooperativas, a sumarse a la campaña solidaria del Campo que Alimenta«.

En ese plano, precisaron que «esta campaña tiene el objetivo de acompañar a Bahía blanca donando alimentos saludables producidos en el campo profundo. También instamos a sumarse al aporte económico para poder acompañar con recursos a las iniciativas de emergencia».

Sobre cuestiones particulares del sector, la MAA dijo que tomó «conocimiento de las pérdidas totales en la producción de familias campesinas y de la agricultura familiar«, por lo que «también orientamos para acompañar con insumos, semillas, bioisumos y fertilizantes para que cuando las condiciones lo permitan puedan volver a producir alimentos».

Por último, demandaron «que se declare urgente la emergencia agropecuaria. En las políticas y acciones de reconstrucción se consideren las obras para la recuperación del entramado productivo, siendo prioridad los pequeños y medianos productores con criterio d políticas segmentadas y diferenciadas».

Los problemas de las cooperativas para acceder al Certificado MiPyme surgieron el año pasado por una disposición del Gobierno anterior, que introdujo la condición de empresa «con ánimo de lucro» para poder tramitar el beneficio ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Esa medida dejó afuera del Certificado MiPyme a todas las cooperativas, lo cual derivó en reclamos y reuniones que tuvieron sus frutos: el entonces Ministerio de Economía a cargo de Sergio Massa dio marcha atrás y dispuso quitar esos requisitos excluyentes, hasta el 15 de mayo pasado. En criollo, tiraron la pelota para adelante, pero ahora quedó atrás. Por eso, las principales confederaciones reanudaron el reclamo en busca de una solución permanente.

La nota de CONINAGRO y COOPERAR

ANSOL pudo acceder a la nota presentada el 22 de julio por la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), a Marcos Ayerra, secretario de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento. En la misiva, se volvió a insistir con los fundamentos que ya habían sido esgrimidos en persona, en una reunión del 16 de mayo pasado, un día después de que caducara la accesibilidad del certificado para las entidades sin fines de lucro.

«Las cooperativas son organizaciones generadas para el ejercicio habitual de una actividad económica e invierten el capital de los asociados, con el riesgo propio de la actividad que desarrollan. El beneficio económico de sus asociados (menores costos de los servicios, remuneración por el trabajo, mejores precios para sus productores, etc.) está sujeto al riesgo propio de la actividad», comienza diciendo el documento que lleva la firma de Elbio Laucirica, presidente de CONINAGRO; y Ariel Guarco, titular de COOPERAR.

En la nota, las confederaciones insisten en que «la expresión ‘con ánimo de lucro’ deja arbitrariamente a las cooperativas afuera porque su objetivo económico es minimizar el costo del servicio a los asociados y no maximizar la retribución al capital«. A eso, le sumaron la inconsistencia de la Resolución 220/2019, que disponía que las cooperativas serán consideradas formas asociativas cuando estén constituidas como entidades de segundo o ulterior (tercer) grado, ya que «todas las cooperativas de primer grado incorporadas al Registro de Empresas Mipymes hasta ahora (prácticamente la totalidad de las registradas) lo fueron en su carácter de empresas, no de formas asociativas».

Luego de plantear jurisprudencia de nivel internacional, COOPERAR y CONINAGRO le pidieron a Ayerra que para «evitar volver sobre interpretaciones que han resultado discriminatorias para las cooperativas, resulta aconsejable eliminar el tratamiento de forma asociativa para las cooperativas en todos los casos, de acuerdo a lo que se propone. Hecho esto, a efectos de promover el asociativismo pyme, resulta aconsejable evaluar un tratamiento específico para las cooperativas de mayor tamaño que puedan ser consideradas organizaciones de pymes (cooperativas agropecuarias, farmacéuticas, de pescadores, de almaceneros, etc.)». Hasta el momento de la publicación de esta nota, el Gobierno Nacional no había emitido una resolución al conflicto.

«Las cooperativas somos empresas»

César Basañes, gerente de COOPERAR, explicó a este medio cuál es la situación actual: «No explotó porque la mayor parte de los certificados no vencieron, pero a medida que vaya ocurriendo, llegando el fin de año, vamos a tener problema de forma masiva, sin contar el problema que ya están teniendo las cooperativas nuevas».

Sobre los pedidos al Gobierno, el gerente de COOPERAR insistió con que «las cooperativas somos empresas«, mientras que «desde la Secretaría sostienen que ellos se atienen a la definición de un dictamen de 1980 de la DGI que define empresa, el cual no tenemos problema, salvo porque el año pasado incluyeron el término ‘fin de lucro'».

Para Basañes, eso fue «un arbitrio y, por ello, estamos intentando que se entienda que no todas las empresas tienen fin de lucro; que hay objetivos económicos, pero no una retribución al capital, por lo que insistimos con que las cooperativas somos empresas sin fines de lucro». Por último, dejó un mensaje claro: «No pedimos ningún trato diferencial, solo pedimos que no nos discriminen».

El problema concreto con MiPyme

Miriam Juaiek, contadora pública especializada en Economía Social e integrante del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) explicó a ANSOL el problema concreto para las entidades: «El Certificado MiPyME se gestiona a través de la AFIP y se renueva anualmente. Desde el 15 de mayo todas las cooperativas que tienen que renovarlo o tramitarlo por primera vez, no solo deberán cumplir con los requisitos de ventas, número de trabajadores, activos, sino que además todos sus asociados van a tener que tramitar el certificado y hasta que no lo tengan todos, no van a poder acceder a los beneficios«.

Para Juaiek, que además es asesora contable de organizaciones de la Economía Social, «frente a un contexto socioeconómico muy complejo y la crisis, los trabajadores tienen menos tiempo de abocarse a las cuestiones administrativas, por lo que muchas cooperativas están perdiendo el Certificado MiPyme«.

Consultada sobre las consecuencias de esto, la integrante del CESO enumeró: «La pérdida de beneficios impositivos, como el diferimiento del pago del IVA que da aire financiero o la exención de la comisión bancaria por depósito de efectivo, y además quedarían afuera del acceso a programas y subsidios vinculados al Certificado MiPyme, y realmente esto afecta mucho a las cooperativas, que se quedan sin ningún beneficio fiscal».

Desde la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE) difundieron el instructivo para hacerlo de manera fácil y sencilla. Allí detallaron que para poder hacer el trámite primero hay que ingresar al sitio web oficial de los subsidios.

Luego, remarcaron que es importante que el usuario o asociado a la cooperativa tenga a mano:

• El número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en tu factura de energía eléctrica y gas natural por red. Fijate dónde encontrar los números.
• El último ejemplar de tu DNI.
• El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.
• Los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años.
• Una dirección de correo electrónico.

Una aclaración importante es que tienen que inscribirse todas las personas, incluyendo las que perciben una jubilación, pensión y/o son beneficiarias de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo, Progresar y Potenciar Trabajo.

El objetivo del Gobierno con esta medida es reducir lo más que se pueda el gasto del Estado, por lo que casi dos millones de usuarios residenciales deberán reinscribirse en el padrón.

Vale recordar que los hogares se encuentran divididos en tres categorías en base a los niveles de ingresos que perciben según la segmentación de subsidios vigente desde 2022: Altos ingresos (N1), Ingresos bajos (N2), Ingresos Medios (N3).

Según los últimos datos oficiales, los N1 son 5,3 millones, los N2 son 8 millones y los N3 son 2,7 millones. El objetivo está centrado en cruzar los datos para hacer una depuración mayor en los N2.

Por último, es importante destacar que quienes no cumplan con el trámite serán catalogados como N1 y, por tanto, perderán el subsidio a la electricidad.

Para comenzar con la inscripción al RASE hay que ingresar acá: https://subsidios-energia.argentina.gob.ar/